García Linera acusó a la Central Obrera Boliviana (COB) de haber lanzado “la huelga indefinida para paralizar el aparato productivo y que se caiga el gobierno”.

A juicio del funcionario, fue “una aventura política mal planificada, que fracasó”, y que atribuyó a “la clase media estatal” que, a su entender, se apropió de la conducción de la central obrera, a la que pidió “hacer una reflexión profunda” de su rol político.

El vicepresidente acusó también a los empresarios mineros de “alentar a sus trabajadores” para que marcharan a La Paz a “enfrentar al gobierno” y a “algunos dirigentes” sindicales de haberse reunido con políticos de oposición.

Según el gobernante, los 12 días de protestas en La Paz y otras ciudades del país marcaron “la confrontación de dos grandes bloques, los restauradores de la derecha y los revolucionarios de izquierda”.

El aumento de salarios que decretó el gobierno como parte del acuerdo para acabar con las protestas alcanza a los maestros y trabajadores de la salud (12%) y a policías y militares (10%).