“Hace un tiempo un comisario retirado, Benito Almada, me dijo que tenía datos de Romié y de Beto Mesa”, declaró la semana pasada Alberto Silva, durante su exposición como testigo (y víctima) de la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en Junín. Ayer, el ex bonaerense, declaró por pedido de la fiscalía y responsabilizó al agente judicial José Luis Camarro de participar de los secuestros de dos de los desaparecidos juninenses durante la dictadura cívico-militar. De esta manera, la situación del chofer del fiscal general se complica aún más.

El fiscal federal Hernán Schapiro decidió ayer, tras el testimonio de Almada, pedirle al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y César Álvarez, enviar a la Fiscalía Federal de Junín, a cargo de Eduardo Varas, las declaraciones de aquellos testigos que hayan nombrado durante las audiencias a personas que no estaban entre los imputados, entre ellos el propio Camarro, además de Luciano Guazzaroni, los hermanos Checchi y varios más.

Almada declaró ayer que se encontró con Camarro en la puerta de su casa, cuando este último había ido a buscar a su novia. El excomisario se encontraba en Junín para pasar las fiestas, ya que prestaba servicio en la localidad de Lima. “Él se ufanaba de haber participado en la detención de dos subversivos”, expresó

Según sus dichos, Camarro le habría dicho que participó de los secuestros de Adrián Romié y de Gilberto “Beto” Mesa, quienes aún están desaparecidos.

Camarro también le reveló a Almada que había secuestrado a Romié en inmediaciones del teatro La Ranchería, versión que coincide con la brindada por los compañeros de trabajo del secuestrado, quienes iban en el taxi con él cuando un grupo de tareas les cruzó un vehículo, y bajó al joven a la rastra, lo encapuchó y se lo llevó.

“Lo sacó de un taxi, una semana antes de nuestro encuentro, en inmediaciones de Coronel Suárez y Saavedra. La comisión policial estaba integrada, según sus dichos, por el oficial inspector Mainsterra, que era el jefe de servicio de calle. También un oficial de apellido Vega, de Los Toldos, y era el chofer un allegado al Coronel del regimiento (Camblor), de apellido Balmaceda”, señaló el excomisario.

El Punto 1: el predio de la Sociedad Rural

Almada contó que Camarro le dijo que cuando lo estaban llevando al regimiento, por radio les ordenaron dirigirse al Punto 1, “que era el terreno de la Sociedad Rural de Junín, camino al balneario. Ahí ingresan, donde había otras personas armadas esperando y dejaron al detenido”, aseguró el testigo.

Además de colocar a Camarro en el secuestro de Romié y posteriormente en el de Mesa, Almada también dio precisiones sobre el uso de la Sociedad Rural como punto de traslado de detenidos, abriendo el interrogante de si ese espacio no se habrá usado, además, para torturar detenidos.

Por otro lado, manifestó que detrás del predio del ejército hay una quinta, propiedad de una persona de apellido Bocassio, que también era utilizada de manera similar.

“Desde allí (la Rural) volvió al regimiento, de donde lo asignan al operativo de detención del actor Mesa, junto con un oficial de la Unidad Regional de apellido Carnevale; además me contó que los otros integrantes de la patota eran un oficial de Chivilcoy, Beatrice; un oficial militar Obreña, y Roberto Leone, de Junín”, aseguró.

Asimismo, dijo que a Mesa lo llevaron a esta quinta ubicada detrás del regimiento, para evitar que los conscriptos observaran movimientos extraños.

Almada informó que había enviado cartas al vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto y a la procuradora Falbo, en el año 2012, denunciando la participación de Camarro dentro del Poder Judicial.

“Logra mimetizarse en el Poder Judicial de Junín y pasa a ser un dependiente del ex fiscal general Elio Lago, que le dio una cobertura para escapar de la vista de la gente. Hasta hace pocos días era chofer del fiscal general, que no debería ser ajeno a su pasado”, explicó.

Ante la pregunta del juez Roszansky sobre si había denunciado la situación, visto que como funcionario público tenía la obligación de hacerlo, Almada se excusó por las dificultades de esa época, aunque no explicó por qué no lo hizo con el advenimiento de la democracia. Ante esto, fue invitado a no declarar más porque comenzaba a ser un testimonio autoincriminatorio.

Almada quiso, en algún pasaje de su declaración, sacar del medio a alguno de los imputados, en especial al ex comisario Bracken, pero no pudo.

El secuestro que salvó a 13

Benito de Miguel fue el último secuestrado en la noche negra del arte juninense. El 24 de enero a la madrugada los grupos de tareas que operaban en la ciudad detuvo de manera ilegal a 13 personas, todas relacionadas de alguna manera a la Coordinadora de Arte (COART).

De Miguel fue secuestrado ese día por la tarde, después de recorrer distintos puntos centrales de la ciudad, buscando respuestas. Muchos de los secuestrados eran amigos y miembros del MID, partido del que era dirigente a nivel provincial.

Ayer, el testigo prestó su declaración a través de una videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura: “voy a la municipalidad y le expongo la situación a Juan José Itoiz, un gran amigo, quien me dijo que iba a ver qué podía hacer. A los pocos días renunció a su cargo. Fui al Banco Junín y al bar de tribunales, viendo qué se podía hacer”.

Recorrió todos los puntos neurálgicos de la ciudad, tratando de buscar una solución. Después de almorzar se dirigió al Club Social junto a su hijo de cinco años. De ahí fue a lo de su hermano José Luis, que estaba de vacaciones (también declaró ayer).

“Cuando volvía a la casa de mis suegros por calle Alsina, entre Lavalle y Alberdi, me cruzan un auto por delante y otro por detrás. Me sacan y me suben a uno de esos vehículos. Mientras uno de los secuestradores se pone al volante de mi auto y se lleva a mi hijo hacía la comisaría”, dijo.

De Miguel fue trasladado a la UP 13, donde se encontraban los otros secuestrados. “No tenia capucha, cuando me bajan veo en el lugar a mucha gente, personal del ejército, policías y civiles. Me ponen en una celda individual, donde me empezó a visitar personal policial para tomarme los datos. No sabían quién era, ellos no me tenían en los planes. Solo mi movimiento aquella mañana hizo que me detuvieran”, contó.

Su secuestro permitió que el caso trascienda a nivel nacional, ya que De Miguel era muy cercano al ex presidente Arturo Frondizi y gerente de Racing Club. “No me arrepiento de haber hecho eso, porque permitió que trascienda a nivel nacional y no quede solo en la Subzona 13”, dijo ayer.

Tras enterarse de lo sucedió, a través del hermano de De Miguel, Frondizi comenzó a moverse. Habló con Guillermo Suárez Mason, responsable del Primer Cuerpo del Ejército, que tenía bajo su mando la Subzona 13.

Tras eso y el envío de militares para que investiguen lo que había pasado, el operativo ideado por Gómez Pola y Pena se derrumbó. Se ensayó un comunicado sobre una supuesta célula terrorista, que terminó cayéndose de inmediato. De todos modos, las torturas, los tormentos psicológicos y el mal ya estaban hechos.

La conexión con

‘Saint Amant II’

Ayer, con el testimonio de José María Budassi, se logró una conexión con el proceso judicial que se está llevando adelante en las ciudades de Pergamino, San Nicolás y San Pedro, conocido como la causa “Saint Amant II”, en el que también está imputado Edgardo Mastrandrea.

Budassi fue quien en 2007 vio a Mastrandrea en un programa de televisión, cuando el excomisario era una figurita mediática, y lo reconoció como uno de sus secuestradores y torturadores.

Budassi, que cuando fue secuestrado tenía sólo 19 años, prestó declaración ante el tribunal, antes de hacerlo en la causa que se lleva adelante en el otro juicio. Dijo que en San Nicolás estuvo en tres centros clandestinos de detención, junto a su compañero Horacio Martínez.

Su secuestro se produjo el 4 de mayo de 1977. En esa época formaba parte de un grupo de alumnos del colegio Don Bosco que militaban socialmente.

El secuestro de Budassi fue, además, un armado maquiavélico. Después de pasar días en su ciudad, lo trasladaron en el baúl de un auto hasta un viejo Rambler, al que lo obligaron a subir para conducirlo. A su lado sentaron a su compañero.

Viajaron un tramo, vigilados de cerca, hasta que se toparon con un control militar. Revisaron el auto y en el baúl encontraron armas, un plano de los cuarteles de Junín, granadas y panfletos.

Inmediatamente fueron trasladados a Junín, donde fueron recibidos por Mastrandrea, quien los interrogó. Pasaron un mes en los calabozos de la Comisaría Primera. “Sé que a los compañeros los sometieron con tormentos en la Comisaría Primera”, declaró ayer.

“Un día vino un subcomisario y me pregunto quién era, le dije mi apellido y me dijo, ‘ah, usted es uno por los que pedía Ponce de León (Obispo de San Nicolás)’. Tres días después de que me llevan a la cárcel, Ponce de León muere en un accidente automovilístico. Ahora se está investigando si no fue un caso similar al de monseñor Enrique Angelelli”, dijo Budassi, y agregó: “una vez blanqueados permanecimos detenidos 5 años y medio, salimos en libertad en la Navidad de 1982”.