El Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano recibió en las últimas horas pedidos para beneficiar con el 2x1 en el cómputo de las penas a 42 condenados por delitos de lesa humanidad en juicios celebrados en la provincia.

Las presentaciones se suman a la que habían efectuado los abogados Facundo Maggio (ya dejó la defensa) y Luis Velasco por el represor Carlos Trucco. Ayer se cumplió el plazo para que las partes acusadoras respondieran al requerimiento. La Fiscalía y querellas, entre ellas las de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se expresaron en contra de la aplicación del criterio del fallo de la Corte Suprema.

Se espera que el TOF defina mañana la situación del ex militar condenado en la megacausa Arsenales II-Jefatura II (2013) y marque la postura para el resto de los casos. Sucede que ese día estará en la provincia para la audiencia del juicio Operativo Independencia el juez catamarqueño Juan Carlos Reynaga y quedará completo el Tribunal, que integran Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla.

El secretario para causas de derechos humanos del TOF, Mariano García Zavalía, explicó que las presentaciones se concretaron por los casos Jefatura I, Arsenales II-Jefatura II, De Benedetti, Toledo de Ygel y Emma del Valle Aguirre. Muchos de los imputados se repiten en otros casos.

Los abogados defensores oficiales Adolfo Bertini, Vanessa Lucero y Martín Galliano concretaron los planteos que alcanzan a los represores multicondenados como el ex jefe del Tercer cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y el responsable policial del centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía, Roberto “El Tuerto” Albornoz.

El fiscal federal N°2 , Pablo Camuña, pidió ayer al TOF que rechace el pedido de excarcelación de Trucco. Consideró que la situación ya fue resuelta -y se encuentra firme- porque los defensores del condenado habían formulado el mismo planteo en 2015 y había sido desestimado por el Tribunal y luego, en Casación. En paralelo, Camuña requirió que se declare la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad. Consignó en el escrito que si se fallara a favor del imputado, se “vulneraría el principio de proporcionalidad e implicaría una conmutación encubierta de penas decidida por un órgano judicial que por sus efectos traería aparejada una situación de impunidad en causas por graves violaciones a derechos humanos”.

Inadmisible

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se opuso también al pedido de aplicación del beneficio. Consideró inadmisible la solicitud por la “desproporcionalidad en la aplicación de la pena violando garantías constitucionales, además de que no se puede pretender la aplicación de la ley penal más benigna, dado que era una norma que no se encontraba vigente al momento que el imputado se encontraba privado de su libertad”.

Advirtió, por último, que por la normativa internacional incorporada a la Constitución no podrían gozar del beneficio los imputados por delitos de lesa humanidad. Trucco había sido detenido en septiembre de 2010 y fue condenado en 2013 a 14 años de prisión al ser considerado autor de los delitos de asociación ilícita (material); violación de domicilio en cinco oportunidades; privación ilegítima de libertad e imposición de tormentos de siete víctimas (mediato) y privación ilegítima de libertad, imposición de tormentos y homicidio en dos oportunidades (partícipe secundario).

marchacontra el fallo de la corte suprema

Organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, estudiantiles gremiales y sociales se manifestarán hoy en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como “2x1”. La concentración se realizará a las 19.30 en la plaza Yrigoyen y se marchará hasta la plaza Independencia. En el documento de convocatoria, los organismos calificaron como “vergonzosa” la decisión. Consideraron que se trata de un retroceso en la “reparación y la búsqueda de justicia” por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. “En un acto de desconocimiento y subestimación de lo que significan los delitos de lesa humanidad y el genocidio”, concluyeron.

¿Puede un fiscal federal de primera instancia investigar la conducta de tres ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como pretende Guillermo Marijuan respecto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton?

La respuesta es sí, gracias a la reforma legal de 2000 que recortó drásticamente las prerrogativas judiciales de los funcionarios públicos nacionales. Esta norma (N° 25.320) establece que no hace falta solicitar el desafuero o juicio político respecto de los denunciados mientras se desarrolla la pesquisa y hasta su conclusión. “El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero, en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla, el tribunal competente deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político (...) Lo mismo sucederá si considera que las pruebas justifican la medida”, dispone la normativa.

La inmunidad de los funcionarios públicos nacionales fue limitada a propósito del escándalo de los sobornos del Senado. En esa situación, la ya por esa época diputada Elisa Carrió (hoy socia de Cambiemos) propuso aquella solución para evitar que la Justicia quedara a expensas de la voluntad de desaforar a los 11 senadores implicados en el caso (entre ellos, el justicialista ex gobernador de Tucumán, Ramón “Palito” Ortega). “Tengo la convicción de que esta norma significará un enorme avance para la búsqueda de la justicia y de la verdad porque beneficiará a los honestos, que podrán ir a los Tribunales a probar su inocencia y permitirá que aquellos que sean delincuentes vayan presos”, había dicho Carrió.

Marcha contra el fallo de la Corte Suprema

Organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, estudiantiles gremiales y sociales se manifestarán hoy en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como “2x1”. La concentración se realizará a las 19.30 en la plaza Yrigoyen y se marchará hasta la plaza Independencia.

En el documento de convocatoria, los organismos calificaron como “vergonzosa” la decisión. Consideraron que se trata de un retroceso en la “reparación y la búsqueda de justicia” por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. “En un acto de desconocimiento y subestimación de lo que significan los delitos de lesa humanidad y el genocidio”, concluyeron.