Desde luego, y sin faltar a la verdad, resulta controversial que sea el Estado nacional el que fije un salario mínimo garantizado de 1.740 a partir del 1º de marzo de 2010 y de 1.840 a partir del 1º de julio. Por la sencilla razón de no cuenta con escuelas ni docentes a su cargo. De allí la crítica de algunos gobernadores y la ironía respecto a la negociación con el dinero ajeno. Así las cosas, son los Estados provinciales, cuyas situaciones financieras resultan críticas, los que deben absorber estos acuerdos y recurrir a la creatividad para conseguir los fondos que les permitan hacer frente a tal erogación. Si bien el gobierno nacional prometió, mediante el fondo compensación salarial, ayudar a aquellos distritos más socavados, lo cierto es que, a partir de la experiencia de los últimos años, siempre las ayudas de esa naturaleza terminan siendo insuficientes, afectando las prestaciones básicas y condenando a las diferentes administraciones locales a situaciones de tensión y acidez social.

Pero con las cartas ya sobre la mesa, resulta difícil para cualquier gobernador, sea del color político que desee, escapar de la encrucijada tejida en Buenos Aires. En primer lugar, porque nadie, salvo aquellos de formación neoliberal intransigente como el caso de Mauricio Macri, pueden oponerse a un incremento de los salarios docentes. En segundo lugar, porque está en juego el futuro de corto y mediano de millones de niños y adolescentes que esperan concurrir a clases. En tercer lugar, porque la historia de la educación pública en Argentina hace que sea, siempre, un tema de especial sensibilidad y atención social, mucho más en la antesala de una elección presidencial.

Ahora bien, tampoco resulta una tarea cómoda para el sector gremial, más allá de las distintas expresiones de conformidad emitida por los representantes nacionales. Sucede que en las provincias, un acuerdo de esta naturaleza beneficia principalmente a maestros de jornada simple. ¿Y el resto? ¿Y los otros sectores de la administración pública? Quedan atados de manos, porque los esfuerzos provinciales y nacionales se concentran, básicamente, en cumplir con el monto establecido.

En medio de este escenario, la preocupación sobre el cumplimiento de los 180 días de clases, que figura como punto central en el acta acuerdo firmada en Buenos Aires con bombos y platillos, empieza a desvanecerse, teniendo en cuenta que algunos gremios ya adelantaron que lo acordado será exiguo para iniciar el ciclo lectivo. Entonces, ¿para que sirvió semejante anuncio? Eso implica que los docentes ya están quebrantando su parte y que, como casi siempre sucede, terminarán poniendo en el medio de la situación a padres y alumnos, a pesar de haber firmado un documento que asegura lo contrario. Cómo puede verse, un inicio enrarecido en la discusión, con actores que faltan a su palabra y dinero y propuestas que, en el análisis general, siempre terminan -desde el vamos- siendo insuficientes para apagar tanto fuego de interés y voracidad.

Más de un dirigente empezó a especular, por lo bajo, por las consecuencias que podría tener este año la discusión salarial con los gremios de la administración pública. Se sabe que, en esta instancia de tensión, no son pocos lo que aprovechan para posicionarse y sacar algún rédito político. Lo cierto, y tal como lo marca la experiencia, se sabe que si en este juego de amagues y gambetas se tensa en extremo la cuerda, todos terminan perdiendo: alumnos y padres, dirigentes, funcionarios y políticos. Sea por la complejidad del acuerdo, las tensiones sociales, el disconformismo de las bases, posibles demora en pago de haberes, presiones legislativas, limitaciones financieras o el desgaste cotidiano. Pensar que alguien pueda salir airoso es un error, porque la situación financiera es una sola y el margen de maniobra, escaso.

Por eso, en la previa de la discusión, es momento de buscar acuerdos racionales que no afecten intereses provinciales y el derecho legítimo a estudiar con calidad. De no ser así, será un triste recuerdo en medio del Bicentenario de la Patria.