Los independentistas catalanes anunciaron ayer un principio de acuerdo para investir al presidente Artur Mas y reflotar el proceso de secesión, tras tres meses de negociaciones y justo cuando España enfrenta un escenario de ingobernabilidad tras los resultados de las elecciones generales.

La lista Junts pel Sí (JxS), que venció en los comicios del 27 de septiembre pasado, propuso a los también secesionistas de CUP (Candidatura d' Unitat Popular) una presidencia de transición formada por cuatro personas, Mas y otros tres presidentes en comisiones delegadas, según adelanta la prensa local.

El acuerdo deberá ser ratificado este domingo en asamblea por las bases de la CUP, que hasta ahora se opusieron mayoritariamente a apoyar la investidura de Mas, por considerar que su imagen está ligada a los recortes de los últimos años y a los escándalos de corrupción de su partido, Convergencia Democrática de Cataluña.

“La propuesta no es investir un presidente, sino crear una presidencia de transición, diferente a una presidencia autonómica", explicó Raül Romeva, quien encabezó la lista de JxS.

De ratificarse el preacuerdo, los independentistas lograrían superar el primer bloqueo en el que se instaló el proceso de secesión. Si la CUP se opone y pasado el 9 de enero no se logra formar gobierno, se deberían convocar a nuevas elecciones que pondrían un freno a los planes secesionistas de las dos fuerzas principales de la región. En cambio, si hay acuerdo, antes de fin de año podrían nombrar presidente a Mas, quien debería formar gobierno para desplegar un plan que lleve a la declaración de la independencia en un plazo de 18 meses.

No obstante, también tendrán que resolver de qué manera afrontarán el veto del Tribunal Constitucional a la resolución del parlamento catalán con la que pretendieron poner en marcha su "hoja de ruta" hacia la constitución de un Estado catalán en forma de república.

El actual gobierno de Mas ya aseguró que seguirían adelante con el proceso y que la investidura sería el mejor mensaje que podían dar en ese sentido.

El acuerdo del bloque secesionista, de confirmarse, llega en un momento clave para España, que acaba de pasar por las urnas y se encuentra ante un panorama político de ingobernabilidad, con el presidente conservador Mariano Rajoy, que resultó vencedor, sin posibilidades de obtener apoyos para la reelección.

El conflicto catalán se sitúa en el centro de las negociaciones políticas, puesto que la posibilidad de un gobierno alternativo de izquierda, que podría liderar el socialista Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos -tercera fuerza-, topa con la condición que planteó el líder de la nueva fuerza de izquierda, Pablo Iglesias, de celebrar un referéndum en Cataluña.

En las elecciones generales del domingo pasado, Democràcia i Llibertat, la fórmula con la que se presentó Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Mas, perdió la mitad de los escaños (ocho) que había logrado en 2011. Un retroceso contundente, ya que en aquellos comicios, con el proceso independentista en fase de gestación y de la mano de su socio histórico, la Unió Democrática de Catalunya (UDC), que como ya le ocurrió en las autonómicas volvió a quedarse sin representación.

CDC registró el peor resultado en unas elecciones en toda su historia, nunca había sido cuarta.

El presidente de la Generalitat en funciones, señaló tras los resultados electorales que su partido es "pieza clave para el proceso soberanista y despiadadamente atacado por los poderes del estado".

Contra los símbolos franquistas

La alcaldía de Madrid aprobó el retiro inmediato de cinco placas y monolitos que honran a personales relacionados con la dictadura franquista y cambiar en el plazo de seis meses el nombre de una treintena de calles o plazas.

La decisión afectará a topónimos con nombre de militares del franquismo, el título del batallón español que luchó junto al ejército nazi o lemas de la dictadura, entre otros, que serán sustituidos por acontecimientos relevantes de la ciudad o personas cuyo trabajo haya contribuido o haya sido significativo para la historia de la capital.

La modificación fue aprobada ayer por las autoridades locales con los votos de Ahora Madrid, coalición formada por movimientos ciudadanos y que gobierna la ciudad, el socialista PSOE -partido que presentó la iniciativa-, y Ciudadanos (centrista liberal).

Se opuso el derechista Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy, que solicitó que se aceptara una enmienda para que la medida respete la Ley de Memoria Histórica en lo que concierne al espíritu de reconciliación que presidió la Transición.

Las modificaciones fueron elegidas a propuesta del Departamento de memoria histórica de la Universidad Complutense de Madrid, explicó la responsable local de Cultura y Deportes, Celia Mayer, quien señaló que "no hay margen de duda" de que (los nombres) honran a "incitadores del golpe de Estado o ejecutores de delitos de lesa humanidad". El municipio diseñará un Plan Integral de Memoria en colaboración con entidades y expertos.