Los trabajadores cesanteados por el cierre de la confitería Richmond acordaron anoche las indemnizaciones con los nuevos dueños, pero aún no había decisión final sobre el futuro del local.
El documento fue elaborado en la Secretaría de Trabajo de la Nación, ante el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, tras la convocatoria formulada anoche por la Dirección de Relaciones Laborales de esa cartera.
Fuentes ministeriales informaron a Télam que ambas partes acordaron el pago de los salarios de agosto y las indemnizaciones de ley, que se depositarán mañana en la cuenta de cada uno de los 40 trabajadores en el Banco Nación, con un total global de entre 600 y 800 mil pesos.
También se acordó que cuando los trabajadores firmen el recibo de la indemnización estará acompañados de un abogado del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, para evitar que sean obligados a firmar documentación en la que renuncien a sus derechos.
La situación en la Richmond salió a la luz la semana pasada, cuando comenzaron movimientos en el local y rumores que advertían sobre su cierre y hasta la posible demolición tras la venta, lo que llevó a la Legislatura porteña a declararla por unanimidad Patrimonio Cultural.
La histórica confitería ya se encontraba al amparo de la ley 37 de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual quedó inscripta en el registro de "Bares Notables".
La declaración de Patrimonio Cultural, que una vez reglamentada impediría modificaciones sustanciales en la arquitectura y el rubro comercial, no impedía el cierre, lo que se concretó durante el fin de semana último, ya que el lunes el local amaneció cerrado y con sus vidrieras blanqueadas.
Ese día empezaron los trámites legales en torno a las cesantías e indemnizaciones, pero ayer los empleados decidieron tomar las instalaciones de ese Bar Notable, en reclamo de los pagos inmediatos, hasta que a la noche llegó la convocatoria urgente al encuentro de hoy en el Ministerio de Trabajo.
Si bien Ribera consideró esta tarde que con el acuerdo monetario "esto ya se cerró, la Richmond no existe más", otros sectores apuntan aún a preservar sus existencia como tal.
En ese sentido, Lombardi aclaró a Télam que "nos importa mucho la parte del patrimonio. La Richmond, como tantos otros lugares de Buenos Aires, es no sólo un patrimonio arquitectónico sino también como patrimonio intangible. Es un lugar de tertulias, del Grupo Martín Fierro".
"Buenos Aires es mucho más rica y los ciudadanos nos enriquecemos con lugares vivos y abiertos. Lo que nosotros tenemos que hacer, y es nuestra apuesta, es hacer la puesta más inteligente que se puede hacer, como se hizo en Las Violetas, en el Café Británico o en el Café de Los Angelitos, es una apuesta sustentable", añadió.
La intención del ministro es "que en el largo plazo haya entusiasmo, por un lado en los inversores para que hagan un buen negocio, y está muy bien, y por otra parte en los ciudadanos para que puedan invadir esos locales".
El funcionario porteño explicó que "no alcanza solamente con tomar conciencia, lo importante es que nosotros como ciudadanos invadamos y nos enriquezcamos con las experiencias culturales que dan estos locales.
Además comentó que "hoy tuvimos dos reuniones de ese tipo en el sentido de acercar posiciones y sobre todo hacer tomar conciencia a los que compran, a los que venden, o a los supuestos que compran y supuestos que venden, sobre la importancia y el bien público que se encierra ahí".
Para Lombardi, las "dos grandes herramientas" que se dispone para ese fin son la acción legislativa y asegurar un uso sustentable del local.
Mediante "la mecánica legislativa podes permitir un uso comercial, prohibir un uso, pero lo que nunca vas a poder hacer es obligar a un uso", explicó y advirtió que "el riesgo que corrés usando solamente esa herramienta es que los propietarios cierren, y el bien entraría en deterioro. Entonces también es necesario buscar un acuerdo sobre la sustentabilidad del patrimonio".
Por otra parte, la titular de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, Mónica Capano, sostuvo que esa cartera es la única autoridad para autorizar o bloquear cambios en el uso comercial del inmueble, más allá de las leyes que lo protejan.
La funcionaria dijo a Télam que el artículo 13 de la ley 1227, de preservación de patrimonio porteño, contempla que los espacios o bienes como la Richmond "no podrán ser enajenados, transferidos, modificados o destruidos en todo o en parte sin la previa intervención del Ministerio de Cultura".
Capano aseguró que el caso de la Richmond es "extremadamente complejo" y hasta podría llegar a "dirimirse ante la Justicia".
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