Mientras Elisa Carrió hacía sus maletas para pasar fin de año semi­clandestina en Punta del Este (ofi­cialmente anunció a la Coalición Cí­vica que comenzará sus vacaciones el 4 de enero, pero en Mar del Pla­ta), su delegado personal, el diputa­do Adrián Pérez, se reunía el martes 28 (Día de los Santos Inocentes) con el bloque partidario en la Legislatu­ra horas antes de que, con apoyo de los cívicos, Mauricio Macri logra­ra prorrogar la vigencia del impues­to a los ingresos brutos, y con ello se garantizara 1.300 millones de pe­sos más aún cuando el Presupuesto 2011 no fuera aprobado.

¿Qué artilugio fue el que le per­mitió esta vez a la CCdoblarse y no romperse? El acuerdo labrado con los hombres del PRO no está lejos de un toma y daca clásico, y allí fue el bueno de Pérez a sosegar a su tropa, escandalizada, pero, como se verá, bien disciplinada.

A cambio de darle al gobier­no de la ciudad dos herramientas básicas para la administración (la Ley Tarifaria y la modificación del Código Fiscal), los cívicos obtuvie­ron la promesa de que una abo­gada de la Coalición ingresaría en la Magistratura; la magra amplia­ción en cien millones de pesos de los recursos destinados por el Pre­supuesto a la vivienda social (IVC); y la reducción en 0,25 puntos (so­bre 4) de la alícuota aplicada al cobro de Ingresos Brutos.

Ayudaron con su voto los le­gisladores Mónica Lubertino y Raúl Fernández. Ahora bien: res­pecto de la errática conducta de los fundamentalistas de la de­cencia política, como son los cívi­cos de Lilita, cabe decir que, ante todo, no los une el amor sino el antikirchnerismo, esa es la causa eficiente.

El tratamiento general del Pre­supuesto pasó para el 21 de fe­brero y nada hace suponer que la chicana PRO de anticipar las elec­ciones a marzo (dada la ausencia de la ley administrativa fundamen­tal) se cumpla. Ni que el aumen­to del 30 por ciento del ABL so­bre 1,3 millones de viviendas, como quería el macrismo, llegue a buen puerto. Nadie en la oposi­ción quiere quedar pegado a este nuevo tarifazo, sobre todo cuan­do es el eje central de una amplia­ción presupuestaria que en prin­cipio aparece como incongruente. "¿Para qué aumentar el ABL si el presupuesto 2010 está subejecu­tado?", se preguntan en la Legis­latura. Y efectivamente, en áreas sensibles del gasto social (educa­ción, salud y asistencia) los recur­sos destinados por ley el año pa­sado restan aplicarse en un 40 por ciento promedio. Otro ejem­plo más de que la tan endiosada capacidad de gestión del PRO es apenas un mito autoprodigado.