El fiscal de Estado subrogante, Edgardo Aguirre Hayes, dijo ayer que “no avanzan” las acciones de inconstitucionalidad contra los jueces del Superior Tribunal de Justicia Rolando Toledo, Ramón Ávalos y Ricardo Franco, que fueron presentadas el 28 de junio y el 13 julio, respectivamente.
Como el representante del Estado provincial recusó a los otros dos magistrados integrantes del cuerpo y se debió haber remitido la causa para que acepten o no el trámite que “parece hacerse en cámara lenta, muy lenta”, esto aunque Toledo manifestó que aspiraba a que esto se resuelva en forma “urgente”.
Aguirre Hayes sostiene que “una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen, pese a que ellos no pueden tener intervención, salvo admitir o no las recusaciones” y de alguna manera entiende que “podrían estar interfiriendo con las actuaciones, especulando con que las mismas se dilaten lo más posible”.
Paso de caracol
“Esto es algo que debiera tramitarse con mucha rapidez, porque lo que está en juego es beneficio de todos que es la integración de tres miembros sobre cinco del Superior Tribunal de Justicia. Esto tiene una gravedad institucional terrible, va a paso de caracol y urge que se resuelva a la mayor brevedad”, remarcó el fiscal de Estado subrogante.
Sin embargo no es así. La primera señal en ese sentido la percibió cuando el Superior Tribunal de Justicia le exigió los aportes a Caja Forense. “Ahí me paralizaron la causa, cuando técnica y legalmente eso no era posible. Ni la Tasa de Justicia ni el aporte a Caja Forense son obstáculos o impedimentos para que el expediente avance”.
Además apuntó que, entonces, la actual integración del Superior Tribunal de Justicia “no la podía resolver nadie, pero sin embargo lo hicieron” y estimó que ahora “sucede lo mismo: están demorando algo que debiera marchar muy rápido en beneficio de todos”.
El abogado representante del Estado provincial no vio ninguna contestación en el expediente. ¿En el expediente no consta que se notificó ninguno de los jueces? se le preguntó. “No he visto ninguna notificación”, afirmó y sostuvo que “esto debió haberse resuelto con mucha rapidez porque las recusaciones son cuestiones fáciles, no son complejas”.
“Si por cada paso me demoran tanto, tal vez especulan que termine el gobierno de Capitanich y que venga otra gestión. Es un absurdo porque esté el gobierno que esté el caso debe tener una resolución jurídica”, añadió. La última “novedad” o “incidente” procesal en el expediente data del 5 de agosto, indicó.
Según dijo que ese último paso fue “pase los autos al subrogante legal, y ahí quedó todo. No sé ni quién es el subrogante. No me notificaron nada, cuando se debió haber dispuesto que el expediente circule en forma urgente. Hay tres jueces involucrados y dos recusados”.



Comentá la nota