Alderete dijo que la información ya está disponible en “todos los medios tecnológicos”, mientras que Julio Frías sostuvo que la aplicación de esta norma ha sido un “atraso” en el Estado porque hubo que destinar personal para que busque la información solicitada por los ciudadanos.

Las polémicas expresiones se escucharon en la última sesión de la Legislatura, al plantear el bloque justicialista la pretensión de aumentar a 150 pesos el valor de la tasa que se le cobra a cualquier ciudadano para acceder a información del Estado que le niegan los funcionarios. El proyecto del Poder Ejecutivo hablaba de 15 pesos pero el diputado Eduardo Alderete, sin entrar en explicaciones, pidió que la cifra se llevara a 150 pesos.

El “sincericidio” sobrevino luego que el radical Jorge Rizzotti rechazara la propuesta del oficialismo afirmando que al acceso a la información pública “no se le puede poner una tasa” y que en todo caso, el pago debiera ser simbólico y de un peso.

Alderete contestó rechazando la objeción de Rizzotti: “la publicidad y libre acceso a la información está en todos los medios tecnológicos para que el ciudadano (los) alcance”, dijo y agregó que también se puede solicitarla en la Secretaría General de la Gobernación, donde –aseguró- se han hecho pedidos de información “a veces con intereses espurios”.

En la discusión entró a tallar Jorge Noceti (PJ), quien momentos antes le había reprochado las polémicas expresiones a su compañero Alderete. “En la Ley 4444 está establecido que se debe satisfacer una tasa”, recordó Noceti, en un intento por llevar el debate hacia otra dirección.

El radical Pablo Baca aclaró que lo que estaba en discusión no era la Ley 4444 sino el valor de la tasa y remarcó que el incremento de 150 pesos “es una actitud orientada a evitar que se acceda a la información del Estado” y un acto que “compromete principios constitucionales”. También definió que la información “es de la comunidad”, un derecho de ella, y destacó que el sistema republicano “exige la transparencia de los actos de gobierno”. Dar curso a la propuesta del PJ –afirmó luego- “sería opacar todavía más el funcionamiento del Estado, es contribuir a la cultura según la cual la información pertenece a los funcionarios y no al pueblo; alienta la cultura del secreto por parte de los funcionarios”. Como parlamento “deberíamos propender a que todos los funcionarios faciliten información cuando se les solicite; acá estamos generando un obstáculo”, advirtió.

Julio Frías (PJ) hizo su aporte al “sincericidio” recordando que en sus tiempos de secretario general de la Gobernación pudo ver que la aplicación de la Ley 4444 “trajo un atraso terrible” ya que hubo que poner personal para que busque la información solicitada por los ciudadanos. El legislador también explicó que la propia ley habilita la posibilidad de plantear un amparo si el funcionario incumple con la obligación de informar y estimó que la creación de la tasa estuvo motivada en la intención de evitarle gastos al Estado.

Una desinteligencia con el vicegobernador Guillermo Jenefes en el tratamiento en particular, hizo naufragar el intento de llevar la tasa de acceso a la información a los 150 pesos que quería la bancada justicialista. El valor quedó en los 15 pesos que solicitada el proyecto oficial y se incluye una excepción: “los trabajadores de los medios masivos de comunicación que acrediten su condición de periodistas y actúen en ejercicio de dicha profesión”.