Los investigadores del fuero local expresaron así su crítica al plan alperovichista que pretende que el fuero penal local se haga cargo de las causas de narcotráfico a menor escala. Los fiscales argumentaron que no están “en condiciones de aumentar su competencia, por falta de personal y de recursos suficientes”.

“Actualmente el sistema se encuentra colapsado y sobrecargado de causas que puede procesar, por lo que un eventual aumento de competencia en el orden señalado agravaría aún más la situación poniendo el sistema en crisis. En 2013, el Centro Judicial Capital ha registrado el ingreso de aproximadamente 61.000 nuevas causas, lo que significa un incremento del 28% con relación al año anterior, situación que se replica en los centros judiciales de Concepción y de Monteros”, expresaron.

El texto fue elaborado el martes pasado a la tarde, en la sede del Ministerio Público Fiscal ubicada en los Tribunales de avenida Sarmiento al 400.

Como De Mitri está de licencia por enfermedad (se reincorporaría hoy), la reunión estuvo a cargo del ministro fiscal subrogante, Carlos Sale.

El encuentro se extendió durante dos horas, y participaron los fiscales Carlos Albaca, Adriana Reinoso Cuello, Washington Navarro Dávila, Arnoldo Suasnábar, Adriana Gianonni y Diego López Ávila (de la Capital); Fabián Rojas, Jorge Echayde y Edgardo Sánchez (de Concepción), y Jorge Carrasco y Mónica García de Targa (de Monteros).

El déficit policial

La intención de la Casa de Gobierno es implementar un programa llamado “Noche segura”, que prevé -entre otras medidas- la adhesión a la ley nacional N° 26.052, que habilita a las provincias a tomar las investigaciones sobre comercialización de estupefacientes a menor escala. Estas causas, en el esquema vigente, están a cargo de las oficinas locales de la Justicia Federal.

Una copia del escrito de los fiscales fue elevada al presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur. Allí, especifican que “no resulta conveniente la separación” de la pesquisa en “delitos menores” por un lado y, por otro, la producción y distribución en mayor cantidad. “Ambos son eslabones de la misma cadena delictiva, que debe ser abordada por un mismo órgano investigativo; (...) atento a las circunstancias, corresponde que continúe siendo competente la Justicia federal”, aseveraron.

Los fiscales recordaron además que una comisión especial, con integrantes de los tres poderes del Estado y de otros estamentos, está trabajando en la reforma del Código Procesal Penal de Tucumán. “Una eventual ampliación de competencia deviene inoportuna, y, sin dudas, implicará un retroceso y entorpecimiento en dicha misión”, explicaron.

Apuntaron luego contra la situación de la fuerza de seguridad provincial. “La Policía tampoco cuenta con la preparación, recursos y el equipamiento necesario para abocarse a la investigación de los delitos referidos”, detallaron. Y recordaron que el servicio penitenciario local tampoco podría contener la cifra de reclusos que pasarían a su órbita, y que los fiscales estimaron en un 20% extra. “No debe perderse de vista que en el ámbito de la provincia es escasa la infraestructura dedicada al tratamiento y recuperación de las personas que sufren adicción a los estupefacientes”, agregaron.

El Gobierno pretende aplicar la norma mediante una comisión

Pese a todos los peros, avanza el proyecto de adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes que habilitará a la investigación de la venta de drogas al por menor en la Justicia local. El texto redactado por el Gobierno de José Alperovich incluye la conformación de una comisión encargada de dar seguimiento y ejecución a la transferencia de competencia (hoy en manos de la Justicia Federal), y la decisión de que la jurisdicción comience a operar desde el 1 de agosto próximo.

El proyecto de norma de adhesión, que la Legislatura podría tratar la semana próxima, prevé un comité integrado por un miembro de cada uno de los poderes del Estado. Además, consigna el deber de gestionar los fondos que corresponden a las provincias adheridas a la Ley Nacional de Estupefacientes. El monto es una incógnita puesto que la norma que establece la transferencia de recursos no indica un parámetro objetivo concreto. El artículo 4 de la Ley 26.502 se limita a mencionar “un sistema de transferencias proporcionales” a los créditos presupuestarios de la Administración Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial nacionales correspondientes a las fuerzas de seguridad, el servicio penitenciario y la prestación de justicia.

Cita de tres

Estas ideas fueron comentadas ayer en la reunión que mantuvieron Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán; el legislador ultraoficialista Marcelo Caponio y Carolina Vargas Aignasse, secretaria general de la Gobernación. En la conversación, que tuvo lugar en el despacho de la funcionaria, habría sido planteada la necesidad de coordinar la iniciativa de la adhesión con el trabajo encargado a la comisión especial para la reforma procesal penal que preside Caponio. Este comité creado en el ámbito de la Legislatura se reúne desde agosto, y está integrado por miembros de los tres poderes y de la abogacía.

“Hemos venido a pedir información”, dijo Estofán luego a Radio Universidad. “El Poder Judicial entiende que debe colaborar en este tema, pero hace falta infraestructura humana y edilicia. Tengo algunas inquietudes personales para arrimar, que no puedo explicar porque integro un cuerpo colegiado”, añadió.

Caponio expresó que abordar el problema del tráfico de drogas en cualquier nivel era positivo para la sociedad: “la adhesión acelerará el proceso de reestructuración del fuero penal que estamos analizando en la comisión especial. Nuestra intención es generar un código procesal capaz de combatir en forma eficaz la venta minorista de drogas y todos los delitos”.

Además, el parlamentario criticó a los legisladores oficialistas (Gerónimo Vargas Aignasse, José Orellana y José Teri) alineados con Sergio Massa. El martes, estos expresaron sus diferencias con la adhesión impulsada por el alperovichismo.

“Si los legisladores massistas no acompañan una decisión política de esta naturaleza es porque los intereses de la sociedad no son lo principal para ellos”, evaluó el legislador Caponio.