El organismo busca saber quién vive en las viviendas que entregó, para regularizar su situación. También abrirán un registro para morosos. Calculan que hay 30 mil viviendas con las cuotas impagas.
La ley se votó en noviembre, tras una década de debate sobre el tema en la cámara, y tuvo su promulgación unos días antes de Navidad. Actualmente, se está definiendo el decreto reglamentario, que debe estar listo para mediados de marzo. Marcelo Sampablo, vicepresidente del IPVU, confirmó que durante el verano “seguimos trabajando para terminar la reglamentación, ahora mismo estamos ocupándonos de eso y la idea es que la ley se aplique este mismo año”.
Registro
Uno de los primeros pasos tras reglamentar la norma es inscribir a los adjudicatarios interesados en cancelar sus deudas. El IPVU abrirá un registro por 180 días corridos para quienes deseen acceder al Plan Especial de Financiación, que incluirá descuentos del 10 al 40%. Sólo contemplará las casas construidas antes de 2008.
El director provincial de Regularización y Recupero, Juan Insúa, anticipó que “se espera que empiece a sentirse la aplicación del plan en el segundo semestre del año, con una diferencia en el monto de lo que se recauda de caja en el IPVU”. Se estima que unas 30 mil viviendas tienen cuotas impagas.
Al margen de que ingresen o no en el plan de recupero, los adjudicatarios que no paguen 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas pueden perder su financiación y el IPVU queda habilitado a iniciar un reclamo judicial por el monto total o exigir que restituyan el inmueble.
Censo de casas
En abril arrancará además otro proceso previsto en la ley, que es el relevamiento de todas las casas entregadas para constatar quiénes viven allí. La ley estipula que, en caso de no ser el adjudicatario original, la persona podrá regularizar el dominio si acredita su inscripción en el Registro Único Provincial de Viviendas (Ruprovi) y tiene cinco años de residencia en el inmueble.
Insúa precisó que “el relevamiento tendrá un carácter censal, de consulta a los residentes para recabar los datos”. Explicó que, si bien el IPVU cuenta con información sobre las viviendas otorgadas, “existe cierta movilidad social que por ahí no está reflejada en el sistema”.
Valorización
El proceso de regularización implica también una nueva valoración de las casas tanto para los residentes sin adjudicación como para quienes figuran como beneficiarios originales pero nunca tuvieron su tasación oficial.
Por otra parte, la promulgación de la norma habilitó a quienes tienen ya una escritura traslativa de dominio con hipoteca a que dispongan libremente de sus viviendas para cualquier acto jurídico, salvo la venta.
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