El expediente fue impulsado por el fiscal federal subrogante Juan José Baric, luego de recibir durante el fin de semana una serie de testimonios relatando maltratos, insultos, persecuciones, amenazas y presiones por parte de Charlín. Baric solicitó su "urgente" suspensión en el cargo porque sino correría "riesgo" la investigación y notificó de su resolución a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y al secretario general de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, Julio Piumatto, entre otros.

La novedad recién se conoció ayer debido a que el caso no tenía juez, al ser el propio titular del tribunal -que reemplaza transitoriamente al juez titular, Pedro Vicente Zabala- el denunciado. La Cámara bahiense, al anoticiarse de la denuncia, nombró a Martínez, quien a su vez es juez federal subrogante en la ciudad bonaerense y, además, informó al Consejo de la Magistratura de la Nación, un órgano que tiene como atribuciones la aplicación de medidas disciplinarias a los magistrados y hasta puede iniciar procesos de remoción.

El caso tuvo repercusiones nacionales y, fundamentalmente en páginas virtuales relacionados con la justicia. Por ejemplo, el portal de noticias del Ministerio Público Fiscal de la Nación publicó en un primer momento hasta los nombres de los denunciantes, aunque a media mañana de ayer habían sido eliminados.

Esa página informó que el lunes Baric envió a la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca "un sumario de todos los testimonios" para que sus integrantes "estén al tanto de la situación" que se vive en el tribunal santarroseño, y que además solicitó -para poder continuar con la investigación- el apartamiento de Charlín de su cargo y que se le permita ingresar al Juzgado Federal "para continuar recolectando pruebas".

El sitio Infojus Noticias, la agencia nacional de noticias jurídicas, en cambio, mantuvo los nombres de los empleados que denunciaron a Charlín, pese al miedo que tienen por posibles represalias, a tal punto que varios de ellos así se lo hicieron saber a Baric cuando testificaron ante él.

"El juez le pidió a su custodio el arma reglamentaria que portaba. La sujetó, se puso en posición de tiro: 'decile a ésa que venga que le doy entre las cejas', amenazó. No es ficción sino el testimonio de Alicia Traverso, prosecretaria administrativa del juzgado federal de primera instancia de Santa Rosa, La Pampa. El juez es José Antonio Charlín, designado como subrogante para ese tribunal, y 'ésa' es la secretaria privada Adriana Bauman", informó Infojus, e indicó que esos datos habían sido dados a conocer por el portal de noticias del M.P.F.

Los hechos.

En la denuncia contra Charlín figura que el juez le habría dicho a un comisario de la Policía Federal: "¿cómo la podemos hacer desaparecer?", en alusión a Traverso. Y agregó que quería "cagarla de un tiro". También trató de "yegua de mierda" a la esposa de Zabala y refiriéndose a éste prometió que "en un mes y medio va a ser tal la presión que va a presentar la renuncia".

A su secretaria privada, Adriana Bauman, siempre de acuerdo a los testimonios, la tomó del cuello por la espalda y con el otro brazo le apoyó una trincheta cerrada en el cuello. A una médica quiso forzarla a firmar un certificado médico antes de tiempo. A una secretaria le preguntó "si todo es tuyo o tenés bisturí" y le pidió que lo acompañara a un juicio a General Roca porque allí había un magistrado que estaba "muy caliente" con ella.

En la denuncia también aparece que a una empleada le indicó que, en las elecciones primarias, debía votar al candidato K, Gustavo Fernández Mendía. Que en una causa de trata de personas le sugirió a un imputado, el comisario Carlos Alanís, que no declarara. Que dijo que le avisaría a la vicegobernadora, Norma Durango, que en ese caso iba a indagar al intendente de Lonquimay, Luis Rogers. Que le avisó al intendente de Toay, Ariel Rojas, que había dispuesto el allanamiento de un comercio en esa localidad.

Además, aparecen frases de los denunciantes, que evidenciarían aún más los malos tratos, insultos y amenazas. ¿Cuáles? "Estos 45 días de trabajo han sido insalubres e inhumanos", "a mí me causan miedo sus gritos desorbitados, sabiendo de sus ataques de extrema nerviosidad", "se van a arrepentir por no haberme valorado", "¡los voy a hacer mierda a todos!", etc.

La denuncia contiene doce testimonios, los de las secretarias Iara Silvestre (penal), Alicia Cánepa (civil) y Daniela Alnocíbar (tributaria), el prosecretario Juan José Zabala (sobrino del juez), una médica y siete empleados de distintas jerarquías.

Cuestionado por DDHH

El juez Martínez fue muy criticado en Bahía Blanca, por sectores oficialistas y organismos de derechos humanos, por su decisión de rechazar el pedido de detención del dueño del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y el ex secretario de redacción, Mario Gabrielli, en la causa donde se investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en esa ciudad durante la dictadura. Uno de los fiscales que había pedido esa medida es el pampeano Miguel Palazzani.