Con el triple crimen de General Rodríguez, aquel asesinato de tres empresarios vinculados a la venta de medicamentos en agosto de 2008, se abrió un resquicio de esa gigantesca y oscura caja de Pandora que son los fondos que financian las campañas electorales.

Se supo así que gente vinculada con venta ilegal de efedrina, un eslabón del narcotráfico, había aportado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Después, se conoció que una pieza clave en la denominada “mafia de los medicamentos” era un ex funcionario nacional que fue recaudador de la misma campaña. En estos días, a partir de las investigaciones sobre el varias veces procesado Ricardo Jaime, trascendió que empresas españolas concesionarias de servicios públicos habrían puesto en esas arcas proselitistas.

Todo expresamente vedado por la ley: aportes de concesionarias y de empresas extranjeras. Además, hay un elemento que agravaría mucho más el cuadro, si se comprueba que la empresa encargada del escrutinio provisorio también aportó a la campaña oficialista. Esos dineros claramente son ilegales, porque están expresamente por fuera de lo que marca la ley electoral. Y revela que el crimen organizado pone dinero, y tal vez mucho, en financiar la política argentina.

Un experto en financiamiento de campaña le comentaba a este diario días atrás, en una jornada sobre sistemas electorales organizada por el Tribunal Superior, que hay países donde comenzó a darse el fenómeno del financiamiento por parte del narcotráfico no tanto para elecciones nacionales como para comicios locales. Esas bandas necesitan controlar territorio y aunque la persecución de los delitos que cometen sea federal, apuestan a aceitar vínculos con gestiones municipales. Esto se advierte con claridad en México.

Es difícil conjeturar si a Córdoba pueden llegar estos fenómenos. Lo cierto es que las tres principales fuerzas políticas, el PJ, la UCR y el Frente Cívico, cometieron anomalías y omisiones en las rendiciones de gastos de campaña de la última elección, ante cierta pasividad de la Justicia federal electoral.

Para la campaña de gobernador que viene, además de la supresión de artículos –a instancia del PJ– que limitaban el financiamiento privado de las campañas, ya se advierte un gasto importante sobre el cual nadie informa nada sobre su origen.

El caso Marcelo Falo tiene, entre múltiples conjeturas y una acusación concreta, la hipótesis de que el dinero adeudado se recuperaría en la campaña que el legislador delasotista ya había lanzado como precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba. El muy probable candidato a gobernador del PJ y padre político de Falo, José Manuel de la Sota, se apresuró a aclarar que hacía “tres años” que no sabía nada de la vida de su ex vocero y funcionario de estrecha confianza.

La caja de Pandora cordobesa, por ahora, no tiene demasiados resquicios.