Más allá del trámite administrativo y judicial que tendrá lugar cuando el abogado Andrés Gil Domínguez formalice la presentación en nombre del Partido Socialista, se trata de un hecho de alto contenido político, ya que por primera vez el máximo organismo judicial tendrá para su tratamiento esta problemática, en un contexto especial debido a los reiterados casos que se han registrado en distintos puntos del país y a la ofensiva legislativa para ampliar ese derecho.

Junto al abogado estarán dos representantes locales, que ya motorizaron la anterior presentación ante el Superior Tribunal de Justicia: Mónica Rodríguez y Verónica Rodas. "Es un hecho político porque por primera vez la temática va a llegar a la Corte", insistió Mónica Rodríguez en diálogo con El Diario.

El abogado y las pampeanas estarán en Talcahuano al 500 alrededor de las 11 de la mañana. El impacto de la presentación ya empezó a hacerse visible en los grandes medios: ayer el diario Página/12 puso el tema como principal título de tapa. Un artículo de la periodista Mariana Carbajal señaló la verdadera importancia de la cuestión: "El debate sobre los alcances de los abortos no punibles llegará el martes a la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tendrá entonces la oportunidad, por primera vez, de expedirse sobre el tema".

No hay plazos

Formalmente se trata de la presentación de un recurso de queja promovido por el Partido Socialista, en el marco de la disputa legal que lleva adelante para que se declare inconstitucional el veto del gobernador Oscar Mario Jorge a la ley aprobada por la Legislatura provincial (de la que fue autor Adrián Peppino) que reglamentaba la atención de los abortos no punibles con una interpretación amplia de los permisos previstos en el Código Penal. La normativa vetada compartía los criterios de la Guía Integral de Atención de los Abortos No Punibles, que redactó el Ministerio de Salud de la Nación y que, según se anunció oficialmente hace pocos días, será relanzada convertida en resolución ministerial.

Rodríguez comentó que además tendrán el respaldo de integrantes de la Campaña Nacional por el Aborto Seguro y Gratuito. "Es importante estar presentes, es un acto político, más allá del trámite legal", reiteró.

"El tratamiento de la temática es lo importante, más en un momento donde ha habido tantos casos relacionados con abortos no punibles en el país y que han tenido derivaciones y tratamientos tan erráticos: sucedió en Comodoro Rivadavia, en Santiago, en Bariloche... Se han judicializado casos cuando estaba claro que no debía hacerse, sino que se les debía dar otro tratamiento", señaló.

El 23 de marzo el STJ rechazó un recurso extraordinario federal, que el Partido Socialista había presentado en diciembre, como parte de la misma demanda en defensa de la ley que llevó el Nº 2.394. Esa norma fue aprobada el 29 de noviembre de 2007 por la Legislatura pampeana: hubo 18 votos a favor y 5 en contra. Jorge la vetó a poco de asumir: fue una de sus primeras decisiones importantes, en sintonía con la Iglesia Católica.

El máximo tribunal del país podría ingresar al expediente sólo de manera superficial o meterse en la cuestión de fondo: cómo debe interpretarse el concepto de Salud a la hora de decidir un aborto terapéutico, considerado no punible o legal, en el país. La ley vetada hablaba de "salud integral" y la definía como un "estado de bienestar físico, psíquico y social", del mismo modo que lo hace la Organización Mundial de la Salud. El gobernador, en cambio, apoyó el antiguo criterio que enarbolan los sectores conservadores vinculados con la Iglesia Católica para restringir el acceso a los abortos no punibles y que se refiere a la ausencia de enfermedad.

No existen plazos para que la Corte adopte una decisión. "En su momento, cuando iniciamos la actuación con una acción declarativa, Andrés Gil Domínguez nos dijo que llevaba tiempos lentos para nuestras expectativas; no hay plazos establecidos, la Corte lo tratará de acuerdo a su tarea", dijo Rodríguez.

Apuntó que "las mujeres se sienten desvalidas cuando ingresan en estos temas que ya deberían estar resueltos. Hay cosas que se tendrían que hacer claramente sin judicialización, sin tener que exponer a las personas públicamente. Esto nos demuestra que aunque tengamos las leyes, sin un monitoreo de parte de la sociedad, las leyes no alcanzan", completó Mónica Rodríguez.