La paciente, de 28 años, ingresó en el hospital Fernández con un aborto en curso, que completaron en el centro médico al comprobar que el feto estaba muerto.

Ante la sospecha de que la mujer había ingerido pastillas abortivas, una doctora del centro de salud la denunció a la policía, que se llevó a la mujer detenida menos de 24 horas después de haber interrumpido su embarazo, cuando aún tenía pérdidas, según lop publicado hoy por el diario Página 12.

Los hechos conocidos este lunes ocurrieron el pasado junio y fueron condenados también por la Defensoría general de Argentina después de que un juez de instrucción declarase nula la causa penal abierta contra la mujer y ordenase su liberación.

Según un dictamen emitido por la Defensoría, el cierre de la causa “no repara las distintas violaciones de derechos humanos a las que fue sujeta ni es en sí mismo una garantía de no repetición”.