Los profesionales nucleados en Cicop - Seccional Cabred Luján se pronunciaron a favor de la adhesión al protocolo de aborto no punible, en tanto calificó como “inadmisibles las respuestas brindadas por los funcionarios de la Secretaría de Salud en el sentido de que no se puede aplicar la legislación vigente por falta de recursos o por objeción de conciencia”.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad de Luján, recordaron que el pasado mes de octubre “el gobierno de María Eugenia Vidal, a través de su Ministra de Salud, Zulma Ortiz, anunció la Resolución 2095/16, en la que adhiere y adopta para su aplicación obligatoria en todos los efectores de la red sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación”.

“En principio, desde CICOP vimos con optimismo el paso adelante que se daba ya que, entre los objetivos de la resolución, se destacaban garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva sin discriminaciones; reducir la morbimortalidad por aborto de las personas gestantes, especialmente por abortos inseguros; justarse al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que es el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación de poner a disposición las condiciones para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura; y remover las barreras administrativas y fácticas que obstaculicen la práctica”, completaron.

Pero pocos días después, indicaron, “la gobernadora dejó sin efecto la resolución dictada por el Ministerio de Salud, ante las presiones de la Iglesia Católica, encabezadas por el Obispado de La Plata, y funcionarios de su propio gabinete, como el secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand”. “Posteriormente, trascendieron algunas declaraciones en el sentido que también se había dado marcha atrás con esta última decisión y que la provincia de Buenos Aires acataba finalmente la ley nacional. Pero estas versiones no fueron amplificadas por los medios, ni notificadas oficialmente, por lo que todo quedó en la nada. En ese marco, los profesionales, quedaron sin amparo legal cierto para realizar interrupciones legales de embarazo  (ILE) en todo el territorio de la Provincia”, añadieron.

En este marco, se refirieron a las declaraciones realizadas la semana pasada a EL CIVISMO por las autoridades municipales locales, opinando que las mismas “dan cuenta del descalabro en que quedó sumido el sistema de salud, no sólo en Luján sino en toda la Provincia”. “A esta altura resultan inadmisibles las respuestas brindadas por los funcionarios de la Secretaría de Salud en el sentido de que no se puede aplicar la legislación vigente por falta de recursos o por objeción de conciencia, porque el Estado como garante de derechos, debe proveer dichos recursos, equipos multidisciplinarios sin profesionales objetores y en condiciones de realizar cualquier tipo de práctica autorizada por la ley”, afirmaron.

“Desde nuestro gremio, comprometido con la Salud Pública gratuita, de calidad y accesible a toda la población, reclamamos enfáticamente a la Gobernadora que sostenga la Resolución 2095/16, realice la publicación de la norma en el Boletín Oficial y se involucre en el efectivo cumplimiento de la misma. Los profesionales comprometidos con los derechos de la población exigimos la aprobación de las normas que respalden nuestra labor, mientras que los funcionarios públicos que no se sienten en condiciones de cumplir las leyes vigentes, deberían renunciar a sus cargos de inmediato, por falta de idoneidad para desempeñarlos”, agregaron.

“La población que accede a los servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires merece los mismos estándares de atención que se ofrecen a nivel nacional. Es un derecho que lamentablemente hoy, ni en Luján ni en la Provincia de Buenos Aires, está garantizado”, concluyeron.