El diputado Héctor Recalde presentó un proyecto para rehabilitar plenamente la Ley de Abastecimiento. "Yo creo que esa norma está vigente, pero como algunos interpretan que no, es una buena señal política ratificarla", señaló el legislador. De aprobarse la iniciativa, el Gobierno tendría herramientas para congelar precios o definir márgenes de rentabilidad, y podría aplicar sanciones que llegan a 4 años de prisión.

La Ley de Abastecimiento fue sancionada en 1974. Pero en 1991, por un decreto, se suspendió "el ejercicio de las facultades" que otorgaba al Poder Ejecutivo. La Ley de Presupuesto 1994 ratificó esa suspensión. Y la ley entró en un espacio de incertidumbre. Así, cuando el Gobierno intentó aplicarla, como cuando sancionó a Shell por subas de precios, la justicia dictaminó que no regía.

"En este momento que hay una disparada de precios que aqueja la sociedad, me pareció una buena señal del Congreso para terminar con esta escalada abusiva", agregó Recalde, asesor de la CGT. El proyecto sólo tiene un artículo: "Derógase el decreto 2.284 de 1991 ratificado por la ley 24.307". En concreto, lo que plantea es que rija plenamente la ley de Abastecimiento.

Ahora, ¿qué facultades recuperaría el Gobierno de sancionarse la ley? La norma de 1974 decía que el Poder Ejecutivo podrá establecer "precios máximos y/o márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de precios"; "fijar precios mínimos y/o de sostén"; "obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización ( ...) dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciera la autoridad de aplicación"; "intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, establecimientos industriales, comerciales...."; "prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país", entre otras facultades. Todo apunta a "garantizar el abastecimiento". Para quienes infrinjan esas normas, se prevén multas y penas de prisión de hasta 4 años, que se duplican por reincidencia.

"La ley no está en vigencia, para nada, pero el Gobierno hace uso de ella como si lo estuviera -dice un ex secretario de Comercio, que pide reserva de su nombre-. Todo lo que hace Guillermo Moreno, restringir las exportaciones, obligar al abastecimiento, poner precios máximos, etc., es lo que fija esa ley. Usa las facultades que no tiene". El proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados la semana pasada, y fue girado a la Comisión de Comercio.