Según datos provistos por el Entre Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), unos 85.000 mendocinos ya fueron incluidos en la Tarifa Social para el servicio eléctrico. De esa forma, los beneficiarios recibirán una parte de la facturación subsidiada, pero no quedarán exentos de los incrementos decretados por el ex gobernador Francisco Pérez.

El presidente del EPRE, Elián Japaz, explicó que la distinción de los usuarios que cumplen con los requisitos para acceder a la Tarifa Social (ver aparte), se realiza a través del Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sintys). “El organismo cruza datos con AFIP, Anses y Registro Automotor y autoriza o rechaza la tarifa subsidiada”, comentó.

Quienes sean aprobados por el Sintys, pagarán valores diferenciales en una parte de la facturación. “El precio final de la factura está formado por tres componentes: el costo de abastecimiento, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y las cargas tributarias”, indicó Japaz.

“La Tarifa Social se aplica solo sobre el primero de esos componentes. Es decir sobre el costo de abastecimiento”.

Ese punto es precisamente el que hasta enero estaba subsidiado por el Gobierno Nacional. Con la quita del subsidio, los usuarios mendocinos deberán enfrentar aumentos de hasta el 300% en el valor del kilovatio, con excepción de los 85.000 residentes que recibirán la tarifa social y de aquellos usuarios que ya habían renunciado al subsidio antes de enero pasado.

Sin embargo, la totalidad de los usuarios, sin importar su condición respecto al costo de abastecimiento, deberán enfrentar los aumentos pendientes del decreto 2.573/15 firmado por el ex gobernador Francisco Pérez. La normativa estableció aumentos sobre el segundo componente de la facturación: el Valor Agregado de Distribución. Se aplicaron incrementos de hasta el 40% en diciembre y se harán ajustes del 8,75% trimestrales a partir de marzo de este año y hasta junio de 2017.

Altas y bajas al beneficio

Hace diez días en los registros del EPRE figuraban 50.000 usuarios mendocinos con tarifa social. Hoy, el 20% de los usuarios residenciales cuentan con el beneficio (85.000 hogares) y el número podría seguir aumentando en los próximos meses.

Elián Japaz explicó que el listado de usuarios con tarifa social es dinámico. “Hay usuarios que hasta hace un mes no cumplían con los requisitos y ahora deben ser incorporados, o por el contrario estaban dentro de las exigencias y hoy deben ser excluidos”, indicó.

A través de la web del EPRE (www.epremendoza.gov.ar) o la web del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (www.minem.gob.ar), se puede ingresar a un “Formulario de Tarifa Social”, a través del cual cada usuario puede comprobar si califica o no para recibir el beneficio.

Es posible que al ingresar con su DNI, el solicitante no sea reconocido por el sistema. De ser así, el mismo formulario lo llevará a completar sus datos para quedar registrado en el padrón de Sintys. A partir de allí, deberá esperar cinco días para recibir una respuesta por parte del organismo.

"En caso de que el usuario considere que ha sido excluido injustamente, puede solicitar la revisión de su situación a través esas páginas, siguiendo el instructivo que muestra el mismo formulario", señaló Japaz.

En tanto, el ingeniero Hugo Reos, del equipo técnico del EPRE, comentó que los usuarios que fueron injustamente excluidos tendrán tiempo hasta el 30 de abril para solicitar el beneficio retroactivo a febrero. “Si completan el trámite después de esa fecha, podrán contar con tarifa social, pero sólo a partir de mayo”, concluyó.

Desde el domingo pasado hasta el martes, la página web del EPRE ha sido visitada por más de 2.000 usuarios que comenzaron a tramitar el beneficio de la tarifa social.

Los requisitos para acceder a la tarifa social

En todo el país se utilizan los mismos criterios para determinar qué usuarios reciben Tarifa Social. Los mismos fueron determinados por la resolución 7/2016 y pueden ser consultados en la página del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

La normativa indica que pueden acceder a los precios diferenciales los beneficiarios de programas sociales, los jubilados y/o pensionados con ingresos iguales o menores a los $ 8.598 y los trabajadores con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($ 12.120).

También están comprendidas las personas con discapacidad, los usuarios inscriptos en el Monotributo Social, los empleados de servicio doméstico y las personas que cobran seguro de desempleo.

Sin embargo, aun cumpliendo con los requisitos, quedan automáticamente excluidos los propietarios de más de un inmueble, quienes sean titulares de un vehículo de hasta 15 años de antigüedad y los dueños de aeronaves o embarcaciones de lujo.