"Es una excelente persona", respondió el gobernador, José Alperovich, cuando LA GACETA le consultó por el secretario de Grandes Comunas, Daniel Leiva. El funcionario aparece en una foto, que lo muestra cuando trata de impedir que una persona registre los incidentes del 9 de Julio en la plaza Independencia.

El 21 de octubre ingresó a la Justicia una denuncia penal contra Leiva. Según el planteo, aquel día el funcionario junto a dos patovicas se dirigieron a la oficina del entonces contador fiscalizador Pérez (solicita reserva de su nombre) -en la Secretaría de Fiscalización (San Martín al 200)-. Siempre de acuerdo a la denuncia presentada por Pérez, Leiva lo acusó de pasar información a una persona, lo llamó traidor y le dijo que el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, le exigía la renuncia. Por último, amenazó de muerte a él y a su familia.

Pese a la gravedad de los hechos denunciados por Pérez, la causa no se activó desde el momento de la presentación del planteo, que recayó en la Fiscalía IX, a cargo de María de las Mercedes Carrizo. Entre el 29 de octubre del año pasado y el 8 de febrero, Pérez presentó nueve escritos en Mesa de Entradas de la Fiscalía, por los que ratificaba y ampliaba la denuncia, pero no lograba que se inicie la pesquisa.

Al jefe de fiscales

Cansado de la dilación, se dirigió al ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis de Mitri, y presentó un reclamo por "inacción judicial". Allí logró una respuesta, aunque no la que esperaba. "El 23 de febrero encontraron los nueve escritos en una caja donde se depositan exámenes médicos, sin que me pudieran explicar cómo llegaron ahí", dijo el denunciante a LA GACETA. Según el expediente, Carrizo dijo que recibió a Pérez, incluso fuera de su horario de trabajo. "No la conozco; en ningún momento me atendió, ni antes ni después de su horario laboral", aseveró el Pérez. Actualmente, la causa se encuentra archivada.

Aquella no fue la única ocasión en que un denunciante recurre a De Mitri, en reclamo a la actuación de Carrizo. El caso más reciente es el del peronista disidente Oscar López, uno de los impulsores de la "causa Funsal". El dirigente pidió audiencia con el jefe de los fiscales penales luego de que Carrizo archivó el expediente que investigaba presuntas anomalías en la contratación de cursos de odontología. La Fundación Salud (Funsal), responsable del dictado, se constituyó para facturar tres meses después de iniciadas las clases.

Para justificar el archivo de la causa, la fiscala había referido al principio non bis in idem, que impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales: el Tribunal de Cuentas (TC) ya sancionó al ministro de Salud, Pablo Yedlin, que autorizó el pago a Funsal aunque, finalmente, este no se realizó, a raíz de la intervención del TC. Además, Carrizo remarcó que no se produjo daño al erario público, debido a que los cursos no se pagaron. López pidió a De Mitri que reabra la causa y que asigne otro fiscal.

Funcionarios, al tanto

"Desde que presenté la denuncia hasta que la encontraron en esa caja, mi familia y yo podríamos haber sido asesinados. Los hechos se produjeron el 21 de octubre, y recién me llamaron a declarar el 18 de febrero", protestó Pérez. Agregó que su jefe directo en la Secretaría de Fiscalización, Ramón Vicente Nicasio, Jaldo y el gobernador, José Alperovich, sabían de esta situación, debido a que envió sendas notas para ponerlos al tanto. Las copias de estas también fueron remitidas a De Mitri.