El ex ministro Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos detenidos por causas de corrupción, fueron procesados este martes por coimas y fraude en el “caso Skanska”.

Se trata del primer caso de corrupción de la era kirchnerista, relacionado con irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de gasoductos, que fue revelado por PERFIL en 2006 y que involucraron al FonFiPro del gobierno de Formosa en lavado de cheques provenientes de Skanka, donde se Investigan 14 millones de pesos en supuestas coimas.

Los cheques por las coimas se pagan a esas empresas fantasmas y el dinero salía de ellas y era girado a Money Market y el Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro), entidades financieras que los convirtieron en efectivo. Una de ellas estaba conectada con Nación Fideicomisos, que era manejada por Néstor Ulloa y la otra al Enargas, comandado por Fulvio Madaro.

El procesamiento, firmado por el juez federal Sebastián Casanello, alcanza también al ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, directivos de la empresa constructora y representantes de empresas de facturación falsa y otros intermediarios, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).

La causa investiga el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para ganar licitaciones en la ampliación de gasoductos en el norte y en el sur del país.

Según se reveló, la licitación pública que debía realizarse como procedimiento regular de contratación no se realizó, se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas para participar del procedimiento de adjudicación.

El juez entendió que la modificación del procedimiento de contratación (de licitación pública a concurso privado) había sido el punto significativo a partir del cual se dio lugar a los sobreprecios de las obras.

Si bien en el año 2010 se había dispuesto el procesamiento de numerosos imputados, luego fue revocado por la Cámara Federal de Apelaciones. Para entonces se encontraba invalidada la grabación realizada en el marco de una auditoría de Skanska a Javier Azcárate, gerente comercial, quien dio detalles de las operaciones ilícitas realizadas por la empresa constructora. Entre ellas se confirma el pago de sobornos a funcionarios públicos a través de un sistema de facturación falsa montado en el marco del Proyecto de Ampliación de Gas 2005, y de acuerdos ilícitos por la adjudicación de obras que también tendrían en la República de Perú y en la provincia de La Pampa. Recién el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal pudo resolver que esa prueba era válida.

A partir de entonces, el fiscal Carlos Stornelli -quien tiene a su cargo la instrucción de la causa- requirió las indagatorias del ex ministro de Planificación, del ex secretario de Obras Públicas y de otros veintinueve imputados, que incluyó a ex directivos de Skanska, y a empresarios e intermediarios que intervinieron para canalizar los sobornos a los funcionarios públicos.

Asimismo, la Justicia dispuso embargos de 49 millones de pesos para cada uno de los funcionarios públicos y de los directores y gerentes de Skanska, quienes fueron procesados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y de cohecho. Mientras que a los restantes intervinientes (empresas de facturación falsa e intermediarios que negociaron los cheques) se los procesó sólo por el delito de cohecho en calidad de coautores. Con el mismo propósito, se les fijaron embargos por 14 millones de pesos.