La trata de personas es un flagelo que golpea con fuerza a la provincia

La trata de personas es un flagelo que golpea con fuerza a la provincia

Aseguran que la falta de controles en el paso fronterizo Villazón-La Quiaca la convierte en zona propicia para delitos.

Nuestra provincia se encuentra en el foco de una problemática que aflige. Al ser zona de frontera, Jujuy convive con la TRATA DE PERSONAS con fines de explotación sexual y laboral. En los últimos días el tema ha sido debatido en diferentes sectores, tal es el caso de la disertación de la psicóloga y especialista en Trata y Migración María Lourdes Molina en el marco de las actividades de la Semana del Inmigrante. Asimismo fue abordado y difundido a nivel nacional por el informe realizado por el periodista Diego Granda para el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), como parte del proyecto "La otra trama".

La falta de tecnología y personal, sumada a los sitios alternativos de cruce, hacen de nuestra frontera Villazón-La Quiaca un lugar permeable y es allí donde se han conocido muchas historias de rescates de personas desaparecidas y de otras tantas que aún continúan siendo buscadas por sus familiares. 

En este sentido el informe presentado por Diego Granda titulado "LOS INVISIBLES DE LA QUIACA" propone reflexionar sobre una realidad terrible que ocurre en nuestra provincia. "El tráfico ilegal de personas en zonas cercanas a la frontera con Bolivia es un negocio instalado. Varían los actores, pero no las formas" indica al mismo tiempo que plantea la necesidad de buscar soluciones a las fallas estructurales que se podrían modificar para prevenir los casos que se repiten.

En una entrevista con EL TRIBUNO DE JUJUY Granda comentó que el informe buscó contar dos historias que no son muy conocidas a nivel nacional, como el caso de Antonella Ramos que fue recuperada y la de Ariel Llampa que aún está desaparecido y al mismo tiempo proponer una mirada a una problemática que considera invisibilizada.

En su informe Granda pone de relieve la peligrosidad de no contar con datos y controles adecuados. 

"La calle Jujuy, a 500 metros del paso oficial, se convirtió en un cruce cotidiano y aceptado", indica refieriendose a un sector de la ciudad fronteriza por donde cientos de personas pasan diariamente sin cometerse a ningún control .

Asegura que debido a la inexistencia absoluta de estadísticas, no es posible elaborar un número exacto de cuántos menores desaparecen en La Quiaca y en las poblaciones de los departamentos de Yavi, Santa Catalina y Rinconada. "Pero existen historias de sobra. La profesora de la Escuela Normal de La Quiaca, Silvia Carretta, cuenta que "a menudo, los menores desaparecen de sus casas, a los meses vuelven y nadie se alarma''. Producto de su preocupación, en el 2014 colaboró en la elaboración de dos manuales de prevención que fueron difundidos por las escuelas de la zona. Uno para los niños y otro, para los maestros", señala en un párrafo.

Al describir la situación, en el informe se indica que en la frontera existe un paso de Migraciones, "pero a escasos diez metros la gente camina como si no estuviese cambiando de país".

Sobre el mecanismo con el que operan las bandas ligadas a la trata de personas, el periodista cita las declaraciones del extitular de la Delegación Jujuy de la Dirección Nacional de Migraciones, Horacio Macedo Moresi, quien explicó que "existen grupos delictivos compuestos por ciudadanos de ambos países que se aprovechan de la situación económica de los ciudadanos de La Quiaca, que nunca se terminó de desarrollar, y van cambiando de actividad de acuerdo a lo que convenga". Los expedientes judiciales demuestran que ahora hay grupos que se encargan de pasar por la frontera a ciudadanos chinos, pero en un pasado no muy lejano eran senegaleses y antes, colombianos. El paso La Quiaca-Villazón es el de mayor tráfico migratorio del Noroeste argentino, agrega.

El cerco

La última medida de control en la frontera fue crear un cerco -de alambre y vigas de cemento- de 500 metros de largo alrededor del paso oficial, para encauzar a la gente por el corredor legal. Fue una iniciativa de Gendarmería, costeada por el Ministerio del Interior durante la gestión de Florencio Randazzo. "Pero a los pocos días, el alambrado ya estaba dañado, y así sigue. Es una frontera colador, supervisada por el sistema llamado Área de Control Integrado: Gendarmería, junto al Escuadrón 21 de La Quiaca, velan por la seguridad; Afip y la Dirección General de Aduanas (DGA) controlan los equipajes y vehículos, y Migraciones controla a quienes pasan", señaló Granda. 

En un párrafo consigna que "los empleados de Migraciones perciben salarios inferiores a los de los otros dos organismos y son, paradójicamente, los encargados de velar por los derechos de las personas".

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