Desde octubre, los supermercados van a tener que trabajar con factura de crédito electrónica, un instrumento que se empieza a utilizar en distintos sectores económicos, que permite a las empresas tener certeza sobre fecha de cobro por un producto o servicio y, además, que se la puede descontar en un banco o mercado.

 

 

La novedad surgió ayer tras un encuentro entre el ministro de Producción, Dante Sica, y el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, que mantuvieron con diferentes cámaras empresarias acerca puntualmente de la implementación de este sistema de factura de crédito electrónica.

 

 

"Con este sistema, se busca que las PyMEs expandan su financiamiento, logren mayor liquidez en un plazo menor, cuenten con un nuevo instrumento de inversión en el mercado y tengan certidumbre sobre la fecha de cobro de las facturas emitidas por grandes empresas", sostuvieron desde las dependencias oficiales.

 

 

Se había comenzado con una prueba piloto, dentro del sector automotriz, y la idea es que a partir de mayo ir sumando diferentes rubros económicos. Según detallaron en Brasil este tipo de financiación representa un 1,6% del PBI, en Chile en torno a un 10%, mientras que en Argentina no llega a 0,7%.

 

 

En el país hubo dos intentos, fallidos, de implementarlo en el pasado. La diferencia principal es que ahora será obligatorio para unas 1500 grandes empresas, cuando se trate de operaciones entre una de estas firmas y una Pyme (cuando se trate de dos Pymes seguirá siendo optativa).

 

 

El cronograma previsto es que, a partir del mes próximo, también podrán decidir cómo y con quién cobrar sus facturas las Pymes proveedoras de los sectores automotriz, de suministro de agua, cloacas, gestión de residuos y recuperación de materiales y saneamiento público, servicios de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, y de servicios de intermediación financiera y seguros.

 

 

En junio se incorporará la industria manufacturera y los sectores de petróleo y explotación de minas y canteras. En julio, el de la construcción y de transporte y almacenamiento.

 

 

Luego, en agosto se sumarán servicios inmobiliarios; enseñanza; salud; servicios sociales, artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento; servicios de asociaciones y personales; y agropecuario.

 

 

En tanto, en septiembre ingresarán los servicios de alojamiento y comida, profesionales, científicos y técnicos, actividades administrativas, y servicios de apoyo, información y comunicaciones. El cronograma finalizará en octubre con el comercio mayorista y minorista, es decir, supermercados.

 

 

Este nuevo instrumento de financiación permite que la PyME pueda elegir entre esperar el cobro por parte de la empresa grande o transferirla a una cuenta comitente registrada en la Caja de Valores.

 

 

En este caso, la factura conformada podrá ser negociada tanto en el sector financiero como en el mercado de capitales. A la fecha de vencimiento la firma receptora de la factura transferirá el importe al CBU de la Caja de Valores, quien le pagará al inversor que la posea.

 

 

 

En el encuentro de ayer estuvieron, entre otros, representantes de la Asociación Bancaria Argentina; ABAPRA; ACARA; Asociación de Aseguradores Argentinos; ADEBA; ADEFA; AFAC; Cámara Argentina de Supermercados; Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC); Cámara Argentina del Acero; Cámara de Agentes de Bolsa; CAME; Cámara de Exportadores de la República Argentina; COPAL y la UIA.