Por Marcelo Saleme Murad.

El Impuesto al Valor Agregado en Argentina, ya sabemos, es de una alícuota confiscatoria (21%). Porque, a pesar de ser un impuesto indirecto que supuestamente se “traslada” y grava al consumo y no a la producción, esa traslación no es absoluta, sino que va dejando “esquirlas” en el camino. Así, el IVA que paga un fabricante de cualquier producto en todos sus insumos que no se consideran aplicables en forma directa a la producción, forma parte de los costos de producción; y por ende, finalmente llega al precio. Que el IVA abonado sobre insumos que no van directamente al producto no se pueda “descargar” (como se dice en la jerga), no significa, ni mucho menos, que lo absorba el productor.

Es decir, en lo teórico –que nunca funciona en una materia tan práctica como lo fiscal- el IVA que impacta es sólo sobre el “valor agregado” (de allí su nombre) que cada etapa carga sobre el producto. Pero pensar que cualquier persona (individuo o empresa) no va a calcular el impacto de ése impuesto que no puede descargar como parte de sus costos, es ignorar la realidad. Un pecado que nadie en ésta materia puede cometer.

Por lo tanto, una alícuota del 21% es lisa y llanamente una confiscación si se pretende que se absorba por los integrantes de las distintas etapas de la producción, transporte y comercialización de cualquier producto.

El costo de fabricación de un producto se traslada, juntamente con el margen de rentabilidad pretendido, al precio de dicho producto. Incluyendo el IVA que se paga por cualquier insumo (y otros muchos impuestos).

A su vez, cada actor de la cadena va trasladando a la próxima sus costos. Y llega así, al consumidor final. Y consumidores finales somos todos de algún producto u otro. Así entonces, el verdadero impacto surge de un efecto en cascada del impuesto en las distintas etapas.

Por lo tanto, el costo de soportar semejante alícuota encarece la economía general y termina sacando de competitividad a la industria nacional frente a la extranjera, y convirtiendo a cualquier producto en inaccesible para el consumidor final argentino, que siempre debe conformarse con menos y peor frente a cualquier otro consumidor del mundo civilizado.

El costo del Estado monstruoso que tiene la Argentina ya no puede ser soportado por el pequeño sector productivo que resta hoy. Según el último relevamiento publicado, la capacidad ociosa de la industria argentina es cercana al 40% de la capacidad instalada (INDEC). Vale decir, que usamos algo más de la mitad de lo que podría utilizarse y que ya está instalado (no son proyecciones teóricas de lo que podría hacerse).

Volviendo al punto, el gobierno de Mauricio Macri para evitar el impacto de la inflación –otro síntoma de las pésimas administraciones públicas argentinas- decidió eximir del impuesto al valor agregado a una serie de alimentos considerados esenciales. Buena medida aunque tomada en un contexto en el que el impacto de la medida en el bolsillo se sintió poco, porque debido a la inflación, la rebaja de un promedio del 8% en los precios de los alimentos (que fue el impacto promedio final), casi ni se sintió.

Pero evaluar esto en el breve plazo de cinco meses (que fue lo que duró la rebaja antes de su derogación por el Gobierno de Alberto Fernández) es además, erróneo. Puesto que para que la economía se depure del efecto impositivo del IVA sobre un producto, necesita por lo menos un ciclo económico completo. Pues aún existen stocks, por ejemplo, con insumos en los que ya se había pagado el IVA. Digamos que lo prudente para evaluar el impacto de la reducción en el precio final de ésos alimentos, y el plazo durante el cual la reducción se debió mantener, tuvo que haber sido por lo menos, un plazo de un año que es lo que estandarizadamente se considera un ciclo completo.

Pero un 8% no es poca cosa, aunque decirlo con los guarismos de locura de la economía argentina suene a nimio. Un 8% en un contexto de estabilidad es un gran número.

En cambio la restitución del IVA sobre alimentos lleva a la carga tributaria total (según calcula el IARAF – Instituto Argentino de Análisis Fiscal) al 41% del precio de éstos; siendo en algunos casos cercano o superior al 50%. Una verdadera atrocidad. Hablamos de comer. Cada vez que un argentino come, le está donando al Estado Argentino el 50% de su plato de comida. Sea que coma en un palacio o en una villa.

Hablando de la posibilidad de generar divisas mediante la exportación de alimentos, cuya producción parece ser el innegable y envidiable destino del país (pues el mundo siempre deberá comer), Argentina es la más cara de toda Latinoamérica en materia de IVA. Y si a ello le sumamos el resto de los impuestos, directamente se confisca la renta y el capital.

Al único que beneficia ésta medida, según creen desde el sector público, es al Estado Argentino. Pero, ¿será realmente así? Me permito afirmar que rotundamente NO. Pues la menor producción y el menor consumo significan directamente menor recaudación. A los que sólo cuidan la caja del Estado y no tienen ningún miramiento sobre la calidad de vida de los Ciudadanos, les recuerdo que los empleados públicos también comen; y con éste impuesto, comerán cada vez menos y peor. Vale decir que no puede hablarse de solidaridad si lo que se está escamoteando es la comida. Y si de lo que se priva al Ciudadano es de comer, ¿entonces, qué es lo que verdaderamente le importa al Estado?

La administración actual sólo está enfocada en la caja del día de la fecha. Pero estropea no sólo la caja de mañana, sino además, la propia generación de recursos fiscales. No hablemos ya de la calidad de vida de los argentinos, auténticos sobrevivientes.

En alimentos también impactará la liberación que el Gobierno Nacional ha hecho con las Provincias, pues al abandonarse el pacto fiscal, se ha dejado a los Gobiernos Provinciales la facultad de incrementar, por ejemplo, Ingresos Brutos, que impactará en forma directa en los alimentos.

El cóctel es explosivo. Las medidas son rotundamente equivocadas. La solución a la situación extrema en que está la Argentina es justamente la contraria: MENOS impuestos y MÁS BARATOS.

Es un mal endémico de los gobiernos argentinos pensar que con subir impuestos todo se arregla. Y está visto que no es así. El problema es que la recaudación cae. Y va a seguir cayendo. En términos absolutos, por más que el número de recaudación parezca ser estable, se achica. Pues la inflación impide que el peso (moneda en la que se abonan todos los impuestos de puertas adentro del país) mantenga su poder adquisitivo. El Gobierno no va a lograr por ésta vía un equilibrio fiscal sostenible, salvo que confisque de facto todos los bienes de los argentinos y los contabilice como propiedad del Estado. ¿Vamos hacia eso? El aumento astronómico de la presión fiscal le planteará al Gobierno un desafío mayor: ¿tiene los medios para recaudar compulsivamente? ¿Cuándo lograría hacerse con los recursos? ¿Cuánto podría realmente cobrar sin un sector privado que produzca y contribuya? No tiene tiempo ni medios para cobrar a todos los contribuyentes que no puedan o se resistan a pagar la confiscación.

El Gobierno está “tironeado” entre los cada vez más poderosos administradores de facto de los subsidios y de los subsidiados (como los autodesignados representantes de los “pobres” llamados eufemísticamente “dirigentes sociales” y “organizaciones sociales”), y por el otro los pocos productores que quedan en pie (el campo, la industria, los servicios, el comercio), y los contribuyentes en general. Los jubilados también han quedado del lado de los que deben ser solidarios.

El Gobierno tendrá que elegir cómo sobrevive la Argentina y vuelve a ser un país viable, pues, como dice una famosa frase: “No conozco el secreto del éxito, pero sí del fracaso: tratar de conformar a todo el mundo”. No podrá seguir queriendo conformar a todos, pues los que más le exigen son los que menos aportan.

Y aquí no se puede vivir conformando a los que se llevan sin derecho los huevos de oro. Alguna vez hay que empezar a alimentar a la gallina.

 

(*) Abogado – Especialista en derecho tributario.-