El gobierno de Daniel Scioli parece estar entrampado. Sigue defendiendo con énfasis la política económica del kirchnerismo, que ha sumido al país en la recesión y en una inflación galopante. Pero, al mismo tiempo, la administración bonaerense sufre los embates de los efectos negativos que están teniendo las alocadas medidas adoptadas por los K tanto en el frente externo, con el conflicto con los holdouts, como en el plano interno con una crisis que se traduce en una acelerada pérdida del poder adquisitivo de los salarios y en la eliminación masiva de puestos de trabajo.

Según pudo saber Hoy, en los últimos días el mandatario provincial se habría comunicado varias veces con los integrantes de su equipo económico para que le brinden un panorama de las cuentas bonaerenses. Se acordó que el mensaje hacia afuera es salir a decir que la crisis no implicará mayores perjuicios a la Provincia. Pero la realidad es bien distinta. Y así lo reconocen en el equipo económico del sciolismo cuando se apagan los micrófonos y las cámaras de TV.

Una de las preocupaciones es que pese a las moratorias lanzadas por la Provincia, ofreciendo quitas de hasta 50% a los contribuyentes que tienen deudas con el fisco bonaerense, la recaudación bonaerense corre muy por detrás de la inflación real.  Por ejemplo, en el mes de junio, el total de tributos recaudados por ARBA aumentó un 32% respecto a igual mes del año pasado. El detalle, que es no es menor, es que la inflación, según casi todos los estudios privados, está llegando al 40%.

Asimismo, especial impacto está teniendo el estancamiento de la actividad económica. La estructura impositiva de la Provincia se basa, principalmente, en el Impuesto de los Ingresos Brutos, que representa aproximadamente el 74% de la recaudación total. Ahora bien, en junio de este año, la recaudación de este gravamen apenas aumentó el 27%, 13 puntos porcentuales menos que la inflación real.

Por otra parte, el default de la Argentina hizo que entrarán en un limbo las gestiones que habían iniciado funcionarios bonaerenses en Londres para conseguir financiamiento internacional. Se hablaba de la necesidad de que la Provincia coloque deuda por un monto de entre 500 y 700 millones de dólares para no pasar mayores sobresaltos. Pero ello ya no será posible: el acceso al mercado de capitales quedó absolutamente clausurado por el conflicto con los fondos buitres y la decisión del gobierno K de no cumplir con lo dispuesto por la Justicia de Estados Unidos.

“Hacer obra pública, en este contexto, es imposible. Y nos genera una complicación ya que encarar una campaña electoral para la presidencia, sin poder inaugurar nada, nos juega en contra”, reconocen algunos sciolistas.

De esta manera, la administración bonaerense tendrá que arreglarse con lo que tiene a mano. Y lo que hay disponible en sus arcas no alcanzarían para cumplir con servicios mínimos indispensables. Una muestra de ello es que aún no se sabe cómo se cubrirá  el pago de los salarios de los 10 mil policías que se prevé incorporar en los próximos meses, a los que Scioli les tomó juramento como cadetes el pasado mes de junio. A estos efectivos se le sumarán los aspirantes que pasarán a formar parte de la recientemente creada policía local.

 

En el primer cuatrimestre del año ya se había ejecutado aproximadamente el 40% del total de recursos asignado para el pago de haberes del ministerio de Seguridad y se estima que harán falta, por lo menos, gastar $2 mil millones por encima de lo presupuestado para cubrir el costo de los anuncios realizados por Scioli.

Como estrategia, en la Provincia optaron por raspar la olla. Es decir, están subejecutando partidas de distintos programas gubernamentales para derivar esos recursos al pago de salarios. Por ejemplo, en el área de Seguridad, apenas se ejecutó 1.65% de los $81.240.333 que se había sido asignados para cubrir gastos de infraestructura policial. ¿Cómo impacta esto en la calidad de vida de los bonaerenses? Las fuerzas del orden tendrán cada vez menos recursos para poder cumplir sus funciones. Por ejemplo, en la semana que pasó, en una de la zonas de La Plata más afectadas por la ola delictiva, las autoridades policiales le reconocieron a los vecinos que apenas contaban con dos patrulleros, uno de los cuales estaba a punto de ser dado de bajo por desperfectos técnicos. Situaciones similares se registran a lo largo y ancho de la Provincia.

A su vez, la subejecución de partidas también es una práctica que se generaliza en otras áreas sensibles de gobierno, como salud y educación. Las consecuencias están a la vista: hace algunos días se conoció que profesionales del Hospital de Niños de La Plata, el principal centro de atención pediátrica de la Provincia, tuvieron que hacer una colecta para juntar los fondos para comprar un resonador. Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado.

Se teme que, a medida que se acerque fin de año, los faltantes de insumos y los problemas de infraestructura se generalicen en distintos nosocomios y dependencias bonaerenses. De hecho, la escasez ya se siente al punto que, en algunas reparticiones, ni siquiera tienen resmas de papel.  Todo indica que se viene un fin de año agitado.

Defender lo indefendible

¿Cómo hacer para defender los indefendible?, es la pregunta que se hacen muchos de los que asesoran al gobernador. La semana pasada, luego de que la presidenta anunciara el proyecto para forzar un cambio de jurisdicción para el pago a los bonistas, el gobernador Daniel Scioli mantuvo una reunión con uno de sus principales consultores: el economista Miguel Bein.

Tras ese encuentro, el mandatario provincial salió a decir que no había otra alternativa que la que tomó la Casa Rosada. Ahora bien, antes de que la Argentina entrara en default, Miguel Bein y el ex presidente del Banco Central, Mario Blejer (que también asesora al gobernador), participaron en una conferencia organizada por el hermano del mandatario provincial, José “Pepe” Scioli, y coincidieron en que era indispensable que la Argentina llegara a un acuerdo con los fondos buitres que evitar el default. Evidentemente, el gobernador decidió matizar los consejos de sus consultores para evitar confrontar con la Casa Rosada.