Ricardo sigue en el intento de colonizar a la Justicia

Ricardo sigue en el intento de colonizar a la Justicia

Los operadores políticos del Gobierno provincial, con el insólito guiño de organismos institucionales como el Consejo de la Magistratura, vienen maniobrando desembozadamente para ir generando una Justicia adicta a un esquema de poder en la provincia que bloquee el acceso de otras alternativas políticas a la conducción del Estado provincial.

 En los hechos y en la práctica, nadie pudo lograr que con los recambios de gobierno las lealtades se mantengan, más allá de que en el caso de Colombi se da la paradoja de que muchos de los por él designados a la hora de votar lo hicieron y lo hacen de manera opuesta.

El embate del Gobierno sobre intendentes, el presidente del PJ provincial y el propio candidato a Gobernador han encontrado hasta ahora el límite infranqueable del bloque de senadores del PJ, con el acompañamiento de la senadora Nora Nazar. Los intentos realizados desde el Gobierno para quebrar el grupo de los ocho hasta ahora no han dado resultados, aunque desde las propias usinas oficiales confían en perforar la última línea de defensa en el marco de una campaña electoral que se libra en el campo de la política, de los medios y de la Justicia, escenario privilegiado este último en la pulseada del poder.

Las últimas noticias indican que el Gobierno acaba de enviar el pliego de una fiscal de Curuzú Cuatiá. En los últimos tiempos fueron notorios los casos de militantes y funcionarios radicales protagónicos, que abandonaron momentáneamente la trinchera política y se calzaron los trajes de jueces o fiscales sin el menor rubor. Dado este panorama, ¿cabe recitar, sin atragantarse, que en Corrientes existe una Justicia independiente?

Pero no todo termina en una maniobra orquestada en el estamento político. También se presta a esto una suerte de manoseo que el Consejo de la Magistratura hace en el proceso de selección de jueces. Como muestra basta este botón: ante el rechazo del acuerdo para el fiscal de Santa Rosa el Gobernador, en lugar de remitir el pliego de los otros dos de la terna, no lo hizo y el Consejo, en sintonía con las pretensiones del Ejecutivo, dio por caído el concurso y convoca a uno nuevo, ni siquiera para completar la terna si no para todo, con el agravante de que inscribe a la misma persona para el mismo cargo para el que el Senado rechazó.

Días atrás el Senado por unanimidad rechazó el pedido del Poder Ejecutivo que volvió a elevar el pliego. Se decidió mandar al archivo el pedido. Lo sorprendente es que el Gobierno, en lugar de optar por uno de los otros dos nombres de la terna, manipuló con sus hombres en el Consejo para dar por caído el concurso, violentando los precedentes existentes para casos análogos en otras jurisdicciones comenzando por la nacional.

El caso más reciente fue el de Gustavo Fresneda. Al no prosperar su propuesta, la ex Presidente retiró el pliego y mandó otro de la terna. Es lo que se estila en la medida en que los otros ternados tienen un derecho adquirido y porque la urgencia en la cobertura de los cargos no aconseja tampoco mayores dilaciones. En el caso de Paso de los Libres, el concurso llevó ocho años de trámite. En Corrientes, la Fiscalía de Saladas estuvo seis años vacante.

En el Senado aún no se ha definido un criterio frente a la compleja situación que se ha generado. En los hechos, una responsabilidad compartida por los tres poderes del Estado y por el organismo responsable de la selección de jueces, que hasta ahora no logran compatibilizar racionalmente un accionar que permita, dentro de la legalidad, cubrir vacantes que generan problemas de difícil solución.

En el medio, la controversia no zanjada en torno a la constitucionalidad de la lista de jueces sustitutos.

La última aprobada fue la del 2015. En el 2016 y en el 2017, el Senado no homologó la propuesta elevada por criterios dispares a partir de la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema, posterior a la reforma constitucional del 2007 que consagra la ilegalidad de la incorporación de jueces en el trámite de causas que no sean parte del Poder Judicial.

En el caso de Santa Rosa, como se dijo en una primera instancia, el Ejecutivo volvió a remitir el pliego del rechazado y el Senado resolvió no dar curso y mandar al archivo. Luego, el Poder Ejecutivo, en lugar de elegir a uno de los dos restantes que quedaban de la terna como es práctica parlamentaria en todas las jurisdicciones, logra que el Consejo de la Magistratura dé por caído el concurso e inicie todo un nuevo trámite.

Después se escucha el martilleo de protestas por las vacantes existentes en la Justicia y hasta apelan a un mecanismo prohibido por el más alto tribunal de la Nación, como es la designación de jueces sustitutos.

ANTECEDENTES

Otro antecedente con ribetes de escándalo fue la designación del fiscal de Mercedes, Adrián Casarrubia, un declarado enemigo político del actual intendente Víctor Cemborain,

Su designación fue producto de una burda maniobra parlamentaria, a la cual se prestó su presidente, el vicegobernador Gustavo Canteros, dando por caída una sesión en la que precisamente se iba a rechazar ese pliego. En otra ocasión, el mismo Canteros recurrió a su voto de desempate para aprobar otro pliego partidario.

El PJ recurrió al Superior Tribunal que rechazó el planteo. Ante esa circunstancia, dedujo recurso extraordinario para ir a la Corte y nuevamente el STJ dijo no a la bancada del PJ, cerrando la vía recursiva.

En mérito a ello, los ocho senadores opositores se presentaron en queja ante el más alto tribunal de la República, para pedir se haga lugar a la misma, se pidan los autos principales y se revoque la resolución recurrida.

El justicialismo denunció en diversos tonos que la política se enturbiaba por la injerencia de la Justicia, que de ese modo estaba siendo utilizada para perseguir, amedrentar y silenciar a la oposición. Ocurrió con el caso de Perugorría, en el que se habilita la jurisdicción provincial para una investigación de utilización de fondos nacionales, originándose una controversia que también terminará en la Corte, la cual deberá determinar si corresponde la competencia federal o la provincial.

El PJ ejemplificó con el caso de otro juez-militante, Darío Ortiz (de Goya), quien terminó procesando a tambor batiente al intendente peronista y presidente del PJ provincial, Gerardo Bassi, aunque las propuestas de candidatos vinculados familiarmente o al partido radical son muchos en los últimos años.

Lo que está claro es que, tal lo sucedido a nivel nacional, nadie como los jueces están más atentos a los cambios que se producen en el poder político.

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