La semana pasada distintos miembros del gabinete de la gobernadora María Eugenia Vidalquedaron en el centro de la escena, luego que se decidiera que el "protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", elaborado por el programa nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del ministerio de Salud de Nación en abril de 2015, no entraría en vigencia en la provincia de Buenos Aires, a pesar que la ministra de Salud, Zulma Ortiz, estableciera por resolución la adhesión a la normativa nacional.

La trama de este guión de contradicciones comenzó el pasado 12 de octubre cuando Ortiz firmó la adhesión a la guía sanitaria, en la que se establecían los pasos a seguir en hospitales y clínicas privadas, para asistir a mujeres que podían abortar amparadas por el Código Penal y el nuevo Código Civil. No obstante, semanas después, con la argumentación que “la Provincia tiene un protocolo vigente” y “dada la complejidad del tema, se requiere la intervención de otras áreas con competencia”, la administración provincial anunció que se trabajará “en una nueva resolución que dejará sin efecto la anterior, para la elaboración de un nuevo documento”.

Pese a estas explicaciones, en los pasillos de Gobernación trascendió que la reglamentación se frenó cuando llegó a manos del secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, vinculado al Opus Dei, orden religiosa ultra conservadora, claramente en contra de este tipo de prácticas sanitarias. Es que entre otros pasos administrativos, su firma es fundamental para que comience a tener vigencia la normativa. La postura del ministro fue respaldada por su par de Producción, Joaquín de la Torre, y de legisladores de Cambiemos que presionaron en contra de la decisión de Ortiz.

Ahora, el tema volvió a escena en el Boletín Oficial de este lunes. Lejos de vislumbrar cierta sintonía en el equipo, graficó las contradicción de pareces respecto al tema. En este sentido, por un lado se publicó la resolución de la ministra de Salud, con fecha 12 de octubre, en la que se detalla la adhesión al mencionado protocolo; y por el otro, renglones más abajo, se deja “sin efecto” el acompañamiento a la normativa que tanta polémica despertó.

En rigor, la maniobra respondió a los mecanismos administrativos comunes a este tipo de situaciones. Así, primero se mencionó la resolución N° 02.095, que responde a la adhesión firmada por Ortiz, y en las páginas posteriores, tras el detalle del protocolo, se divulgó la resolución N° 02.233 que deja sin efecto la anterior.

Entre las argumentaciones para revocar la medida se indica que “se ha advertido con posterioridad al dictado de la citada resolución ministerial N° 02.095 de fecha 12 de octubre de 2016, que no le fue dada debida intervención previa en el expediente del visto a las distintas áreas de la administración con competencia en la materia” y que “la implementación de un protocolo para la atención integral de los casos habilitados legalmente para la interrupción del embarazo, a los fines de su adecuada motivación, exige la intervención y opinión fundada de distintas áreas de la administración provincial que tienen competencia en las materias comprometidas”.

“Dichas intervenciones y los consecuentes informes son condición esencial para la definición de los términos, contenido y alcance del citado protocolo”, concluye la segunda resolución.