Buenas y malas: por un lado, las empresas públicas de servicios dependientes del Gobierno bonaerense cerrarán el año con fuertes déficits operativos. Pero, después de muchos años, estas empresas recibieron importantes inyecciones de inversión que permitieron mejoras en sus prestaciones.

El estado actual de las empresas estatales del gobierno de María Eugenia Vidal no puede ser explicado sin comparar con una radiografía de cómo la actual administración recibió los balances de la gestión sciolista.

 

El foco del gobierno de Vidal estuvo en la recuperación de Aguas Bonaerenses (Absa), Buenos Aires Gas (Bagsa) y Centrales de la Costa. Según información a la que pudo acceder LPO, cuando Vidal se hizo cargo del gobierno, Absa tenía un déficit de 1.153 millones. En términos llanos, eso era lo que el gobierno debía bajar a la empresa para que pudiera funcionar durante el año.

 

Aunque en menor escala, también Bagsa y Centrales de la Costa presentaban fuertes déficits. La empresa distribuidora de gas tenía un pasivo de 120 millones, mientras que la eléctrica necesitaba fondos por 600 millones.

 

Por fuera de las urgencias quedaron Aubasa, la empresa que gestiona la Autopista Buenos Aires-La Plata y la ruta 6 (y que próximamente se hará cargo de las rutas 2 y 11). Esa empresa no presentaba déficit al momento de la llegada de Vidal, aunque tampoco tenía ganancias destinadas a inversiones.

 

En tanto, Ferrobaires recibió algunas inyecciones mínimas de fondos destinadas al pago de personal, aunque la empresa que administra los trenes bonaerenses se encuentra en pleno proceso de traspaso a la órbita nacional. Según pudo saber LPO, en las próximas semanas, unos 1.500 trabajadores de la empresa pasarán a formar parte de la administración nacional.

La nueva estrategia

 

Pero la estrategia del gobierno bonaerense fue destinar fondos no solo a sostener el gasto corriente, sino a inversiones que permitan mejoras. Aubasa recibió de las arcas de Economía, unos 250 millones para distintas obras en la traza, en ellas la renovación de la bajada de la autopista en Ensenada.

 

La situación de Absa es la más compleja. Fue la empresa que más inyección de dinero recibió para inversión: unos 813 millones destinados a distintas obras. Entre ellas un plan de recambio de cañerías en La Plata. La idea es reemplazar 28.115 metros de caños de hierro fundido, con más de 50 años de antigüedad, por caños de polietileno de alta densidad. Esa obra tendrá una inversión que supera los 136 millones.

 

Aun así, el gobierno debió girar millones en fondos para que la empresa pueda operar con “normalidad”. Pese a la crisis que la empresa arrastra desde hace años, en el gobierno proyectan que para el año próximo la empresa estatal solvente los gastos operativos con los ingresos por cobranza. En parte con una posible suba en la tarifa, pero también con el alivio -en términos de gasto- que significó la salida de ocho municipios del Conurbano que pasaron a la órbita de la nacional AySA.

 

Durante la gestión naranja, Absa era controlada por Guillermo Scarcella, uno de los funcionarios de extrema confianza de Scioli. Justamente Scarcella fue uno de los hombres apuntados por Elisa Carrió en la denuncia contra el ex gobernador por distintos delitos contra la administración pública. La diputada afirma que los fraudes se cometieron "a través de distintas cajas" como Absa, Ioma y Lotería y pidió que se investigue si las firmas de Scarcella sirvieron de vehículo para el lavado.

 

En tanto, la eléctrica Centrales de la Costa también recibió dinero para inversiones. Hacía las cuatro centrales ubicadas en la costa atlántica bonaerense fueron unos 300 millones para mejoras.

 

Por último, Bagsa -la empresa más chica en términos de inversión- recibió casi 70 millones para inversiones y unos 141 millones para palear el déficit.