Las propuestas sobre el futuro de la gestión de los residuos sólidos urbanos de los distintos candidatos a intendente de la ciudad de Córdoba no difieren demasiado: con matices, todos coinciden en un sistema basado en la recolección diferenciada para todos los barrios de la ciudad. 

Pero en lo que no acuerdan –luego de dos décadas de idas y vueltas y sistemas a medias– es sobre quién debe prestar el servicio, el municipio en forma directa o el municipio a través de concesiones privadas.

Entre los que plantean un servicio privado están el intendente Ramón Mestre, y Luis Juez. Esteban Dómina, de Unión por Córdoba, propone evaluar costos y, en caso de que convenga, la municipalización del servicio. Tomás Méndez propone la creación de un ente autárquico municipal y Daniel Giacomino quiere que la recolección vuelva a la estatal Crese.

Según el presupuesto 2015, la gestión de residuos se lleva 1.460 millones de pesos, 15,7 por ciento de los 9.247 millones del gasto total de la ciudad.

Mestre plantea un servicio privatizado. En marzo de 2012 tercerizó la recolección a través de las empresas Lusa y Cotreco con el objetivo de que el gasto no superara el 13 por ciento del pre­supuesto. Luego llamó a una licitación, proceso que está congelado porque las oferentes (tam­bién Lusa y Cotreco, a las que se sumó Urbaser) presupuestaron 180 millones al mes.

Mestre postergó la definición sobre el proceso licitatorio para después de las elecciones y se abren dos opciones: adjudicar recortando servicios para llegar a unos 140 millones de pesos mensuales, o relicitar con pliegos menos ambiciosos.

Luis Juez plantea directamente una nueva licitación con un servicio “más acorde” a la ciudad, con el objetivo de que el costo no supere el 14 por ciento del presupuesto municipal.

Esteban Dómina también quiere declarar desierta la actual licitación y no gastar más del 14 por ciento. Por eso, propone evaluar los costos del servicio tercerizado y comparar lo que costaría la prestación directa. Si este costo resultara menor, se haría de manera directa a través de la Dirección de Higie­ne Urbana, evitando el pago del 21 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Tomás Méndez considera que hay que crear un ente autárquico. Asegura que de esa forma también se ahorra el 21 por ciento de IVA, se mantiene el funcionamiento similar al de una empresa sin la burocracia del municipio y hay controles del Tribunal de Cuentas Municipal.

Daniel Giacomino quiere que vuelva a funcionar la estatal Crese, creada por él luego de la fallida licitación de 2008.

Experiencias pasadas

Según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes), el gasto municipal para recolectar y tratar residuos creció –en descontado la inflación– un 
51 por ciento entre 2012 
y 2015 (período en que la prestación fue tercerizada a través de Lusa y Cotreco).

Sin embargo, la gestión estatal también fue escandalosa.

La estatal Crese cerró su ejercicio 2011 con una deuda de 212 millones de pesos y un patrimonio negativo de 24 millones de pesos.

A esa situación financiera hay que sumar el ingreso indiscriminado de personal (sumó casi 500 nuevos empleados entre 2009 y 2011), la fallida licitación a Innviron, la del enfardamiento y del saneamiento de Bouwer, y la imposibilidad de resolver el destino y tratamiento final de la basura.

El resto

En cambio, las coincidencias de los can­didatos son sobre la extensión de la recolección diferen­ciada, la inclusión de carreros en un circuito formal en puntos verdes para reciclado y el avance en tratamiento y disposición final que reduzca la cantidad de basura que termina en enterramiento.