El gobierno resolvió en tiempo de descuento una interna legal que amenazaba con obstruir la privatización de dos usinas eléctricas que están en manos de la estatal Enarsa, hoy rebautizada como IEASA. Por los activos pelean los mayores jugadores del sector como Pampa Energía, Central Puerto e YPF Luz, una subsidiaria de la mayor petrolera del país, entre otros.

La licitación de venta las centrales Ensenada Barragán y Brigadier López se anunció en noviembre de 2017 y se demoró más de la cuenta. La ralentización provocada por la crisis cambiaria, que espantó a inversores internacionales interesados en ingresar al negocio energético, se acentuó por una disputa técnica entre el Ministerio de Hacienda y el área de Legales de IEASA.

Las centrales, que demandaron una inversión cercana los mil millones de dólares, fueron construidas durante el gobierno de Cristina Kirchner con un préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La cartera a cargo de Nicolás Dujovne se opuso a vender los activos si antes no se saldaba la deuda con la ANSES, que hoy ronda los US$ 500 millones. “La pérdida de los avales planteó un escenario diferente, más riesgoso”, explicaron desde el organismo que encabeza Emilio Basavilbaso ante la consulta de Perfil.

En IEASA interpretaban, en cambio, que los avales financieros podían transferirse a privados. Así lo plantearon cuando lanzaron la compulsa pública. “Al momento de invertir en las centrales, el FGS no contempló ninguna cláusula de salida en caso los activos cambiaran de manos, simplemente porque el Estado era el actor en todos los lados del mostrador”, explicó un funcionario que conoce los pormenores de la operación. Finalmente se optó por pedir un dictamen de la Oficina de Crédito Público de la Auditoría General de la Nación, que se alineó con Hacienda y estableció que, si el Estado privatiza las centrales, el FGS debe salir del negocio.

El saldo del diferendo legal no es ajeno a la suerte de la licitación. Los interesados deberán presentar sus propuestas económicas antes del 31 de enero. La novedad es que ahora deberán cancelar en efectivo el remanente para cancelar el crédito del FGS. En el caso de la central Ensenada Barragán, ubicada en las afueras de La Plata, son US$ 300 millones. Para Brigadier López, al sur de Santa Fe, son US$ 160 millones, según explicaron a este medio funcionarios y ejecutivos que participan del proceso. “Conseguir líneas de crédito por ese valor no es sencillo con estos niveles de riesgo país e incertidumbre macroeconómica. Hubiese sido mejor si se cumplían las condiciones originales y se transferían a los privados los avales del FGS. Además, hay que financiar el cierre de ciclo de las centrales, que en el caso de Ensenada implica sumar otros US$ 250 millones más de inversión”, cuestionó bajo reserva de nombre un empresario que estaba definiendo si participar o no en el concurso por esa central.

Con una potencia instalada de 560 megawatt (MW), la más grande de las plantas entre las dos que vende el Estado, en el mercado pronosticaban que su futuro se definiría entre dos: YPF Luz y Pampa Energía. Sin embargo, desde el grupo que lidera Marcelo Mindlin le restaron chances a esa posibilidad. “Es un proyecto complejo por cuestiones de ingeniería y de índole social”, advirtieron. (...)