"No transformen a la Justicia en un foro para debatir la política". El pedido se los hizo hace poco el fiscal general Fabián Fernández Garello a los integrantes de la comisión legislativa que sigue la investigación de la venta irregular de licencias de conducir. "Nos pidió cautela", interpretó uno de esos concejales al salir del encuentro.

Fue en la mañana del 12 de marzo. Los ediles habían solicitado una audiencia en la Fiscalía después de enterarse del nuevo allanamiento en las oficinas del Distrito El Gaucho. Estaban ansiosos: querían detalles de las nuevas derivaciones judiciales.

Ese mismo día, el radicalismo difundió que dos involucrados en las maniobras irregulares habían mencionado, entre quienes supuestamente tramitaron la licencia sin dar los pasos correspondientes, a familiares del intendente Gustavo Pulti y de otros funcionarios de su gabinete. Sin ocultar su fastidio, Pulti rechazó la denuncia y de paso enlodó a la radical Vilma Baragiola, a la que acusó de haber cometido irregularidades para conseguir su registro.

Fue una jornada de acusaciones cruzadas que dejaron en evidencia que los carpetazos ya forman parte de la campaña vernácula. Así como en el escenario nacional los protagonistas son la Presidenta, el vicepresidente, los empresarios vinculados al poder o el jefe de gobierno porteño, en el plano doméstico el terreno judicial parece por momentos uno de los campos de batalla de la guerra que se declararon hace tiempo Acción Marplatense y la UCR.

Los fiscales son conscientes de que, en un año que comenzó con la demanda de más justicia tras la muerte de Alberto Nisman, puede haber una lluvia de denuncias en todas las direcciones. Y se pusieron como objetivo "actuar con celeridad".

La andanada comenzó el año pasado, cuando Baragiola, gran ganadora de las legislativas de 2013, fue filmada en una reunión con la secretaria general de los camioneros, Eva Moyano, en la que se hablaba sobre un expediente para sacar del listado de bienes de valor patrimonial al chalet que tiene el gremio en Santa Fe y Falucho.

La difusión de ese video, varios meses después y en su versión editada, le costó a la radical la presidencia del Concejo. Lo más curioso del episodio fue que el propio radicalismo había acudido a la Justicia para denunciar a Moyano por difamar al bloque. Eso sí: más allá de su destitución, Baragiola no sufrió ninguna consecuencia judicial.

El caso de la radical no terminó ahí. La semana pasada, su abogado anunció que demandará por injurias a la concejal de Acción Marplatense Alejandra Urdampilleta (dijo que Baragiola "se ríe del patrimonio"), y al secretario de Derechos Humanos municipal, José Luis Zerillo, por violar la ley de ética pública, pues obró como defensor de Urdampilleta.

Tras el caso del video estalló el de la venta irregular de registros de conducir. Y motivó, por caso, que la UCR pidiera a Pulti que separara del cargo al entonces secretario de Seguridad, Adrián Alveolite, y al director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, hasta que se esclarecieran los supuestos beneficios a familiares. Pulti no sólo descartó relevarlos (a Alveolite lo hizo pasar a la Subsecretaría de Gobierno y Control) sino que recordó que esos funcionarios habían impulsado la investigación en las oficinas del Distrito El Gaucho.

La última novedad sobre el asunto también tiene correlato político. Rolando Alveolite, el padre de Adrián, intimó a Baragiola a rectificarse: la radical había deslizado que el hombre consiguió su carné de conducir por la amistad de su hijo con Juan Carlos Belmonte, ex jefe del área de licencias de conducir acusado de encabezar la banda que las vendía irregularmente. Un detalle: el mismo día que se conoció la intimación, y no por casualidad, el intendente mencionó públicamente que Alveolite siempre defendió "con honor" el apellido de su padre.

En rigor, Adrián Alveolite tiene otros problemas. En febrero, la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10 pidió la elevación a juicio de una causa en la que se lo acusa de haber abusado de su autoridad para clausurar un comercio en 2013 y de falsificar un instrumento público al momento de fundamentar la decisión ante el Juzgado de Faltas.

También fue denunciado por demoler una construcción en la que se vendía droga. "Es insólito. El funcionario cuestionado es el que clausura un comercio que estaba usurpado y el que demuele lugares donde se vende droga", suele sorprenderse Pulti cuando le preguntan sobre esas causas. Y siempre recuerda que, en ninguna de las dos, se investigan hechos de corrupción. Pero no dejan de ser ciertos el procesamiento y la posibilidad de un juicio oral.

En la mira

Después del escándalo del video, los dirigentes locales del radicalismo se disponían a vivir un inicio de año más tranquilo, con una consigna casi exclusiva: fortalecer la imagen de Baragiola rumbo a las primarias. Lo que nunca imaginaron fue que uno de sus correligionarios estaría involucrado en la causa más importante del país por envío de cocaína a Europa.

La detención, el mes pasado, del abogado Mariano Castelluci fue otro golpe para el radicalismo: el acusado de lavar activos compartía estudio con el presidente del comité local, Daniel Núñez, y estaba inscripto como mayor contribuyente por el radicalismo en el Concejo Deliberante. La magulladura más grande la sufrieron los dirigentes provenientes de Franja Morada (donde se formó políticamente Castellucci), que en lugar de celebrar el acuerdo de la UCR con el PRO que tanto alentaron debieron llamarse a silencio para digerir el mal trago. "Cayó como una bomba", graficó la situación un concejal, y el comité no tuvo más alternativas que suspender la afiliación de Castellucci y borrarlo del listado de mayores contribuyentes.

El uso político de la causa quedó claro en la sesión en que el radical Nicolás Maiorano no fue confirmado como presidente del Concejo. Y él mismo aportó el dato: "Para criticarme ahora andan diciendo que soy narcotraficante". No se refería a los concejales del oficialismo, sino a los militantes que lo hostigaban desde la barra.

En las oficinas judiciales parece haber de todo. Y ningún partido se salva. Sobre todo porque nunca faltan rivales que se encarguen de difundir las denuncias. El propio Núñez, unos días antes de anoticiarse de la desgracia de Castelluci, había publicado en su cuenta de Facebook que pesaba sobre el intendente una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. "Aparentemente no podría dar explicaciones sobre una propiedad muy valiosa que habría adquirido en la zona de Los Troncos", escribió en potencial.

La denuncia existió. Pero, según una alta fuente judicial, no hubo pruebas que corroboraran la sospecha. En la resolución sí hubo, en cambio, una advertencia para Pulti: deberá actualizar su declaración jurada.

El hospital y la ruta

Jorge Ceballos, el candidato a gobernador de Libres del Sur, lo dejó en claro cuando en el verano visitó Mar del Plata: su campaña iba a hacer eje en el estado de las rutas y los hospitales. Las denuncias por el mal estado de la ruta 88 y las condiciones en que funciona el Hospital Interzonal fueron, por tanto, dos consecuencias de esa declaración de principios.

Incluso el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 ordenó al gobierno de la provincia de Buenos Aires que ejecute controles viales y señalizaciones de alerta en esa ruta que no para de cobrarse víctimas. Además, la abogada Victoria Vuoto, dirigente marplatense de Libres del Sur, auspició una denuncia de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud para que la Provincia ponga en condiciones el Interzonal y tome urgentes medidas de seguridad.

"Somos conscientes de que se utiliza a la Justicia para dirimir cuestiones políticas", dicen en la Fiscalía. "Pero también que no pasa sólo acá". Y creen que la única manera eficaz de responder ante tanto requerimiento es actuando rápido y sin esconder nada.