Francisco Cabrera apoyó sus brazos en el atril. Parado en una pierna y envolviendo con la otra el talón, volvió a hacer un mea culpa. "Sabemos que parte de los problemas de competitividad que tienen son culpa del Estado", repitió a un centenar de empresarios que lo escuchaban el lunes en Casa Rosada. "Necesitamos una reforma tributaria. Hoy hablé con Alfonso (por Prat-Gay) y... tenemos nuestras restricciones fiscales", alertó el ministro de Producción.

Dos fuentes involucradas en el proceso de reforma fiscal integral que analiza el Gobierno dijeron a LA NACION que la misma no llegará en 2017. Hay elecciones y no es políticamente correcto librar a empresas privadas de más impuestos. Pero, además la plata no alcanza. Algún optimista piensa en marzo de 2018. Otros lo patean a un año y medio. El gradualismo será nuevamente leit motiv.

Asoman las internas por el timming. Cabrera es el encargado de seducir a los hombres de negocios para que inviertan y compitan con el mundo en una economía más abierta. Todo con el costo argentino a cuestas. En la Casa Rosada, en cambio, apuntan al equilibrio fiscal para seguir bajando el costo de capital. "Hay que inundar la Argentina de dólares", estimó ante LA NACION un funcionario con despacho en Balcarce 50. En Hacienda hacen equilibrio: allí reside la Comisión para la Reforma Tributaria, empujan un mayor crecimiento a través de una baja de tasas -que Federico Sturzenegger, en el Banco Central, aún no avala- y quieren mantener su pauta de déficit fiscal de 4,2% para 2017.

La Comisión se reúne cada semana. De los encuentros, coordinados por el economista Nadín Argañaraz, participa muchas veces el mismo Prat-Gay. Allí, según contaron, están aún en una etapa de "diagnóstico". La idea de la Comisión es proponer una reforma "progresiva, simplificadora y que promueva el desarrollo social". En Hacienda quieren manejar sus propios tiempos y, por eso, en un contexto de blanqueo rezan por que ninguna artimaña legislativa le ponga un cronómetro a Prat-Gay a la hora de una reforma global.

"Ingresos brutos es la obsesión de Macri", contaron. "Habrá que hacer un fuerte trabajo con las provincias", coincidieron en la Casa Rosada. En ambos despachos descartan que se pueda llegar a impulsar un IVA provincial, propuesta oficial del gobierno de Córdoba. En las empresas prefieren una baja y un emparejamiento de las alícuotas para terminar con las "aduanas internas", algo que está también en la mira de la Corte.

Entre 2005 y 2015, la presión tributaria (recaudación como porcentaje del PBI) creció 31%. Sus impulsores fueron los impuestos a los ingresos brutos y Ganancias. El primero creció en paralelo al gasto provincial y municipal, impulsado por el aumento del empleo público. En la última década se pasó de 1,5 millones de empleos estatales a 3,5 millones.

Otra distorsión es el impuesto al cheque. En este caso, la idea que por ahora empujan los funcionarios está en que se mantenga, pero que se pueda deducir a cuenta de Ganancias, tal como establece la ley para pymes reglamentada el mes pasado. Buscarían extender esta posibilidad a todas las empresas. Sería un win-win: mejoraría la ecuación empresarial y además sólo podrían hacerlo las compañías que trabajan en blanco. Por lo tanto, incentivaría la formalización.

Justamente, la informalidad es un tema que preocupa en la Jefatura de Gabinete y en el gabinete económico. "La evasión fiscal en la Argentina está entre un 30 y un 40%. El sistema discrimina hoy a los que están en blanco", afirman.

El Gobierno planea avanzar y con fuerza en el blanqueo de la economía. El faro allí es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que en 2013 impulsó los llamados BEPS (base erosion and profit shifting, en inglés). Se trata de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales, de los que pueden servirse las empresas multinacionales. Según la OCDE, los países pierden alrededor de US$ 240.000 millones por la elusión.

El otro "profundo análisis" será el de los impuestos internos, que se les cobra a muchas actividades, como la industrias automotriz y la de bebidas, entre otras, y que impactan en los precios finales.

En la Rosada sólo piensan en hacer accesible el financiamiento para las empresas. Para eso, quieren equilibrio fiscal en cuatro años. Dicen que este año ya hubo ley de autopartes, pymes, blanqueo y derechos de exportación. Para la reforma integral habrá que esperar, aunque -como admite la Biblia de Cabrera, o su Plan Productivo Nacional- las empresas tienen una presión impositiva de 137% de sus ganancias.

Con crecimiento, los funcionarios admiten que igualmente habrá apertura gradual. "La Argentina necesita competencia", dicen, pese al costo argentino. Será entonces un mundo para los más competitivos.

Tasas ?que preocupan

El impuesto más distorsivo para el Gobierno es Ingresos brutos, porque sus alícuotas subieron mucho en estos años y de manera despareja, lo que genera "aduanas internas". No se eliminaría, pero se buscará morigerar gradualmente las alícuotas con acuerdos con los gobernadores

También preocupa el impuesto al cheque. Se mantendría el gravamen, pero podría tomarse a cuenta de Ganancias como lo establece la ley pyme

Los impuestos internos que se cobran a diferentes actividades -automotrices, bebidas, entre otros- también serán revisados, contaron fuentes oficiales.