Desde la recuperación democrática, la Argentina intentó dejar atrás un paradigma comunicacional que era autoritario, mercantilista y liberal, para desarrollar un nuevo paradigma en la perspectiva de los Derechos Humanos. No fue fácil. Las presiones de las corporaciones comunicacionales, durante las primeras décadas de la democracia, lograron el fracaso de 73 proyectos de ley, de distintas fuerzas políticas, para alcanzar la tan deseada comunicación democrática.

Las consecuencias fueron claras: una concentración mediática única en la historia del país. Tres o cuatro familias manejando los intereses comunicacionales de todo un pueblo. Un solo grupo, con pensamiento único, pisoteando el pensamiento y los intereses múltiples de millones de personas.

La lucha popular llevada adelante por la Coalición por una comunicación democrática, que reunía a más de 300 organizaciones sindicales, sociales, profesionales, académicas, culturales y de Derechos Humanos, encontró finalmente eco en la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien decidió la elaboración de un proyecto de ley que tomara los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación y lo envió al Congreso de la Nación Argentina. Después de 24 foros de participación ciudadana a lo largo y a lo ancho de todo el país, la concreción de audiencias públicas y un profundo debate en los diferentes sectores sociales, que introdujo 120 modificaciones al texto original, por el voto mayoritario de ambas cámaras se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Esa ley, combatida de manera permanente por los grupos comunicacionales concentrados, avalada luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puso límites a los monopolios y oligopolios, creó tres sectores de la comunicación: el estatal y el de gestión privada con y sin fines de lucro, y reconoció nuevos sujetos de derechos. La Argentina se encuentra ahora mismo modificando su mapa comunicacional, para evitar que los monopolios y oligopolios de la comunicación sigan conspirando contra la democracia.

Esta política de reconocimiento e inclusión revierte discriminaciones estructurales en el ejercicio de la libertad de expresión. La reserva del 33% del espectro radioeléctrico y el apoyo a los sectores sin fines de lucro, especialmente a los medios comunitarios y servicios audiovisuales de los Pueblos Originarios, son ejemplos de medidas que garantizan la diversidad y la pluralidad informativa. Se trata fundamentalmente de profundizar la libertad de expresión en su dimensión universal, de reconocer al público audiovisual como sujeto pleno de derechos y, fundamentalmente, titular del derecho a la información plural y diversa en sus múltiples sentidos: tanto en la propiedad de los servicios audiovisuales y la inclusión de nuevos actores comunicacionales, como en la diversificación de las representaciones culturales que reflejan las programaciones, que deben evitar el tratamiento estereotipado, estigmatizante y discriminatorio.

Sin dudas, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resulta un gran avance en la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y los derechos a la libertad de expresión y al acceso democrático a la información, además de representar un modelo para la región y principalmente para los países hermanos del Mercosur.

En esta nueva construcción colectiva de una comunicación democrática, se fundó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que represento. Fue creada por esa ley de medios audiovisuales, con alcance nacional, autonomía en la gestión y autonomía presupuestaria, con evaluación y dependencia orgánica en una Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación, del Parlamento argentino, con integración de las diferentes fuerzas políticas, sin capacidad sancionatoria, pero con una extraordinaria capacidad de diálogo para defender a las audiencias de la radio y la televisión, comprendiéndolas como nuevos sujetos de derechos.

La Defensoría, diseñada como instrumento de garantía de los derechos del público, es otra de las políticas positivas que asume el Estado para corregir asimetrías históricas en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual y a la información diversa y plural. Se trata de que el Estado se haga cargo de su rol de salvaguarda del derecho a la comunicación y genere las instituciones necesarias para lograrlo.

Como ustedes saben, la comunicación no es un negocio, sino un servicio, así como la información no es una mercancía, sino un derecho humano, fundamental e inalienable.

Por eso, sólo un espacio como la Defensoría del Público o de las Audiencias, un organismo de Derechos Humanos, especializado en el derecho a la comunicación, puede garantizar que los derechos sean un hecho. No se puede dejar librada a la buena voluntad de los privados el cumplimiento de los Derechos Humanos. Cuando en este país se dejó la custodia de la libertad de expresión en mano de los privados, se ocultó un genocidio.

Desde su creación, el 14 de noviembre de 2012, la Defensoría del Público recibió 2704 reclamos, denuncias, consultas e inquietudes y logró resolver de manera positiva el 70% de esas presentaciones, mientras que el 30 % restante se encuentra en trámite y seguramente correrá la misma suerte positiva. Se adoptaron 64 resoluciones, 72 acuerdos reparatorios, se realizaron 70 encuentros de diálogo y se hicieron 110 informes sobre piezas audiovisuales cuestionadas.

Y quisiera detenerme en esta cuestión de las posibilidades de reparar los derechos del público o de personas en particular cuando estos fueron vulnerados en la actividad de la televisión o la radio. Porque la reparación es un elemento central de una mirada integral de lo que significa la vulneración de un derecho.

La Defensoría procura lograr este objetivo reparador cuando inicia el diálogo con la emisora, la productora, la agencia o quien haya sido señalado por vulnerar un derecho. Entendemos que marcar este incumplimiento solamente no alcanza y que el efecto de la reflexión crítica debe ser, también, encontrar el modo de subsanar el daño producido y evitar que se reitere en el futuro.

Rectificaciones, disculpas pedidas al aire, cambios en prácticas y mensajes, actividades de capacitación, correcciones en publicidades sexistas o discriminatorias, son algunas de las acciones que ha propiciado este diálogo. Dichas a tiempo, sin las dilaciones que produciría judicializar algunos de estos conflictos, y con el potencial de generar conocimiento y conciencia sobre los derechos en ámbitos donde prima el ritmo vertiginoso del rating, minuto a minuto. Creemos que donde todavía prima la mirada mercantilista es necesario transformarla en una mirada humanista.

Entrar en diálogo a través de la Defensoría, en tanto enlace y puente, significa detener por un momento esa lógica, ponerse en el lugar del público y comprender la responsabilidad social que tienen como licenciatarios y como comunicadores cada una de las personas que integran este gran puzzle comunicacional. Así se crea un marco propicio para la reflexión y surgen ideas de reparación que no tienen antecedentes en la comunicación audiovisual en la Argentina.

También en este encuentro dialógico se gestaron los acuerdos que permitieron a muchas personas acceder a señales de televisión, cuya inclusión en la grilla estaba judicializada o dificultada por impedimentos técnicos. Se llegó a digitalizar un barrio periférico de la ciudad de Posadas para permitir que un joven amante del cine disfrutara de una señal de cine nacional que tenía derecho a tener. Donde hay una necesidad, hay un derecho; y donde hay un derecho hay un llamado al funcionario público a garantizarlo. Ese es uno de nuestros ejes rectores, "tus derechos son nuestra obligación".

Por eso se trabajó con una mirada interdisciplinaria en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en armonía con la Convención sobre Derechos del Niño y de la Ley argentina de protección integral, N° 26.061, son sujetos de derechos y protecciones específicas en el ámbito de la comunicación audiovisual.

Las voces de los niños, niñas y adolescentes deben tener un lugar en la radio y la televisión, y deben promoverse los proyectos de radios escolares y otras iniciativas que garanticen su acceso a la información y su ejercicio de la libertad de expresión.

El respeto al sistema de protección de horario que fija la Ley 26.522 es uno de los principales temas de reclamo que ha recibido la Defensoría desde su creación y es preciso generar el debate para profundizar estas pautas y promover el compromiso en su cumplimiento. Reclamos sensibles que revelan la genuina preocupación de los adultos por lo que ven y escuchan sus hijos e hijas, nietos y niños en general y también de los propios adolescentes y niños y niñas que tienen derecho a expresarlo de manera directa, sin necesidad de ser tamizados por un adulto.

En su tarea de defensa de grupos vulnerados, la Defensoría impulsa además la plena implementación del artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que consagra una política pública de inclusión de las personas con discapacidad en la comunicación audiovisual, al incorporar subtitulado oculto, audiodescripción narrativa e intérpretes de lengua de señas argentina.

Y en lo que hace a la discriminación en la radio y la televisión, las preocupaciones del público muestran el cambio de época, con una conciencia de nuevos derechos que también se han ganado en los últimos años. Esto se expresa por ejemplo en los reclamos por discursos que no son respetuosos de la diversidad de identidades de género, del derecho a la libre elección de esa identidad y a vivir de acuerdo a ella, o que invisibilizan algunas de estas identidades y sus expresiones. Porque invisibilizar también es discriminar.

Las audiencias públicas, realizadas durante 2013 en todo el país, constituyeron un mecanismo inédito de interacción entre un organismo público de puertas abiertas y de cara a la sociedad, ya que las exposiciones libres de 278 personas y la participación de más de 1670, significaron la realización de un mecanismo colectivo y democrático de diseño de políticas públicas sin antecedentes regionales.

La sociedad marca las directrices de intervención comunicacional que esta Defensoría realiza y se propone realizar cada día. La convocatoria es en el todo el país, a todas las personas por igual, para que expresen sus ideas y opiniones sobre el funcionamiento de la radio y la televisión. De manera sistemática, se realiza la convocatoria en cada región del país y se elabora luego una radiografía comunicacional que permite visualizar las diferentes problemáticas de manera clara y para diseñar políticas públicas específicas para solucionarlas. Así las audiencias se convierten en actores decisivos de la comunicación, reclamando ante la Defensoría y la Defensoría amplificando su voz para lograr transformaciones.

Por otra parte, desde la perspectiva de esta Defensoría, "nadie reclama un derecho que no conoce". Por eso se trabajó fuertemente en la difusión del derecho a la comunicación, de la LSCA y otras leyes como la de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las ya mencionadas, y en la educación crítica de las audiencias. Durante 2013, se capacitó a 11.387 personas durante 542 horas, recorriendo 247.148 kilómetros. En escuelas públicas, privadas y de gestión social, en barrios de las capitales de provincias y pequeñas localidades, en sindicatos de las distintas ramas laborales, en canales de radio y televisión, de gestión privada, con y sin fines de lucro y también estatales, no sólo en las capitales, sino a lo largo y ancho del país.

Somos conscientes de que el camino hacia la soberanía comunicacional significa el cambio de una matriz económica, pero también de una matriz simbólica. La redistribución de la riqueza no es sólo económica, sino también informativa. Por eso, la Defensoría del Público decidió una alianza estratégica con otros organismos públicos nacionales, provinciales y municipales y la sociedad civil. Así, por ejemplo, declaró el año 2014 de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres, junto con la autoridad de aplicación de la ley, AFSCA, el instituto que lucha contra la discriminación y la xenofobia, INADI y el Consejo Nacional de las Mujeres.

Se trata de sensibilizar a las audiencias, licenciatarios, trabajadores de la comunicación y los distintos sectores de la sociedad civil de la trascendencia de los medios de comunicación en la promoción de distintas formas de ver la vida y el mundo. Los medios de comunicación pueden discriminar, pero también pueden incluir, pueden realizar coberturas espectacularizantes, pero también pueden difundir información social relevante.

Puede estigmatizar a las mujeres, revictimizar a las víctimas de trata, por ejemplo, o ser puente con los distintos organismos que desarrollan políticas públicas para luchar contra la trata y las audiencias y amplificar el trabajo de la sociedad civil para erradicar esos flagelos.

Lamentablemente tenemos que decir que un monitoreo hecho por la Defensoría del Público sobre los noticieros de la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires concluye que de 13.029 noticias analizadas durante un año, sólo 37 tenían como tópico principal el género. Sólo el 0,3 por ciento. Escucharon bien, el 0,3% de las noticias fue sobre género. Si se analizan aquellas que tuvieron género como tópico secundario, puede verse que el 73% tuvo como tópico principal los policiales. Es decir que la construcción de las subjetividades de las mujeres en los noticieros está absolutamente policializada.

La mujer no es noticia cuando se reconoce como sujeto político. La mujer no es noticia por su trabajo, ni por sus luchas. La mujer sólo es noticia cuando se exhibe como mercancía o cuando es asesinada. Y para colmo, la cobertura de ese feminicidio casi nunca es social, casi nunca se considera una problemática cultural e histórica, casi nunca se dan teléfonos ni líneas de asistencia a la víctima, el victimario nunca es eje de la noticia ni menos aún lo son las consecuencias judiciales de los hechos.

A los medios de comunicación audiovisual masivos tampoco les interesa la niñez, sólo representa el 0,9% de las noticias. Tampoco los Derechos Humanos, que representan el 0,4% de las informaciones, ni la educación que es el 0,3 por ciento. A los informativos de la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires le importan esencialmente los crímenes y las noticias policiales. En nuestra televisión de cada día, un crimen cotiza más que la educación y los Derechos Humanos.

Esto evidencia que la monopolización comunicacional no sólo es económica. Los monopolios y oligopolios lograron un predominio económico a la vez que construyeron un predominio discursivo, en el que prima la lógica del caos por sobre la del diálogo y la inclusión.

Desde la Defensoría del Público seguiremos trabajando en la difusión de los derechos, para el empoderamiento ciudadano. En la educación crítica de las audiencias. En la necesidad de que esas audiencias se apoderen de este espacio para ejercer su ciudadanía comunicacional. Y en la promoción de la creación de otras Defensorías del Público o de las Audiencias para que en toda Latinoamérica –con quien compartimos historia, presente y futuro en la construcción de una comunicación democrática– el público sea considerado sujeto pleno de derechos.

Creemos fundamental que cuenten con un defensor o defensora que amplifique sus reclamos y los defienda ante la vulneración de sus derechos por parte de los medios de comunicación públicos, pero también de los de gestión privada con y sin fines de lucro.

No alcanza solamente entonces con promover la autorregulación, como también hacemos, no alcanza con dejar librado al azar la construcción de una nueva ciudadanía comunicacional. El Estado debe estar presente, activo, con agilidad y sin burocracia para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la comunicación.

Así, y sólo así, empoderando a la ciudadanía; logrando que se apodere de estos espacios estatales y autónomos y respondiendo a cada reclamo, a cada denuncia, transformando la discriminación en inclusión, la estigmatización en diversidad y pluralidad, el grito único en uno múltiple, seguiremos profundizando la democracia.