La Justicia federal de Córdoba decidió la imputación de ocho exfuncionarios de la gestión del intendente Ramón Mestre vinculados a la empresa municipal de la basura, Crese, y de otras cinco personas acusadas de haberse beneficiado económicamente con la celebración de contratos con esa sociedad del Estado municipal.

De esta manera, los millonarios manejos de dinero del servicio de basura de la ciudad de Córdoba ya suman tres grandes ramas de investigación judicial: la gremial, que tiene detenidos en la cárcel de Bouwer a los sindicalistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone; la empresarial, con imputaciones que alcanzan a 16 directivos de la empresa recolectora Cotreco, y ahora la política, con estas primeras imputaciones contra ocho exfuncionarios.

Dos directorios

El fiscal federal Enrique Senestrari determinó que en las maniobras se habrían cometido cinco tipos delictivos: lavado de activos, evasión agravada, asociación ilícita fiscal, defraudación por administración fraudulenta y tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales.

Así, el requerimiento fiscal de imputación afecta a los dos expresidentes de la empresa municipal Crese nombrados por Mestre, Alberto Castagno (primer directorio) y Norberto Romildo Bergami (segundo directorio).

También incluye a los exdirectores técnicos de la empresa Oreste Godino y Walter Aldo Vargas; a los exdirectores administrativos Enrique Agustín Imberti Figueroa y Arnoldo Eduardo Levin; al exsíndico Pablo César Cáceres, y al exdirector obrero y sindicalista del gremio de recolectores Surrbac, Pascual Catrambone. Cabe señalar que uno de los directivos imputados, Levin, falleció en julio de 2016.

A todos los exfuncionarios (con excepción de Cáceres) el fiscal los encuadra en la figura penal de defraudación calificada fraudulenta en carácter de autores.

Esta se basa en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal, que castiga con hasta seis años de prisión a quienes, teniendo a cargo el manejo o la administración de bienes ajenos, procuran para sí o para terceros un lucro indebido, violando sus deberes o perjudicando los intereses que les fueron confiados.

El fiscal también imputa al expresidente Bergami, a Vargas y al exsíndico Cáceres por otro delito: tentativa de aprovechamiento ilegítimo de beneficios fiscales. A los primeros, en carácter de autores; y en carácter de partícipe necesario a Cáceres.

Cabe recordar que Catrambone, junto con Castagno y Godino, están imputados también por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en otra causa judicial de la Justicia provincial. Habrían contratado a la constructora Krates, vinculada a Catrambone, a través de supuestos testaferros que eran empleados de la propia Crese, y luego del Esop, para realizar tareas en el predio de enterramiento.

Más para investigar

El requerimiento fiscal no se detiene solamente en estos ocho exfuncionarios.

Según informaron a este diario abogados de los imputados, Senestrari también le solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que investigara la historia fiscal de los integrantes del primer directorio del Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), organismo creado por el exintendente Mestre.

Se trata de César Ferreyra, Luis Brower de Koning y Armando Mayor. Este último es actualmente vocal de la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba. Ferreyra dejó el Esop luego de que La Voz publicó que la cúpula del gremio cobraba sueldos sin ir a trabajar y pasó a desempeñarse como asesor de Mestre.

El fiscal también le pide a la Afip que investigue a las siguientes autoridades que tuvo el Esop: el expresidente Alfredo Sapp y el exdirector Lucas Samamé, ambos colaboradores directos de Mestre.

Sapp es ahora titular del bloque radical en el Concejo Deliberante y, con el apoyo de Mestre, acompañó a Rodrigo de Loredo como candidato a viceintendente en las elecciones del año pasado. Samamé fue, además, director del Registro Civil de la Municipalidad.

Las imputaciones no alcanzan, por ahora, a autoridades de mayor jerarquía en la anterior administración municipal, aunque el requerimiento del fiscal habla de que existen “personas todavía no identificadas” en las maniobras.

Senestrari dijo ayer a este medio: “Hoy no tengo pruebas que me digan que hubo responsabilidades políticas. Hay que ver si algún organismo de control omitió funciones. Lo secuestrado en los allanamientos todavía no fue desintervenido porque falta la participación de Afip en el proceso”.

Por esta causa ya se produjeron dos jornadas con múltiples allanamientos ordenados por el juez Ricardo Bustos Fierro.

Los primeros fueron en noviembre de 2019 e incluyeron la sede de Crese, el Esop y los domicilios de los exfuncionarios.

Los segundos fueron el 10 de este mes y tuvieron como objetivos el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad, la Secretaría de Finanzas y el Tribunal de Cuentas municipal.

Cinco imputados más

Las otras cinco personas imputadas en la causa no son exfuncionarios. Fueron identificadas como Cristian Eduardo Herrera, su esposa Micaela Schörnig, su hermano Ignacio Guillermo Herrera, Claudio César Bonaldi y Gerardo Luis Cuevas Lescano.

Cristian Herrera fue detenido el jueves 13, cuando regresó de Brasil y se presentó espontáneamente en los tribunales federales. Fue enviado a la cárcel de Bouwer y recuperó su libertad el miércoles 19, luego de acreditar una fianza por 15 millones de pesos.

También fueron allanadas su vivienda en el country Bosque Alegre, de la ciudad de Villa Allende; otra vivienda de los imputados y el domicilio de la empresa Panno Textil SA, de barrio El Refugio.

Cristian e Ignacio Herrera, Schörnig, Bonaldi y Catrambone fueron imputados por asociación ilícita fiscal. A los tres primeros, además, se los acusa de evasión agravada y también de presunto lavado de activos junto con Bonaldi y con Cuevas Lescano.

Sesma: Esto debe continuar hasta ver la responsabilidad política

La exconcejala Laura Sesma, denunciante en los últimos años de las supuestas irregularidades vinculadas al servicio de recolección de basura de Córdoba, sostuvo ayer que estas imputaciones contra exfuncionarios deben ser “solamente el primer paso, para continuar hasta ver la cadena de responsabilidades políticas”.

Sesma, que fue autora de diversas denuncias judiciales sobre la problemática, señaló ayer a este medio que “es imposible pensar que esos funcionarios de Crese o del Esop hayan tomado una sola decisión sin consentimiento del intendente Ramón Mestre y de sus secretarios del área”.

Para la exconcejala, “tanto Crese como Esop fueron concebidos como escudos de impunidad para los funcionarios, para intentar salvarse judicialmente de las tropelías que cometían”.

Senestrari: Todo vinculado

El fiscal federal que imputó a los exfuncionarios, Enrique Senestrari, expresó su convencimiento de que este caso y el de Cotreco se tocan. “Está todo muy vinculado: el tema impositivo, las compras, los testaferros, la generación de deudas. Todo gira alrededor del dinero de la recolección de basura”, indicó.

Las actuales autoridades del Esop en la gestión del intendente Martín Llaryora, que encabeza ahora Victoria Flores, prefirieron no referirse al tema y esperar a ver cómo avanza la causa judicial.

El liquidador de Crese designado por Llaryora, Martín Llarena, dijo que no han detectado que Crese tenga deudas con las empresas proveedoras que han sido vinculadas con el gremio Surrbac. Es decir, los contratos ganados ya les habrían sido pagados.

Uno de los abogados de los imputados que no son exfuncionarios dijo que están desconcertados por la imputación. “No se ve hilo conductor en el requerimiento. No se entiende por qué se mezcla Crese con la actividad de estos privados. Mi cliente puede demostrar que no ha cometido irregularidad tributaria ni administrativa alguna”, dijo el defensor.

Tres líneas de investigación Gremio, empresas y política

Hasta ahora se desarrolló principalmente el costado gremial.

Surrbac. Tanto en la Justicia provincial como en la federal existe una decena de causas que investigan supuestas irregularidades cometidas en el sindicato de recolectores Surrbac, en su mutual y en su obra social. La causa más avanzada llevó a prisión, en agosto de 2019, a los dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. Las restantes causas –varias derivadas de la principal– tienen diferentes grados de avance.

Cotreco. La Justicia federal imputó a 16 directivos de la empresa recolectora Cotreco, incluido su presidente y extitular de la Cámara de Comercio de Córdoba, Horacio Busso. Se los acusa de asociación ilícita para evadir impuestos y lavado de activos, entre otros presuntos delitos. Esta empresa, en varios aspectos, fue casi dirigida por el gremio Surrbac, que hizo entrar a numerosos empleados a sus filas.

Municipalidad. También hay más de una causa judicial en este ámbito. Una investiga presunto lavado de dinero en las últimas licitaciones del servicio de basura. Otra, sobre la que se informa hoy, apunta a presuntas maniobras delictivas ocurridas en los entes municipales Crese y Esop durante las gestiones del exintendente Ramón Mestre, en las que también habrían participado directivos del sindicato.

Uno por uno, los imputados

Exfuncionarios de Mestre, empresarios y particulares.

Exfuncionarios

Alberto Castagno. Expresidente de la empresa municipal Crese.

Norberto Romildo Bergami. Expresidente de Crese.

Oreste Godino. Exdirector técnico de Crese.

Walter Aldo Vargas. Exdirector técnico de Crese.

Enrique Agustín Imberti Figueroa. Exdirector administrativo de la firma Crese.

Arnoldo Eduardo Levin. Exdirector administrativo de Crese (fallecido).

Pablo César Cáceres. Exsíndico de Crese.

Pascual Catrambone. Exdirector obrero de Crese.

Particulares

Cristian Eduardo Herrera. Supuestamente vinculado a Catrambone, dirige empresas que vendían indumentaria de trabajo a Crese.

Micaela Schörnig. Pareja de Herrera, vinculada a la firma Panno Textil SA.

Ignacio Guillermo Herrera. Hermano de Cristian, vinculado a Panno Textil SA.

Claudio César Bonaldi. Se investiga si puede ser un prestanombre de los anteriormente mencionados.

Gerardo Luis Cuevas Lescano. Exempleado de Cotreco, empleado de Esop. Se investiga si puede ser prestanombre de los anteriores.

Pedido a la Afip. El requerimiento de la Justicia también pide a Afip que investigue la historia fiscal de otros importantes exfuncionarios mestristas.