Negociación contrarreloj por la readecuación de los contratos de gas

Negociación contrarreloj por la readecuación de los contratos de gas

El Enargas quiere contar en los próximos con los nuevos contratos de venta de gas entre productoras y distribuidoras para presentarlos en las audiencias públicas de principios de septiembre.

Pero las partes aún no se ponen de acuerdo. Petroleras reclaman una deuda de US$ 350 millones generada por la devaluación. Además, advierten que la baja del precio del gas impactará en el nivel de inversión.

La fecha límite para presentar los nuevos contratos de suministro de gas está a la vuelta de la esquina. El Enargas convocó esta semana a nuevas audiencias públicas para el 3 y 6 de septiembre para presentar los nuevos cuadros tarifarios que empezarán a regir el próximo 1º de octubre. Para determinar de cuánto será la suba que deberán afrontar hogares, comercios y PyMEs, las distribuidoras deben primero convenir a qué precio compran el gas a las empresas productoras y las condiciones contractuales que tendrá esa relación comercial. Eso implica, en los hechos, readecuar los contratos vigentes —o firmar unos nuevos— tras la brusca devaluación del peso, que obligó a modificar los términos económicos del negocio.

El Enargas intimó a mediados de junio a las distribuidoras (sobre las que tiene competencia) a avanzar en esa dirección. Pero dos meses después y a menos de 15 días de las audiencias públicas en las que tendrán en sociedad los nuevos lineamientos tarifarios, aún no hay novedades al respecto. La preocupación en despachos gubernamentales ya es manifiesta. En el ente regulador esperan los nuevos contratos para la próxima semana a fin de validarlos antes de las audiencias.

Lejos de tratarse de una negociación más, la demora entre petroleras y distribuidoras para acordar nuevos contratos de suministro de gas obedece a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre algunos puntos que marcarán el pulso y la inversión del negocio gasíferos en los próximos dos años, al menos hasta después de las elecciones presidenciales de 2019.

Por el momento, lo único que se sabe —porque lo confirmó el ministro de Energía, Javier Iguacel, en varias declaraciones a la prensa— es que las tarifas de gas aumentarán alrededor de un 25% en octubre.

La discusión gira en torno ahora en cómo se rearmará el negocio gasífero con una suba en pesos que sólo permitirá recuperar la mitad de lo que se perdió por la apreciación del tipo de cambio, que se elevó un 50% desde abril a la fecha. Los cuadros tarifarios que están vigentes desde el 1º de abril se aprobaron con un dólar de $ 20,55, casi 10 pesos menos que la cotización minorista de hoy (30,70 pesos).

La negociación entre las empresas que distribuyen el gas (Metrogas, Gas BAN, Camuzzi y EcoGas, entre las principales) y las que lo producen (YPF, PAE, Total, Wintershall, Pampa Energía, Tecpetrol y Pluspetrol) podría estructurarse en dos grandes temas: a) cuál será a partir de ahora el precio del gas en boca de pozo que pagarán los hogares. Y b) cómo se saldará la deuda acumulada por las distribuidoras por dejar de pagar la totalidad de las facturas enviadas por las petroleras por el gas entregado.

Ninguno de las cuestiones es de fácil solución. Por ejemplo, la deuda de las distribuidoras con los productores por las diferencias diarias generadas por la evolución del tipo de cambio supera los US$ 350 millones (más de $ 10.000 millones). Las petroleras no quieren dejar esa cifra sobre la mesa. O al menos, están dispuestas a tensar hasta último momento con tal de obtener un plan de pagos para recuperar la mayor parte de ese monto.

El gobierno, a su vez, decidió dejar la negociación completamente en manos de los privados. Ya sin el paraguas de la Ley de Emergencia Económica, que autorizaba a los funcionarios a intervenir en el mercado, tanto en el Ministerio de Energía como en el Enargas repiten que son los privados los que deben ponerse de acuerdo y firmar nuevos contratos de abastecimiento de gas para los hogares. Las empresas, en cambio, entienden que la volatilidad macroeconómica es de tal magnitud que se precisa de la mediación del Estado para llegar a buen puerto.

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