El reparto de la obra pública para el 2019 es central en la discusión del Presupuesto.

 

 

Comienza a profundizarse el ajuste en el sector que se inició con el recorte de $ 30.000 millones en los fondos para este año, lo cual significó una caída de 15% de lo proyectado para el 2018, y la promesa de prorrogar para el año próximo lo que no se pudo hacer este año.

 

 

En el medio, el Gobierno empezó a presentar algunas opciones de cara a suplir la deficiencia de fondos que impondrá el ajuste y, además de la ampliación de la cantidad de proyectos de Participación Público Privada que ya están en estudio por Hacienda, ahora se sumó una nueva herramienta.

 

 

El Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas explicó a El Cronista que parte de lo que desaparecerá del Presupuesto buscará ser incluido dentro de los paquetes de préstamos subsidiados de los organismos internacionales.

 

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De acuerdo con fuentes de la cartera que encabeza Rogelio Frigerio, con el fin de que las provincias sigan manteniendo el plan de obra pública la Casa Rosada les empezó a garantizar que les facilitará el acceso a un programa de préstamos subsidiados con financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.

 

 

Así se lo hizo saber hace unos días Frigerio a los gobernadores que pasaron por su despacho en las reuniones informales, previas a la ronda de negociaciones que ya anticipó que mantendría el Gobierno con cada uno de los distritos.

 

 

"No es una mala opción frente al recorte. Hay que ver cómo se estructura, pero no es para descartar porque, frente a la escasez, se conseguirían fondos a menor costo", explicaron desde una provincia de la región Centro.

 

 

Con este esquema, Nación también se asegura que frena una parte del reclamo de un sector de los gobernadores que encontraron en el chaqueño Domingo Peppo a su vocero.

 

 

Peppo y varios de sus colegas

reclaman que sean los jefes de los estados subnacionales quienes reciban los fondos y los canalicen según sus necesidades.

 

 

 

"Con este esquema, podemos asegurar créditos a mejores tasas que las que podría conseguir la provincia y, además, se bloquea el pedido de control de los fondos", explicó una fuente oficial.

 

 

La otra opción que está en discusión y que generará más controversia tiene que ver con la parte que aporta la Nación y las provincias en las obras de infraestructura que se realizan en conjunto. "Hasta ahora es 60% Nación y 40% la provincia. Para el año que viene sólo se podrá continuar si se da vuelta la ecuación y son los distritos subnaciones los que ponen la parte mayoritaria. Aquellos que no puedan hacer frente a este cambio, será difícil que la obra tenga viabilidad durante el 2019", explicó otra fuente oficial.