El ministro Álvarez está en desacuerdo con la iniciativa del gobernador De La Sota de romper el pacto fiscal

El ministro Álvarez está en desacuerdo con la iniciativa del gobernador De La Sota de romper el pacto fiscal
El funcionario provincial se mostró en desacuerdo con la iniciativa del Gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, quien propone que las provincias dejen de contribuir con el 15% de coparticipación que la Nación les descuenta para financiar el sistema de jubilaciones.

“No hay motivos para poner en práctica semejante iniciativa, además debilitaría al Estado Nacional y pondría en riesgo un modelo que le ha dado crecimiento y desarrollo al país”, afirmó.

El ministro de Gobierno de la Provincia, Felipe Álvarez, puso de relieve las manifestaciones vertidas por el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Eugenio Zaffaroni, quien sostuvo que un fallo de la Corte no resuelve el problema de la coparticipación y, en ese sentido, expresó su coincidencia en que los problemas políticos deben resolverse en una mesa de negociaciones.

El funcionario provincial se mostró en desacuerdo con la iniciativa del Gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, quien propone que las provincias dejen de contribuir con el 15% de coparticipación que la Nación les descuenta para financiar el sistema de jubilaciones, rompiendo de esta manera el Pacto Fiscal del año 1992.

“No hay motivos para poner en práctica semejante iniciativa, además debilitaría al Estado Nacional y pondría en riesgo un modelo que le ha dado crecimiento y desarrollo al país, especialmente a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”, afirmó.

El titular de la cartera de Gobierno consideró acertadas las expresiones del magistrado nacional, quien apuntó que las pretensiones de las Provincias de Santa Fe y Córdoba en reclamo de fondos deberían hallar solución en una negociación con el Gobierno nacional y no a través de sentencias judiciales.

Para el funcionario, esta postura del Juez Zaffaroni es clave, porque “el Poder Judicial no puede resolver conflictos que deben zanjarse en una mesa de negociaciones políticas, entre los actores involucrados, particularmente los litigios que se generan a partir de los recursos coparticipables”.

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