En una jornada caliente, minutos después del breve discurso de Mauricio Macri que no logró frenar la disparada del dólar, los legisladores de María Eugenia Vidal decidieron abrir el juego en Diputados y permitieron que bajen al recinto algunos proyectos del kirchnerismo duro.

Aunque no se trata de proyectos complicados para el gobierno, la decisión de permitir que bajen al recinto una serie de pedidos de informes asoma como una señal de debilidad del oficialismo (o de fortaleza de la oposición) en un momento de crisis.

La porosidad que mostró hoy la comisión de Presupuesto e Impuesto resulta atípica si se tiene en cuenta el escaso margen de maniobra con que históricamente cuenta la oposición en la Legislatura bonaerense.

El proyecto que en Cambiemos consideran como el más "sensible" entre los que avanzó hoy en la comisión es un pedido de informes que deberá responder la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). El autor del proyecto es el diputado Avelino Zurro (Unidad Ciudadana) y exige saber sobre el impacto en los bonaerenses del decreto 790/16 mediante el cual Vidal dispuso un revalúo fiscal de la tierra urbana, las mejoras rurales y las plantaciones, que son la base imponible para el Impuesto Inmobiliario provincial.

En los fundamentos, Zurro advierte que ese revalúo no tiene únicamente un impacto en la determinación del Impuesto Inmobiliario, sino que también en las tasas que cobran los municipios.

Según el texto, muchos municipios determinan algunas de sus tasas a partir de la valuación fiscal que el gobierno provincial asigna a los inmuebles. Eso devino en los últimos meses en que se hayan detectado casos donde las tasas municipales sufrieron aumentos siderales.

El proyecto exige saber además si existió una evaluación respecto al impacto que produjo la entrada en vigencia de las nuevas valuaciones fiscales en impuestos nacionales, especialmente en el impuesto sobre los bienes personales.

Zurro asegura que las últimas modificaciones introducidas en este tributo determinan que los titulares de bienes que superen los $ 1.050.000 deben determinar e ingresar el impuesto sobre los bienes personales. En función de eso, sostiene que existen casos en los que puede observarse que la valuaciones pasaron de un año a otro -2017 a 2018- a incrementarse en más de un 1.600%.

El diputado cita algunos ejemplos y destaca una casa en microcentro de la localidad de Pehuajó que en el 2017 tenía una valuación fiscal de $158.221, en el 2018 tiene una de $2.861.622, y paso a pagar de impuesto Inmobiliario Anual de $ 2.654 a $8.188.

Otro inmueble ubicado en este caso en la zona de Plaza Grosso que tenía en 2017 una valuación de $79.082, en 2018 pasó a tener una valuación de $1.326.655 y a pagar un inmobiliario anual de $1.053 a $2.325. Finalmente una casa del barrio Empleado de Comercio que tenía una valuación de $69.343 durante 2017, en 2018 paso a una de $ 1.214.091, y de pagar $891 a $1.940.

Para Zurro, lo más grave de estos casos es que, además significar un incremento en el Impuesto Inmobiliario y en las tasas municipales, la suba determina que muchos titulares de dominio deben inscribirse como contribuyentes y comenzar a tributar Bienes Personales.

El diputado destaca que no se trata de grandes propietarios de tierras o edificaciones en lugares exclusivos del territorio bonaerense. Por el contrario, de inmuebles de trabajadores e incluso jubilados que ahora se ven obligadas a montar una estructura -confeccionar declaraciones juradas, presentar documentación, contratar profesionales- para cumplir obligaciones derivadas de un tributo, pero no por haber tenido un incremento patrimonial o ganancia superior al de ejercicios anteriores.