El gobierno bonaerense presentó esta tarde los lineamientos para recuperar la sostenibilidad de su deuda pública, diseñados en sintonía con los supuestos elaborados por el Ejecutivo nacional. Allí, señaló que buscará reestructurar un stock de USD7.148 millones en titulos bajo jurisdicción extranjera que están en manos de acreedores privados.

La gestión de Axel Kicillof buscará negociar con los bonistas un "período de gracia de magnitud" y un importante recorte de los cupones de intereses. Además, la presentación señala que "las necesidades de financiamiento en moneda extranjera deben reducirse a través de extensión, reperfilamiento y/o recortes de principal desde los valores actuales hasta lograr un perfil de vencimientos sostenible" con el objetivo de "alinear vencimientos con la verdadera capacidad de pago de la provincia de Buenos AIres y minimizar el riesgo de refinanciación".

“La Provincia considera que atendiendo su crítica situación macroeconómica y bajo las condiciones de mercado actuales, su deuda pública es insostenible”, afirma el documento. En esa clave, destaca que, tras el proceso de fuerte endeudamiento impulsado por la administración de Cambiemos, las condiciones financieras bonaerenses se deterioraron significativamente.

De acuerdo al análisis del Gobierno, hoy hay vencimientos elevados y concentrados en el corto plazo: “El plazo promedio total de nuestra deuda es de apenas 3,3 años y los vencimientos sólo con el sector privado en moneda extranjera totalizan USD5.500 millones hasta 2023”.

Asimismo, la presentación remarca que “el peso de los intereses como porcentaje de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios se encuentra en máximos históricos alcanzando 9% en 2019”. El panorama se completa con la “falta de acceso al mercado” por las altas tasas de financiación.

Así, el Gobierno considera que la deuda muestra una “trayectoria explosiva”, bajo las actuales condiciones de financiamiento y las proyecciones fiscales presentadas, que por el impacto del coronavirus en la economía sufrirían “una caída en los ingresos tributarios estimados para abril del orden de entre 35% y 45%”.

Según los datos oficiales presentados por la PBA, el stock total de deuda provincial asciende a USD10.420 millones, de los cuales el 84% está nominado en moneda extranjera.

El 15%, unos USD1.763 millones, está en manos del sector público (10% de la Anses y 5% del Estado Nacional). Esos compromisos Kicillof proyecta refinanciarlos “en condiciones sostenibles para la provincia”, es decir, no necesitarán ser reestructurados. Lo propio buscará hacer con los USD803 millones de bonos en pesos que están en manos privadas.

Respecto de la deuda con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, unos USD706 millones, el gobierno asegura que tampoco necesitará una renegociación: “Los desembolsos proyectados más que compensan los repagos y a un costo bajo”.

Por lo tanto, la deuda elegible para el proceso de reestructuración serán los USD7.148 millones de títulos emitidos bajo legislación extranjera que están en manos de tenedores privados, que representan el 69% del total.

“La Provincia acumula años de deterioro macroeconómico y social, el cual se ha agravado significativamente en años recientes de la mano de una profunda recesión. Estimamos que dicha recesión se profundizará como mínimo durante gran parte de 2020 a raíz de la situación de emergencia relacionada al COVID-19”, apuntó el documento.

Y concluyó: “En este contexto, nuestra posición fiscal es sumamente frágil y es necesario priorizar la asignación de nuestros recursos para atender las situaciones más críticas a nivel social”.

Los supuestos para la reestructuración se basan en las proyecciones macroeconómicas del Ejecutivo provincial, apoyadas en los cálculos que presentó la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán, para el ámbito nacional. Aunque al igual que estos últimos, este panorama no tiene incorporado aún el impacto de la coronacrisis.

Así, la PBA espera una caída de su producto bruto geográfico (PBG) del 1,3% en 2020; un rebote de entre el 3,8% y el 4,9% en 2021 y de entre 2,2% y 2,8% en 2022; y un crecimiento sostenido de entre 1,7% y 2,2% a partir de 2023. Asimismo, prevé alcanzar el equilibrio fiscal entre 2022 y 2023.

“Todavía es temprano para extrapolar el impacto resultante de la emergencia e incorporarlo al ejercicio completo, no obstante consideramos que esta situación impone significativos riesgos a la baja en todas las proyecciones y podemos asegurar que tendrá un efecto materialmente adverso. Con la información disponible al momento, se puede anticipar una caída en los ingresos tributarios estimados para abril del orden de entre 35% y 45%”, advierte el texto.