A través de dos fallos, la justicia dio pie a la apertura de moratorias a grandes contribuyentes y rompió el cerco que el Estado a través de la AFIP había instrumentado alrededor de las pequeñas y medianas compañías. Lo hizo mediante dos medidas cautelares que le permitirá a sendas empresas poder ingresar en un plan de pagos impositivos. Alertan por posible catarata de demandas.

Las compañías Electroingeniería SA - del empresario Gerardo Ferreyra - y Marítima Maruba S.A. lograron dos medidas cautelares por parte de la Justicia que les permitirá ingresar en los planes del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont. Según alegaron ambas firmas, la razón de la presentación tiene que ver con una "discriminación" en materia impositiva.

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Cautelar de Maritima Maruba

La moratoria implementada por AFIP en enero de este año abarca a empresas encuadradas bajo la categoría de pyme. De los fallos judiciales se desprende que tanto Electroingeniería como Marítima Maruba cuestionaron el criterio limitante de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y la posterior resolución 4667/2020 del organismo.

"Era previsible", dijo a Ámbito Diego Fraga, socio del estudio RCTZZ y especialista en materia tributaria. "Hay que tener en cuenta que todas las anteriores moratorias no hacían diferencia entre tipos de moratorias", sostuvo y profundizó: "Es un error haber limitado la moratoria a MyPImes".

La cautelar a favor de Electroingeniería.

Según señaló Fraga, acotar los planes de pago de dicha categoría lo que hizo fue "perjudicar tanto a los contribuyentes, porque desde el punto de vista Constitucional están haciendo una discriminación, como al Estado, porque en un momento de crisis financiera se necesita captar la mayor cantidad de ingresos posible".

Siguiendo esa línea, el especialista sostuvo que "en general, las empresas grandes optan por regularizar deuda cuando hay una moratoria beneficiosa, incluso cuando saben que pueden judicializar el tema y ganarlo. Pero optan por ir al plan de pagos para sacarse un problema de encima y evitar contingencia".

Si bien los fallos obligan al Estado a incorporar a ambas empresas a los planes de pago, se trata de casos puntuales, por lo cual no implica que el Gobierno se vea obligado a abrir automáticamente a pedido de la justicia una moratoria para grandes empresas. "Son casos puntuales. EL poder judicial dicto una sentencia y es para esos casos puntuales. La empresa que no litigue no va a tener el beneficio. El Estado no va a partir de mañana a hacer lugar a todas las empresas que no encuadren como MiPyme", explicó.

Sin embargo, puede ocurrir que sean las propias compañías las que opten por judicializar el reclamo. "Es una luz de alerta de que puede desencadenar una serie de demandas de empresas que se sienta discriminadas por no poder entrar en los beneficios de la amnistía fiscal, que accionen judicialmente y que la justicia les haga lugar", concluyó Fraga.