Atravesado por generalidades y aclaratorias respecto a las extensas audiencias que duró su declaración indagatoria, el interrogatorio de la querella y la fiscalía en el juicio Oil Combustibles al empresario Fabián De Sousa no logró percutir sobre alguno de los puntos que permitieron que la causa fuese elevada a debate oral por el supuesto delito de defraudación contra la administración pública. Los acusadores de la AFIP abandonaron cualquier pretensión de indagar en la maniobra que tendría como autor a Ricardo Echegaray y como partícipes a los empresarios dueños de la petrolera. Es casi un objetivo central dentro de la estrategia de un juicio de estas características: sin demostrar autoría, no existen partícipes necesarios a los que acusar. La fiscalía buscó ir al hueso respecto a las reuniones que habría habido con exfuncionarios, pero por un tema lateral a los planes de pagos. Al final de la audiencia, ya entrada la noche, chocaron con las defensas al intentar introducir la causa Los Sauces y a Cristina de Kirchner entre las preguntas. El Tribunal Oral Federal N°3 después de discutir, y tener que deliberar en cuarto intermedio, no lo permitió. Ya había dejado en claro que se juzgan 4 planes de facilidades de pago por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles.

Los abogados querellantes de la AFIP apuntaron a hacer casi un trabajo arqueológico sobre los textos de contratos “mutuos” que Oil había suscripto con las empresas que controlaba para realizar préstamos entre compañías, uno de los puntos sobre los que se apoyó la causa de Julián Ercolini. Sin embargo, De Sousa replicó casi con la misma fórmula a todos: los préstamos entre compañías devengaron intereses a favor de Oil –que están asentados en los balances que nunca se peritaron, como informó Ámbito Financiero- y se consideraron como aportes irrevocables de capital sobre las sociedades que convirtieron su deuda en acciones incorporadas a su patrimonio. Hubo dos préstamos personales a De Sousa y a Cristóbal López por los que se interesaron. Ambos devolvieron el dinero en marzo de 2016. Con preguntas muy diplomáticas, los acusadores eludieron cualquier controversia y le dieron espacio a De Sousa para ampliar conceptos tributarios y apuntar que toda la investigación partió de un error al considerar que los préstamos entre compañías no tenían incluidos tasa de interés, porque todos los saldos a favor de Oil habían tributado Impuesto a las Ganancias, algo que de no ser así, hubiese sido descubierto por la propia AFIP cuando la investigación se puso en marcha, ya en la era Cambiemos. Y de no haber sido un proceso regular, la sindicatura del concurso de acreedores no hubiese validado que ese dinero se había transformado en tenencias accionarias cuando la justicia comercial finalmente decretó la quiebra de la petrolera. La conclusión fue que si se hubiese ordenado una pericia contable sobre las cuentas de la compañía, medio interrogatorio hubiese quedado evacuado.

La fiscalía encabezada por Juan García Elorrio y Diego Velasco buscó rodear la chance de que el modo en el que se administraba Oil hubiese contado con objeciones internas en torno al concepto de “caja única”, donde la petrolera “ayudaba” al desarrollo de otras empresas del Grupo. Pero especialmente hicieron foco en las reuniones que De Sousa había relatado con funcionarios cuando las condiciones del mercado de petróleo hicieron entrar en crisis al sector. Aunque lateral a la acusación, preguntaron si había habido personal de la AFIP o la propia Cristina en las reuniones. La respuesta fue negativa. Para las que De Sousa denominó “informales”, los acusadores creyeron que allí sí encontrarían funcionarios. Pero, según afirmó el empresario, esas eran con otros gerentes del sector petrolero que se ponían de acuerdo en cuales iban a ser los reclamos que le iban a plantear al Gobierno.

Hubo dos momentos salientes del interrogatorio de la fiscalía y dejaron entrever cierta fragilidad en algunas piezas documentales: una supuesta notificación por uno de los planes particulares del Artículo 32 de la AFIP aparecía para los fiscales con una firma de De Sousa. Pero fue negado de plano. Hasta el requerimiento de elevación a juicio decía una cosa distinta. Hubo miradas de desconcierto y reproche por no contar con los originales. El otro punto fue un “memo” que habría sido generado por los auditores externos de Deloitte pero por una vía informal que no fue precisado. Allí se vertían fuertes críticas al estado financiero de la empresa. Pero tenía un error severo: estaba fechada un mes antes de que Oil hubiese ingresado al plan de pagos que se enlistaba como “caduco” en el texto. Era cronológicamente imposible que un plan al que no habían adherido se diese por caído.