En las legislativas de 2001 se insinuó la gran debacle de la Argentina: más del 40% de los votantes decidió no elegir a nadie. Luego se acabó la mascarada y vino todo lo demás: hiperdesocupación, recesión salvaje y una nación en ruinas.
En abril del año 1991, y bajo la premisa de reducir la hiperinflación reinante heredada del alfonsinismo, el gobierno de Carlos Saúl Menem, vía el ministro de Economía, Domingo Cavallo, ponía en práctica el Plan de Convertibilidad, que establecía una paridad de 1-1 entre el peso argentino y el dólar, receta que terminaría en una crisis sin precedentes para la República Argentina.
La ilusión de una economía creciente duró, en lo fáctico, hasta mediados de la década, cuando la demolición de la industria nacional en favor del ingreso de productos importados empezó a dejar en claro que el menemismo no tenía una estrategia para diversificar la generación de divisas.
¿El resultado? Caída récord en el empleo, fuga de científicos y técnicos por falta de perspectivas locales, crisis financiera y un estallido social inminente que terminó precipitándose en el año 2001, ya sin el riojano al frente del Poder Ejecutivo y con el radical Fernando de La Rua escapándose de la Casa Rosada en un helicóptero.
Sin embargo, antes de que el mismo Domingo Cavallo volviera en 2001 para anunciar el corralito bancario privando al pueblo de sus ahorros, hubo durante los años del neoliberalismo muchas señales que preanunciaban esa crisis.
“Ya a mediados de la década del ’90, allá por 1996, empezaron a percibirse señales negativas: la primera fue que esa estructura rígida no podía convivir con déficit fiscal, y el problema empezó a taparse con endeudamiento externo, y así terminamos”, explicó a Tiempo Argentino Vicente Monteverde, especialista en macroeconomía de la Universidad de Morón.
De hecho, en esos años, fue el propio Cavallo quien logró evitar que el FMI hiciera un monitoreo de las cuentas argentinas para evitar que quedara en evidencia el nivel de déficit.
En este contexto, el Plan de Convertibilidad empezaba a debilitarse en otros flancos, justamente por ser un régimen inflexible.
Con un valor muy alto para el peso y el sostenimiento de la paridad en el tiempo, era imposible para el país generar divisas por comercio exterior, dado que el 1 a 1 era una invitación irrestricta al ingreso de mercancías importadas.
De esta manera, empezó a caer escandalosamente la industria nacional y los niveles de desempleo alcanzaron niveles inéditos para la historia socioeconómica de la Argentina. Para Héctor Valle, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE) y uno de los principales opositores a la Convertibilidad, la “Argentina había perdido la soberanía monetaria y quedó presa del financiamiento externo. Eso derivó en una recesión que se llevó puesta al aparato productivo, cayó la industria, y las privatizaciones sumadas a la reforma del Estado achicaron notablemente la demanda interna.”
Según el informe del Ministerio de Economía de la Nación intitulado “Los años ’90: la acentuación de la exclusión y la pobreza”, a pesar de los datos positivos de crecimiento en los primeros años de la década, ya en el año 1993 la tasa de desempleo que emergía de un modelo económico exclusivo era de dos dígitos.
Pero la carrera de la pérdida de puestos de trabajo sería monumental: en 1993, el desempleo era de algo más del 12%, en 1994 superaba el 13%, y en 1995 y 1996 se colocaba en torno al 20 por ciento.
En materia productiva, según datos del Ministerio de Industria de la Nación, en la década de 1990 cerraron alrededor de 50 mil industrias, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo que costaría varios años recuperar, tanto como poner de pie a talleres, astilleros, cooperativas e industrias que funcionaban en los ’90 como terrenos baldíos.
A esto se le sumó un plan de flexibilización laboral perverso, que apuntó a bajar los costos de las empresas en detrimento de los trabajadores.
“La flexibilización era la precarización total de las relaciones laborales, se podía despedir gente sin indemnización alguna y por razones tan injustificadas como ser mayor de 40 años. Fue la profundización de medidas laborales que ya se aplicaban durante la dictadura militar”, explicó a Tiempo Argentino Guillermo Pajoni, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, y agregó que “eso fue posible gracias a los contratos basura, que Menem importó de España, del gobierno de Felipe González.”
González, del Partido Socialista Español, fue criticado incluso dentro de su núcleo por su posición neoliberal, y es el creador de los sistemas de precarización del empleo joven y los contratos basura.
Algo de aire, aunque virtual, llegó de la mano de un repunte en los precios internacionales de los commodities agropecuarios la actividad económica registró una mejora, al igual que empleo, pero fue temporario.
Pasada la mitad de la década, con el 1 a 1 empezando a ser cuestionado por economistas de diferentes tendencias e incluso por hombres del propio gobierno de Menem, las crisis de las economías del mundo –Rusia, México y Brasil– le dieron uno de los empujones finales a la Convertibilidad.
“Las crisis en el mundo, primero la de México en 1994, y luego las devaluaciones de Rusia en 1998 y Brasil en 1999, generaron una fuga de capitales importante que sumó más problemas. No hay que olvidarse que en esos momentos, la banca pública tuvo que salir a auxiliar a la privada”, resaltó el economista Héctor Valle.
Mientras la clase media argentina disfrutaba de su momentáneo estatus social elevado viajando por el mundo y haciendo uso y abuso del “deme dos” en plazas inaccesibles para su capacidad económica real, como Miami y Europa, el final de la ilusión empezaba a llegar a su fin.
Sin que buena parte de la sociedad se enterara, el perjuicio del 1 a 1 empezaba a desesperar a la administración menemista, que sin abandonar la frivolidad pública, echaba mano a la entrega de empresas nacionales para contar con fondos frescos.
Con las privatizaciones de empresas públicas como medio de recuperar divisas que se perdían en el comercio, entre 1990 y 1994 la mayoría, y en 1999 la de entrega de acciones de la petrolera YPF, el menemismo apostó a una transnacionalización virtual de la economía, vía ingreso de capitales extranjeros en las empresas de servicios públicos.
Lo mismo sucedió con bancos locales, comprados por extranjeros.
“Hubo grandes negociados con las privatizaciones, no mejoró la calidad del servicio y las empresas no invirtieron según los estipulado en los contratos”, explicó a Tiempo Mario Rapoport, economista e historiador, y agregó que, en algunos casos como el de Aguas Argentinas, “el Estado tuvo que responder ante los problemas de las compañías”.
En esta línea, Rapoport descartó la excusa del progreso de las privatizaciones, al decir que “los avances tecnológicos que se dieron, por ejemplo en telecomunicaciones, se hubiesen producido de todas maneras en las empresas públicas, que funcionarían igual o mejor que las privadas de hoy”.
En noviembre de 2001, con De la Rúa al mando, se hizo un intento de cumplir con los pagos de la deuda externa, en lo que se denominó como “Megacanje”.
Pero ya era tarde, el contexto político y económico adverso empezó a alejar a los inversores y primó la desconfianza del sistema financiero.
Lógicamente atemorizada por el panorama negro, la gente se volcó a retirar los ahorros bancarios, lo que motivó que Cavallo congelara los depósitos estableciendo un “corralito” (decisión promulgada el 1 de diciembre) que sólo habilitaba a retirar $ 250 en efectivo por semana, no se podía enviar dinero al exterior y había que operar mediante cheques o tarjetas de crédito o débito.
“En 2001 fue el final, ya hasta el propio FMI se negaba a financiar la Convertibilidad y le empezaba a exigir medidas de ajuste a la Argentina similares a la que hoy le pide que implemente Grecia”, recordó Valle, demostrando que, ya no estas latitudes sino en Europa y los Estados Unidos, la historia se repite con los mismos errores y las mismas restricciones de la Argentina de los ’90.
La herencia del período neoliberal fue catastrófica, sobre todo para los sectores más desguarnecidos: en 2002, cerca del 60% de la población pasó a ser pobre y el PBI a valores corrientes de U$S 268.697 millones en 2001 se redujo alrededor de un 65% a finales de 2002. En cuanto a los niveles de pobreza, se alcanzó en todo el país al 57,5% de la población, y en indigencia, al 27,5%; en tanto que los desocupados alcanzaron en todo el país la línea del 22%.
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