Después de un año de tarifas congeladas por orden del Gobierno, las provincias preparanaumentos en la electricidad a partir del mes próximo, según confirmaron los responsables del sector de varios distritos a LA NACION. Los ajustes alcanzarán un promedio estimado de 30%, que se repartirá en tandas para evitar que la molestia de los consumidores termine por frenarlos con medidas cautelares, como ocurrió en algunas provincias con los aumentos en el gas.

Santa Fe fue una de las primeras en anunciar el ajuste. La Empresa Provincial de Energía (EPE) dispuso una suba de 27% desde enero, que se notará en las facturas que vencen en marzo. Lo mismo pasará en Entre Ríos, que a partir del mes próximo incrementará 20% las tarifas.

Edesal, la compañía eléctrica de San Luis, pidió una suba de 30%, similar a la que reclamaron la cordobesa EPEC y la distribuidora de Tucumán (EDET).

En Buenos Aires, la gobernación de Daniel Scioli tiene en estudio un aumento, pero todavía no se sabe qué sucederá con Edenor y Edesur.

En la zona norte y noroeste del país tienen la misma intención.

En varias provincias estimaron que los aumentos deben comenzar cuanto antes para establecer un sendero de precios, de manera que el impacto total de los ajustes sobre la factura no se note de inmediato y permitan digerirlos mejor. Eso es porque tomaron nota de errores recientes. Por caso, el Gobierno dispuso este año ajustes en el gas que en algunos casos superan el 600% y fueron frenados en la Justicia. El jefe de un ente regulador provincial lo puso en estos términos: "En ese caso, aumenté muchísimo, pero en la práctica no aumenté nada", lamentó.

INFLACIÓN Y ELECTRICIDAD

Con costos en aumento y ajustes de tarifas que no alcanzan a cubrirlos, las empresas distribuidoras tienen un déficit cada vez mayor. Por eso dejaron de pagar a Cammesa (la empresa administradora del mercado y la que les provee la energía) por la electricidad que venden. Por ejemplo, EPEC debe 2800 millones de pesos; Edelap, $ 660 millones, y la chaqueña Secheep, que hasta el año pasado fue piloteada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, $ 320 millones. Están todavía lejos de las más endeudadas, las metropolitanas Edenor ($ 6250 millones) y Edesur ($ 5700 millones).

En total, la deuda de todas las distribuidoras con Cammesa superó en noviembre los 18.000 millones de pesos y preocupa a las empresas, porque afecta de manera directa en sus balances.

Enero no es una fecha casual para comenzar con los aumentos. Sucede que el último día de este año vence el Programa de Convergencia Tarifaria suscripto entre todas las provincias y el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Surgió desde esa cartera a principios de este año con una idea precisa: los gobernadores se comprometieron a no tocar las tarifas de luz por 12 meses y, a cambio, Nación les financiaría obras millonarias para mejorar la infraestructura eléctrica.

Para los gobernadores, ese plan no funcionó. Aunque las tarifas no aumentaron, se demoró el giro de los fondos para obras por parte del Gobierno, que según los funcionarios provinciales quedaron enredados en una maraña burocrática.

La encargada de supervisar las obras y avalar cada certificado emitido es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se quedó con una adjudicación directa hecha por Planificación a cambio de casi $ 1,5 millones por su trabajo.

Buenos Aires, originalmente una de las mayores beneficiadas con la promesa de fondos, hasta ahora sólo recibió el 20% de los 600 millones de pesos comprometidos en una primera etapa. En su concesión están las empresas EDEN (zona norte), EDES (zona sur) y Edelap (La Plata).

Otras provincias que tiene decidido aumentar las tarifas a partir de enero negocian con la secretaria de Energía, Mariana Matranga, una extensión del plazo de gasto debido a los retrasos en la aprobación de las certificaciones y las demoras que eso implicó sobre las inversiones.

A MEDIO CAMINO

El Plan de Convergencia tarifaria tenía otros dos objetivos. Como su nombre lo indica, uno de ellos era equiparar los valores de la luz para todas las provincias (hoy hay mucha distorsión según el distrito del que se trate), algo que no ocurrió. Y avanzar en el estudio de alternativas para reducir los subsidios a la luz, uno de los agujeros negros por donde se escabullen millonarios recursos. Alcanza con decir que Cammesa y Enarsa, las dos compañías encargadas de importar energía y sostener el sistema, son las mayores favorecidas por las transferencias del Estado, que este año ya superaron los 137.000 millones de pesos.

LA ESCALERA DE LOS SUBSIDIOS

 

Los subsidios a sectores económicos alcanzaron en los primeros once meses a $ 193.030,8 millones, un 70% más que en el mismo período de2013, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). De ese total, el 71,2% correspondió al sector energético.Cerca del 88% de los subsidios energéticos se concentra en dos empresas, Cammesa y Enarsa. La ASAP precisó que esas empresas "entre otros fines tienen a su cargo el subsidio de tarifas de energía en el área metropolitana y la compra de combustible importado (gas) para el abastecimiento del mercado interno".