En síntesis, dejó todo en cero, casi como si el proceso de licitación jamás hubiera existido. A comienzos de diciembre del año pasado, el juez en lo Comercial Fernando D‘Alessandro, quien tuvo a su cargo el proceso, le había otorgado el manejo del club a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre –comandada por los Moyano–, luego de que presentara una propuesta de $ 55 millones para inyectarle a Comunicaciones.

De este modo, superaba ampliamente a la del Gobierno porteño, de $ 40 millones, pese a que allí también se contemplaba la construcción de un micro estadio y una mayor participación de los socios. Ante esto, la gestión Macri presentó un amparo para que se revirtiera esa situación, mecanismo que ahora quedará desestimado.

El principal argumento que tomó la Justicia –en este caso representada por los camaristas Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide– para dejar sin efecto lo dispuesto por D‘Alessandro fue que se omitió un paso central en la discusión. El Estado nacional, como donante del inmueble con el cargo de que las obras e instalaciones construidas en el terreno cedido fueran aprovechadas deportiva, social y culturalmente por los empleados del Ministerio de Comunicaciones, nunca fue consultado al respecto. Y esta es una etapa legal que no se debe saltear, pero en los dos años que duró el proceso jamás se cumplió.

El Club Comunicaciones fue fundado el 15 de marzo de 1931 por empleados de la compañía de Correos y Telégrafos, de donde proviene su apodo “el cartero”. La institución tenía el nombre de Club Atlético Correos y Telégrafos, que lo cambió luego al actual, y tras una asamblea realizada en 1953, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón cedió esas tierras a los empleados del Correo para que utilizaran el lugar como un club social y deportivo.

Según lo dispuesto por la Justicia, el órgano fiduciario a cargo de la institución tendrá un plazo de 30 días para elaborar un plan de salvataje.

El Cronista intentó ayer sin suerte obtener las palabras del gobierno porteño y Pablo Moyano.

En su edición del 10 de agosto pasado, El Cronista había advertido sobre la posibilidad de que el gobierno nacional intentara que Moyano, hoy principal enemigo del oficialismo, no lograra su objetivo de quedarse con “Comu”.

Incluso, un grupo de socios del club pidió una audiencia con el secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. Ahora, ya con el camino liberado, se da casi por hecho que desde la Casa Rosada se procurará un aceramiento con los socios.

El legislador porteño Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular), quien junto a Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) había presentado un escrito ante la Justicia para que se revocara la determinación de D‘Alessandro mostró ante El Cronista su satisfacción por la “vuelta atrás” que dejó a Moyano sin el manejo de Comunicaciones.