Antonia cumple tres años en 2014, al igual que la hija del jefe de gobierno porteño. Sus padres la inscribieron en el jardín estatal Florencio Escardó de Villa Urquiza, a diez cuadras de su casa, pero tras recibir la confirmación de la vacante en diciembre, un llamado telefónico en enero se las retiró aduciendo un "error del sistema". Reclamaron hasta el cansancio, hasta que la última posibilidad era una escuela en Villa Riachuelo, a casi 15 kilómetros de su hogar. Con pesar se resignaron a enviarla a una escuela privada subsidiada por el Ejecutivo de la Ciudad, la única a su alcance. "El año que viene volveré a intentar porque quiero que mi hija vaya a la escuela pública", cuenta su mamá, Eleonora Dalessio. El 1 de marzo, el papá de la otra Antonia, Mauricio Macri, tuiteó: "la educación pública es nuestra prioridad".

El de Antonia es uno de los siete mil casos de chicos menores de tres años cuyo derecho a la educación pública, laica y gratuita fue vulnerado por los problemas de implementación del sistema informático de inscripción. La cifra exacta fue provista el pasado 3 de febrero por el ministro de Educación Esteban Bullrich, quien en la misma conferencia de prensa calificó de "exitoso" el sistema de asignación que todavía mantiene a miles de niños sin saber si tendrán un lugar para estudiar y dónde. Muchos de los que no pudieron seguir en la incertidumbre optaron por pasarse a escuelas de gestión privada. Estos son algunos de los casos.

"Desde que empezó sala de 2, el año pasado, quise inscribirla en el Estado. La inscripción era presencial entonces y también quedó en lista de espera. Nos juntamos con algunos padres en esa situación y mandamos cartas al gobierno. Pero nos respondieron que no era obligatorio para ellos", cuenta a Tiempo Argentino Dalessio, con una mano sobre su panza de casi nueve meses. El artículo 24 de la Constitución de la Ciudad admite esa doble lectura. Por un lado dice que "la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior", pero luego pone una coma y concluye: "con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine".

El gobierno se excusa por el déficit de vacantes con esa segunda parte del artículo que viene después de la coma. Sin embargo, en 2006 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó por este tema al Ejecutivo y en 2011 el Ministerio de Educación se comprometió a terminar 24 obras para finales de 2012. Hasta el día de hoy sólo se concluyeron 14 de ellas.

INDEFENSA. Dalessio volvió a intentar inscribirla para el jardín estatal a finales del año pasado y recibió un mail confirmando su vacante en diciembre. Luego le dijeron del "error" y empezó su recorrido de reclamos. Tiene tantos comprobantes de quejas como alternativas que dio el Ministerio. Incluso inició un amparo en la Defensoría, pero el organismo autárquico que defiende los derechos de los ciudadanos le respondió que estaba saturado de casos "obligatorios" y que no podrían seguir el suyo.

"Con eso di por terminados los intentos. En un mes estoy por tener otra nena y no podía ir de un lado para el otro con esta angustia. Así que la anoté en un colegio religioso cerca de casa que está subsidiado", cuenta. Pero no se resigna, "yo siempre estudié en la educación pública y es lo que quiero para mi hija. Además quiero educación laica, porque me parece el sistema más democrático en todo sentido y, en este colegio, una vez que avanzás te obligan a bautizarla y yo no quiero".

Victoria Rey, de Balvanera, atraviesa el mismo dilema. Ella anotó a sus dos hijos en la primera fecha de inscripción, en noviembre de 2013. La vacante de su nena de un año volvió denegada y la del niño de 4 otorgada en un jardín a ocho cuadras de su casa en el turno mañana, tal como había pedido. Sin embargo, a finales de diciembre apareció en los listados de otra institución, a cuatro cuadras, pero en el turno tarde, el horario en que trabaja.

Fue al ministerio, al distrito, llamó por teléfono y no tuvo respuestas. A principios de febrero se agotó y anotó al niño en una escuela privada católica, también subsidiada. "La educación religiosa no es lo que hubiera elegido y estoy segura de que en tercer grado lo voy a cambiar, porque te exigen la comunión y eso es algo que quiero mi hijo elija por su cuenta”, cuenta a Tiempo Argentino. "Macri y Bullrich no pueden jugar con los chicos de esta manera", pide indignada.

Haidu Kowski anotó a su hija Cibel en sala de tres. Pidió todas escuelas cercanas a su casa, pero la respuesta del sistema online fue dejarla en lista de espera. "Hice todos los reclamos, tengo números y comprobantes por cada uno. Hice la denuncia en la Defensoría, pero después de unos días me dijeron que no podían seguir con mi caso. Finalmente un día me llamaron del ministerio para darme una vacante en un jardín. Quedaba en Balbín y Congreso, a 40 minutos de auto o 90 de colectivo", recuerda Kowski. Entonces definieron solicitar una vacante en el jardín donde Cibel estuvo en la colonia y que cuesta, según calculó el padre, el 20% de su sueldo.

"No es mi intención mandarla a un colegio privado. Yo me eduqué en escuela pública, estudie en la UBA y quiero que mi hija también se eduque así", concluye.

Nicolás tampoco consiguió vacante a pesar de que su mamá lo anotó en sala de dos años "el primer día de la inscripción online a las 7 am". Soñaba con que le asignaran un lugar en la escuela donde ella hizo desde nivel inicial hasta el secundario. Pero no pudo ser. De hecho, ninguna de sus opciones fueron consideradas.

Ahí comenzó su periplo por escuelas, Ministerio, gremios, Centros de Gestión y Participación (CGP) y Defensoría de la Ciudad. A finales de febrero, viendo que su hijo figuraba quinto en la lista de espera, tomó una decisión. "Lamentablemente, yo que toda mi vida defendí la educación pública cada vez que la criticaban, ahora me veo obligada a resolver mi situación personal enviando a mi hijo a una institución privada que por suerte puedo pagar, pero no sin esfuerzo para mi marido y para mí", cuenta María Montesano.

Casos como estos se multiplican en la página de Facebook "No a la inscripción online" que hasta ayer reunía a 4991 personas y que se ha transformado no sólo en el lugar de apoyo moral para los padres que pasaron su verano exigiendo una vacante para sus hijos, sino en el espacio de mayor claridad para informarse de las últimas novedades. Allí siempre hay un comentario postrero escrito a deshora que da ánimo y alienta a los papás a seguir buscando una vacante en los colegios del Estado. No todos pueden sostener la lucha hasta las últimas consecuencias, pero siguen contribuyendo y apostando al futuro. Porque creen firmemente en lo que dice la imagen de portada del grupo, ningún niño debe quedarse sin escuela pública. «

Ninguna prioridad

A pesar de lo que declama Mauricio Macri, la educación pública no parece ser la prioridad de su gestión. Un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP) señala que entre 2007 y 2013 las transferencias a la educación privada se incrementaron un 291%, mientras que la inversión en infraestructura y equipamiento de la educación pública sólo lo hizo en un 78 por ciento. Pero el problema no fue tanto de presupuesto como de ejecución. Según denuncia la legisladora del Partido Socialista Auténtico Virginia González Gass, en esos años la ejecución presupuestaria en obras escolares no superó el 65 por ciento. El nivel primario sufrió las consecuencias de esas políticas públicas, así lo confirma la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad: en los seis años de gestión del PRO, la matrícula estatal de primaria decreció un 3%, mientras que la privada subió un 7 por ciento. Cuando se creó el sistema de educación privada, durante el primer gobierno de Perón, su objetivo era garantizar el acceso en aquellos lugares donde la escuela pública no llegara. Sin embargo, hoy constituye un régimen paralelo que amplía las posibilidades para los sectores de mayores recursos

La capital es el área donde la gestión privada alcanza a la mayor proporción de escuelas de nivel primario. Pero las privadas se concentran en la zona norte, mientras que las públicas se distribuyen más uniformemente. Eso hace que en distritos del sur, como el 13, el 19 o el 21, las estatales constituyan más del 70% de la oferta escolar. El resto cuenta con subsidio del gobierno porteño para el pago de los salarios docentes y, muchas de ellas, son confesionales. Esta realidad no pudo ser eludida por la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa (DGECE), dependiente del gobierno porteño. En un informe, se anima a reconocer que hay responsabilidad ejecutiva en el traspaso de la matrícula. Señala que, si cada vez hay más gente en las escuelas privadas y menos en las públicas, puede deberse a "la orientación de las políticas educativas de los últimos años, las características de la legislación nacional y jurisdiccional que intentó regular la oferta privada desde la Ley 1420 en adelante, y las decisiones en torno del financiamiento de estas escuelas por parte del Estado".

Un triunfo

Escuela 15 DE. 15

Directivos, docentes y padres acordaron con funcionarios hacer nuevos listados.