“La creatividad destructiva del oficialismo es interminable. Una vez más busca herramientas para enfrentarse al único bastión de independencia institucional que queda en el Estado argentino”, señaló Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical en Diputados. Además, apuntó que el Gobierno “busca licuar el poder de la Corte, amedrentar a sus miembros y arrodillar a la ciudadanía”. Y recordó que los puntos esenciales de esta iniciativa ya habían sido incluidos dentro de la fallida reforma del Consejo de la Magistratura, pero que el Gobierno había desistido en avanzar luego de las críticas del alto tribunal: “La única modificación, que aceptaron en un proyecto de ley que no contenía un solo artículo digno de ser sancionado, es ahora un nuevo proyecto del oficialismo”, reclamó.

Sobre esto hizo especial hincapié la diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos, quien calificó la iniciativa como “una venganza” del Gobierno a la Corte por la declaración de la inconstitucionalidad de la reforma de la Magistratura, y aseguró que el texto no podrá ser contemplado por el Congreso durante este año “por haber sido tratado y desechado de acuerdo al proyecto del Consejo”, frenado por el fallo judicial. “Carlos Kunkel y Diana Conti (impulsores del texto) deberán esperar al próximo año, donde los equilibrios parlamentarios serán otros”, celebró Bullrich.

Mientras, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari incluyó al nuevo proyecto dentro de la lista de acciones “de persecución política ” que, asegura, encabeza el Gobierno contra la Corte, “porque está claro que no quiere un Poder Judicial como lo concibe nuestra Constitución”. Además, advirtió que es un mecanismo al que recurre el kirchnerismo “para lograr torcer la voluntad y someter a quienes piensan diferente o juzgan con independencia”.

Del mismo modo, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) consideró: “Esto es parte de la recurrencia de agresiones por los fallos que no han sido a favor del poder kirchnerista. El gobierno insiste con presionar a los miembros de la Corte y usar la mayoría automática en el Congreso”.

Desde el Consejo de la Magistratura, el organismo sobre el que recaerán las facultades en discusión, dos miembros se mostraron en contra de la iniciativa. Primero, el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) avaló las advertencias que había realizado la Corte, respecto a que podría paralizarse el Poder Judicial en caso de que se le quiten esas atribuciones, al señalar que, por cómo funciona el Consejo, “es inviable y poco práctico” que se haga cargo de esas funciones. “De todos modos, no estamos ante un proyecto que persiga el mejor funcionamiento de la Justicia, sino de qué manera se puede doblegar a la Corte”, agregó.

A su vez, el consejero Alejandro Fargosi, representante de los abogados, replicó los fundamentos del proyecto del oficialismo. “La Constitución no deja dudas de que la Corte es la cabeza del Poder Judicial y por eso el Consejo, aunque tenga la capacidad de administración, no está por encima de la Corte”, argumentó. Y, a modo de ejemplo, agregó: “Lo mismo pasa con el Ejecutivo, donde a nadie se le ocurriría que las facultades de administración del Jefe de Gabinete lo colocan por encima del Presidente”.