El tema subterráneos no deja de ser conflictivo tanto para sus protagonistas como para la oposición. Los desacuerdos laborales y el traspaso del mismo por parte de la Nación a la Ciudad, son eje de fuertes cuestionamientos.

Desde la Coalición Cívica, quien preside el bloque en la Legislatura de la Ciudad, Fernando Sánchez expresó que "la Coalición Cívica nunca le dio súper poderes al kirchnerismo, y no lo va a hacer ahora con el macrismo".

Con referencia a los problemas gremiales, señaló que "es injustificable e inadmisible el paro que llevan adelante los trabajadores del subterráneo que sólo nos afecta a los usuarios. Llamamos a los gremios del subte a acatar la conciliación obligatoria para no dañar los derechos de los ciudadanos".

Cabe aclarar que el gremio de la UTA ya acató la conciliación obligatoria, mientras que los Metrodelegados afirmaron que seguirán con la medida de fuerza, (ver nota).

Sánchez agregó que "la Coalición Cívica presentará su propia propuesta alternativa, radicalmente diferente a la planteada por el Jefe de Gobierno, donde el usuario sea el principal beneficiario. Nuestro proyecto no contempla la idea de súper poderes y establece que las contrataciones deben ser como la ley manda para que sea eficiente, transparente y con costos acordes al servicio" y remarcó que "no vamos a permitir aumento de tarifas y menos sin audiencia pública. Proponemos la creación de un fondo de emergencia. Además ordenamos al ejecutivo la realización de una auditoria de costos para establecer por donde se fugó el dinero que los contribuyentes aportan".

Respecto del proyecto que el Ejecutivo envió a la Legislatura el diputado opinó: "no estamos de acuerdo con el mismo y no lo vamos a votar por eso proponemos nuestro propio proyecto. Daremos a la Ciudad los recursos para que se pueda viajar correctamente pero no vamos a admitir delegación de facultades ni aumentos tarifarios, menos aún que el gobierno de Mauricio Macri haga la "vista gorda" con la empresa Metrovías".

Por su parte Jorge Altamira, quien fue el autor de la ley de jornada de seis horas en el subte en el año 2002, cuando era legislador, envió un comunicado, en donde detalladamente increpa a los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad, titulando el mismo como "el operativo ‘traspaso del subte' se saca la careta".

Altamira, reflexiona en su misiva que "el Gobierno nacional ‘estatista', progresista', ‘populista' y ‘antiimperialista', ¿no sabía acaso que al transferir la gestión del subte a un Gobierno ‘derechista', ‘neoliberal' y ‘privatista', el resultado inevitable sería la aplicación de un ajuste social antipopular y la embestida contra un sindicato nacido desde abajo contra uno de los sectores más corruptos de la burocracia sindical?.

¿No sabía que con esa transferencia a un gobierno que el propio kirchnerismo califica de elitista y antiobrero, habilitaba el camino para revertir una conquista histórica de los que trabajan bajo la superficie, como la jornada de 6 horas, impuestas como consecuencia de un proyecto de ley presentado por el Partido Obrero, de una batalla legislativa empeñada por todos los activistas del subte y los partidos de izquierda?".

Y señaló que "lo sabía perfectamente. Lo que ha hecho el Gobierno nacional es ‘tercerizar el ajuste' a través del macrismo, su agente de derecha en la gestión porteña, con el cual comparte negocios inmobiliarios de gran porte, gestionados a través de bancos como el Hipotecario y el Macro, que forman parte del riñón de ambos gobiernos. ¿Para qué queremos un ‘gobierno nacional y popular'?, si éste fuerza a los trabajadores del subte a lidiar con un gobierno privatizador, en lugar de retener la gestión del servicio para mejor realizar las aspiraciones de obreros y usuarios. Estamos ante un operativo de porte mayúsculo, que consiste en desarrollar un proyecto de gobierno sobre la base de una derrota del gremialismo combativo."

Y agrega que "este proyecto de poder del macrismo cuenta con la complicidad, si no el apoyo directo, del Gobierno nacional y las burocracias sindicales. No es casual que el Gobierno de Cristina Kirchner insista en negar la personería sindical a los trabajadores del subte y defienda a rajatablas el monopolio de la corruptísima burocracia de UTA - una de las patas decisivas de la CGT oficialista de Caló".

Para insistir cuestionando el ex legislador: ¿por qué algunos oficialistas reprochan a Macri que haya firmado una ‘paritaria' con UTA y Metrovías si esto es lo mismo que hace el gobierno nacional? El cristinismo recalcitrante está dispuesto a ofrecerle una ‘victoria' al macrismo a cambio de asegurar su programa de ajuste, que combina el cepo cambiario con el salarial, por un lado, y los tarifazos e impuestazos, por el otro. Las provocaciones de Macri, Roggio y UTA contra los trabajadores del subte están ligadas al proyecto legislativo local para autorizar aumentos impositivos y tarifarios y para prohibir el derecho de huelga con el pretexto de que se trataría de un ‘servicio esencial'. Los bloques legislativos porteños, incluido el kirchnerismo, se han avenido al tratamiento de este proyecto, con el pretexto de reformarlo, que apunta a la quiebra de la capacidad de defensa de uno de los sectores fundamentales de la clase obrera en la Ciudad. El objetivo ulterior, que ya se ha hecho público, es derogar la jornada de seis horas para el personal de boletería y administrativo, en una primera etapa".

Denunciando el titular del Partido Obrero que "una parte crucial de este operativo es el anuncio de una probable estatización de la concesión, por parte del privatizador Macri, que denunciamos como una cortina de humo para convalidar todo el saqueo ya realizado por el pulpo Roggio, y proceder a una mayor tercerización del servicio y a una nueva privatización. Queda al desnudo el fraude que constituye la reivindicación del estatismo a ultranza y en abstracto".

Finaliza el comunicado de prensa exigiendo que "en oposición a este fraude, exigimos la gestión pública del servicio bajo control de los trabajadores, que deben ser investidos también de la tarea de investigar los negociados del grupo Roggio y la malversación que ha hecho de los subsidios del Estado. Una gestión privada financiada con dinero del estado, equivale a una estatización al servicio del capital y de los funcionarios corruptos.

1. Retiro inmediato del proyecto de ley de traspaso del subte a la Ciudad y rechazo incondicional de cualquier limitación al derecho de huelga. Carácter irrenunciable de la soberanía sindical en la defensa de los trabajadores, frente a las patronales y al Estado

2. Que el gobierno de Cristina Kirchner reconozca de inmediato al sindicato del subte y convoque a la paritaria sectorial. Intangibilidad de la jornada de seis horas.

3. Intervención al conjunto de actividades y negocios del grupo Roggio, para investigar los fraudes cometidos en la gestión del subterráneo.

4. Gestión estatal del subte bajo control de representantes electos y revocables de los trabajadores".