Las repercusiones por la decisión del presidente Mauricio Macri de nombrar a dos jueces para la Corte Suprema a través de un decreto, sin obtener el acuerdo del Senado, siguen despertando rechazos de diferentes ámbitos. En Mar del Plata, el expresidente del Concejo Deliberante y docente de la Facultad de Derecho, Ariel Ciano, y la organización Justicia Legítima

Ciano indicó que más allá de los antecedentes de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti “Macri los designó en comisión sin respetar el mecanismo mediante el cual en los últimos años se eligen los jueces de la Corte”.

“No llamó a sesiones extraordinarias, ni esperó a que el Congreso volviera a sesionar en 2016, ni envió los pliegos para la elección de los magistrados”, dijo.

En ese sentido, indicó que “el proceso para la elección de los ministros de la Corte que prevé que sean avalados por los dos tercios del Congreso, es un mecanismo que fomenta y garantiza la división de poderes, pilar del sistema republicano”.

“Lo que está ocurriendo con la designación de estos dos magistrados nunca pasó en nuestra  historia democrática y por eso es aún más preocupante sobre todo si tenemos en cuenta lo que fue la Corte adicta con la que contó cierto presidente que siempre estuvo de espaldas a la gente”, expresó.

En esa línea, Ciano le pidió a Macri que “dé marcha atrás con esta medida, convoque a sesiones extraordinarias, envíe los pliegos al Congreso y empiece la instancia de audiencias públicas e impugnaciones que debe darse para elegir a los jueces”. Dijo que así que eso le dará “legitimidad a una decisión de estas características”.

Por su parte, desde Justicia Legítima indicaron que el artículo mencionado por Macri para tomar esa decisión puede ser interpretado “en forma extensiva” y señalaron que la Constitución Nacional en otro inciso (el 4) del mismo artículo “dice lo contrario”.

“No se percibe como un modo razonable de proceder. La posibilidad de utilizar este mecanismo prácticamente no tiene antecedentes en la doctrina constitucional argentina para la designación de jueces de la Corte Suprema”, señalaron y destacaron que el caso mencionado de Mitre se dio “porque sencillamente no había Corte”.

“Hoy no solo hay Corte, sino que además hay leyes nacionales que establecen cómo deben ser designados sus jueces. Otras, leyes, acordadas y fallos permiten designar a los jueces de las Cámaras Federales en caso de vacancia o ausencia de los supremos jueces. Jueces sin el acuerdo constitucional son jueces que no tienen el acuerdo de los representantes del pueblo. Legitimar este mecanismo de designación lleva a pauperizar nuestra calidad institucional. La República vivió tiempos en que los decretos reemplazaron a las leyes que nacen de los acuerdos políticos, tiempos que creímos no volver a vivir”, añadieron.

En ese marco, mencionaron que con esta acción “se está generando una subrogancia suprema contraria a las normas legales y a los antecedentes de la misma Corte (Fallos Rozsa y Uriarte)”. Y aclararon: “El prestigio de las personas propuestas para los cargos, lo que está fuera de toda duda, no habilita la manipulación de la ley”.  

Finalmente, indicaron que apelar a “artilugios legales” para designar a dos ministros de la Corte “constituye una burla a la voluntad popular que implica el acuerdo senatorial”. “La Argentina no necesita –dicen-de este tipo de ingeniería jurídica si apuesta a la consolidación de las instituciones y al desarrollo humano de las personas”.