La senadora nacional del PJ pampeamo, Norma Durango, afirmó que la ola de despidos en el estado se produce “con total arbitrariedad y falta de respeto absoluta hacia los trabajadores” y mencionó que empleados con años de antigüedad y nombrados por concurso, embarazadas, madres de discapacitados, personal al que se les prohíbe el ingreso a su lugar de tareas sin más comunicación que la de seguridad del edificio, son desvinculados “en un contexto donde el único principio rector pareciera ser la arbitrariedad y el maltrato”.

La legisladora presentó un pedido de informes en el Congreso a partir de la ola depidos en el sector público y el privado desde la asunción del presidente Mauricio Macri y confesó que teme que “las medidas que se han tomado todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias”. “Como representantes de las provincias y como integrantes de uno de los poderes del Estado que tiene por deber velar por el bienestar de la población, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación ante las últimas decisiones del gobierno nacional en materia económica, en tanto entendemos que las mismas tienen directa influencia en los despidos y suspensiones que se vienen registrando en el trabajo privado”, indicó.

“Después de años de políticas que permitieron recuperar los niveles de ocupación, tememos que las medidas que se han asumido desde la asunción del nuevo gobierno todavía no hayan mostrado sus peores consecuencias, sobre todo en el contexto actual donde reina la incertidumbre en relación a la inflación y al aumento de los precios de la canasta básica, y cuando se ha anunciado una masiva suba de tarifas de los servicios públicos esenciales para el trabajador”, detalló.

En este sentido, alertó que los anuncios del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, “no son tranquilizadores” porque “las tarifas sociales previstas apenas si contemplan a 350 mil personas, no haciéndose cargo de la inmensa cantidad de trabajadores que deben tomar 2 o 3 medios de transporte diarios para llegar a su trabajo, o aún sin esa necesidad, el resto de los miles que afrontan su día a día con salarios retrasados y sin mejores perspectivas”.

“Está claro que el gobierno actual fue elegido democráticamente y que el pueblo estaba al tanto de algunas de las medidas que se tomarían, pero en esta implementación que estamos todos observando no parece preocuparle al Estado Nacional la situación de precariedad en que se encuentran miles de personas. Encuestas publicadas recientemente dicen que el número de pobres ha aumentado en 1 millón y hasta en 1 millón y medio en estos tres meses”, recordó.

“Es cierto que el gobierno nacional tiene la autoridad para tomar las medidas que considera apropiadas desde su visión económica y filosófica, pero no puede, ni aun escudándose en los tiempos que conlleva cualquier transición, golpear drásticamente sobre los más necesitados mientras no se toman medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de sus ya magros ingresos”, advirtió.

Por otro lado, Durango dijo que “estas preocupantes consecuencias no se limitan sólo a la pérdida de fuentes de empleo en el ámbito privado. Día a día vemos cómo trabajadores públicos engrosan el número de desempleados en una cantidad que, según trascendidos, ya se cuentan por miles. Y ello no es un dato menor, ya que se advierte que los despidos en el Estado nacional motorizan despidos en las provincias, en los municipios y en el sector privado”.

Recordó entonces que “a pocos días de su asunción, dictó el Decreto 254/2015 por el que ordenó la revisión de los procesos concursales y de selección de personal del ámbito público nacional. Dicha norma, a grandes trazos, diferenció los mecanismos de revisión que propició en dos grandes grupos. Por un lado, las designaciones que hubieran estado precedidas de procesos concursales y por el otro, las contrataciones de personal previstas en el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público. En el primer caso, instruyó a las diferentes autoridades de la Administración a efectuar un análisis de los procedimientos de selección y designación y, en caso de detectar irregularidades, activar los procedimientos tendientes a la declaración de nulidad de los mismos. Al segundo grupo, a su vez, lo subdividió en las contrataciones celebradas durante los últimos tres años y las que hubieran sido realizadas con anterioridad a 2013. Las primeras, como principio general, se renovarían por tres meses y las segundas, hasta el 31 de Diciembre de 2016. En ambos casos, además, las autoridades podrían determinar la rescisión o renovación de las contrataciones revisadas”, detalló.

“Hace apenas horas, el ministro de Modernización confirmó que en los últimos meses han sido despedidos 10.921 trabajadores estatales, en lo que consideró la primera etapa de la revisión dispuesta por el Decreto 254/15. El ministro avaló la medida en la no prestación de tareas de los trabajadores despedidos, a la vez que minimizó la cuantía de las cesantías, diciendo que representan el 5 % de los empleados estatales”, apuntó. “Asimismo, declaró que el 90 % de los despedidos hasta aquí habían sido contratados en los últimos tres años, que 7311 correspondieron a contratos que vencieron en diciembre del año pasado y 3610 a tercerizados, convenios con universidades y precarizados. Las carteras con más bajas fueron Interior, Desarrollo Social, Cultura, Salud y Energía”, completó.

Durango señaló que “del mismo modo, en La Pampa, de la que provengo y a la que represento, si bien no se han producido despidos en la Administración Pública Provincial, sí ha ocurrido en la Administración Pública Nacional, y entre los afectados se encuentran profesionales que trabajaban temas tan sensibles como graves, por ejemplo, la trata de personas. A su vez, las consecuencias de la política económica también se han dejado sentir en la actividad privada pampeana. Si bien no contamos con estadísticas fiables, la información suministrada por los gremios UOCRA y de Comercio, entre otros, es preocupante aun cuando las fuentes de trabajo perdidas no puedan ser cuantificables por tratarse de trabajo informal”, graficó.

Pedido de informes

En el pedido de informes, Durango pide conocer los resultados de los procesos de revisión de las designaciones efectuadas por concurso; lo casos en los quese hubieren detectado irregularidades, omisiones o vicios que implicaran nulidad de los procesos de selección y designaciones y sobre las medidas que se hubieren tomado como consecuencia de ello; los resultados de los procesos de revisión de las contrataciones de personal de los últimos 3 años; la renovación o rescisión de las contrataciones de personal que se hubieran efectuado; sobre la renovación o rescisión de las contrataciones de personal efectuada con anterioridad al año 2013; sobre los casos y los motivos en que se hubiera fundado toda desvinculación de personal dispuesta del 10 de diciembre pasado a la fecha, cualquiera fuera su causa, dispuesta por los Ministros, Secretarios de la Presidencia de la Nación, Autoridades Superiores de organismos descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado de la Administración Pública Nacional.

“En ese estado de situación, es necesario contar con urgencia con datos institucionales acerca del número de trabajadoras y trabajadores afectados por las medidas expulsivas del gobierno y las razones esgrimidas para hacerlo, puesto que este Congreso no podrá permanecer ajeno a la gravedad de los problemas que generará el desempleo de trabajadores que, según recientes declaraciones oficiales, ya se cuentan por miles”, dijo Durango.

Asimismo, advirtió que los despidos en el Estado nacional motorizan despidos en las provincias, en los municipios y en el sector privado.

Sin justificación

“Desde nuestra posición partidaria ideológica, no podemos menos que disentir con el criterio asumido por el gobierno para avalar estas medidas. En principio, se dice que la cantidad de trabajadores estatales es excesiva. Esto es relativo, no hay un número óptimo. Si el Estado crece en sus programas y servicios es esperable que crezca la cantidad de empleados, como ha ocurrido con la nacionalización de empresas y con la ampliación y presencia del Estado en ámbitos de los cuales se había retirado años atrás. Por otro lado se esgrime también que un Estado moderno y desarrollado debe tener menos empleo público. Esto no es así”, expresó.

“Otro argumento no es en razón de la cantidad sino de la calidad, se dice que la mayoría de los trabajadores estatales no tienen la preparación adecuada. Tampoco es cierto. Según directivos del CIPPEC el 44% de los empleados públicos cuenta con formación universitaria y si sumamos a los que terminaron la secundaria o poseen estudios universitarios incompletos la tasa se eleva a ocho de cada diez personas, y en otro estudios se destaca que trabajadores del sector público tienen un promedio de 14 años de estudio, mientras que en el sector privado formal tienen 12 y en el informal diez”, contrastó.

Por otra parte, remarcó que “más allá de la calidad del recurso humano, se ha argumentado fuertemente que una de las principales razones de las contrataciones a revisar es que fueron fruto de la llamada politización del empleo público, del supuesto enquistamiento de partidarios del anterior gobierno en la planta de empleados. Ante esto debemos decir que entre 2011-2015 el gobierno realizó unas 16.822 convocatorias a cobertura de vacantes del Sistema Nacional de Empleo Público, esto es un 70 por ciento más de concursos que en los anteriores 18 años, por lo que estos últimos años la administración pública nacional ha vivido un vigoroso proceso de profesionalización de su plantel”.

Finalmente, consideró que “el argumento más nefasto es que se está despidiendo a trabajadores porque no prestan efectivamente las tareas por las que reciben su salario. Además de que es prácticamente imposible que en el tiempo transcurrido se pudieran haber hecho las investigaciones necesarias para tamaña imputación, constituye una acusación que daña psicológica y moralmente al trabajador público, esmerilando además a todo el sistema burocrático estatal, deslegitimando y poniendo en sospecha todo el sistema público. Por otra parte, ningún argumento justifica la modalidad con que se han implementado muchos de estos despidos”.