En diciembre de 2017, Cambiemos aprovechó el momento del año para avanzar en la derogación de la tasa portuaria que planteaba un impuesto a las grandes cerealeras para poder construir obra pública en las zonas afectadas por el transporte portuario.

En aquel momento, por lo bajo dirigentes locales de Cambiemos aseguraban que la derogación iba a llegar de la mano de la construcción de la planta de efluentes en Quequén, cuestión que nunca ocurrió.

Ahora bien, la doble vara que desde la Gobernación que se tiene para con la Ciudad quedó expresada en los 20 millones que la mandataria provincial, María Eugenia Vidal, le giró al Consorcio Portuario Regional Mar del Plata para la realización de obras de mantenimiento e infraestructura.

Entre los fundamentas que plantea el decreto de Vidal, se plantea que esa suma será destinada para “llevar a cabo las obras de mantenimiento e infraestructura necesarias a los fines de cumplir con las normas de seguridad y las referidas a la habilitación del Puerto Mar del Plata, así como facilitar la circulación de vehículos y personas en el ejido portuario”.

La situación contrasta con la derogación de la tasa portuaria en Necochea que implicó que varios millones sean relegados para obra pública como estipulaba la ordenanza.

En su momento la iniciativa fue de Cambiemos y “debió” ser acompañada por el bloque del Frente Renovador.  La palabra “debió” tiene que ver con que desde el diálogo propugnado por la gobernadora María Eugenia Vidal no tuvo mucho asidero en este debate. “Se salió a apretar a concejales que responden al intendente para que aprueben la derogación. La pasaron mal durante la sesión”, confió un concejal local a este medio en su momento.

Desde mismo Cambiemos aseguraron a este medio que la derogación iría acompañada con obras como la construcción de la planta de efluentes cloacales.