La disputa por la reforma judicial todavía se juega en los despachos del Gobierno

La disputa por la reforma judicial todavía se juega en los despachos del Gobierno

Según la Casa Rosada, aún no está definida la letra fina del proyecto para cambiar la justicia federal.

La reforma judicial que impulsa el Presidente todavía no está lista. El viernes por la tarde, dos de los funcionarios nacionales que trabajaron en las propuestas para modificar el funcionamiento del sistema judicial admitían que en el Gabinete todavía existen diferencias y que Alberto Fernández, que siempre lo consideró un tema propio, no avisó cuál de los dos caminos posibles para diluir el poder de Comodoro Py tomará. Gustavo Beliz​ quiere reeditar su viejo plan de reorganización de los fueros para multiplicar los juzgados federales en la Capital Federal y Marcela Losardo prefiere acelerar los cambios que estipula el código procesal penal y darle el poder a los fiscales en el edificio del barrio de Retiro.

Por eso se espera que Fernández dibuje los rasgos federales del proyecto el domingo en el Congreso y que luego la ley siga su camino de preparación entre los despachos del Poder Ejecutivo.

En rigor, la declaración del viernes sirvió más como advertencia a los jueces que pueden usar el escándalo de la sesión en Diputados en que se votó la reforma del sistema previsional de privilegio para trabar en los tribunales los cambios en sus propias jubilaciones.

El jueves, con el revoleo del quórum, los jueces y fiscales -y también los diplomáticos- festejaron en silencio. Saben que ese episodio deja la cancha libre para que corran las denuncias en los tribunales de damnificados por la ley. Lo más extraño de todo es que serán los propios magistrados quienes terminarán decidiendo en sus escritorios sobre el futuro de sus haberes previsionales, como si la separación de las funciones de juez y parte fuera un tema que no tiene por qué preocuparles.

En el Congreso los bloques del oficialismo aún no tienen indicios del proyecto de reforma que anunció el Presidente en la radio. “Falta que resuelvan las diferencias entre Béliz y Losardo”, le dijo a Clarín un legislador del Frente de Todos, acostumbrado a recibir los proyectos del Ejecutivo a medio masticar.

En Juntos por el Cambio la situación también es confusa. En el macrismo admiten que Cambiemos ya había querido recortar las jubilaciones de jueces y fiscales y que modificar el paisaje de Comodoro Py es una tarea pendiente. Sin embargo, no quieren pagar un costo ante su propio electorado, donde abunda la preocupación porque el kirchnerismo condicione los fallos de los juzgados que condenaron a varias de sus figuras más encumbradas en causas por corrupción.

Lo cierto es que hoy es imposible saber hoy cómo impactará en la opinión pública el episodio en Diputados, pero es probable que ninguno de los dos bandos consiga sacar rédito por afuera de los apoyos que ya tiene. El Gobierno tendrá que seguir lidiando con el peso de Cristina Kirchner y sus frecuentes ataques a la Justicia, pero la oposición tendrá que analizar por qué habilitó una sesión que liquidó la ley de movilidad jubilatoria que perjudicó a 2.700.000 millones de jubilados y pensionados y se negó a retirar beneficios para un sector que tiene menos de 8.000 jubilados (ex jueces, fiscales y diplomáticos).

Además de los cambios en la Justicia Federal, ¿qué otros anuncios prepara el Presidente? A última hora decidió retirar de su discurso la Ley de Hidrocarburos, otra norma que genera tantas discusiones adentro como afuera de la Casa Rosada. Por lo pronto, en el Poder Ejecutivo hay tres ideas diferentes: la del ministro de Energía, Sergio Lanziani; la de Matías Kulfas, de Producción, y la del titular de YPF, Guillermo Nielsen. A eso hay que agregar el proyecto que tiene Sergio Massa en Diputados. Todos tienen ganadores y perdedores diferentes: allí hay empresas con intereses cruzados y provincias con expectativas contrapuestas. Por eso, el Presidente decidió que, en este caso, también anunciará una intención genérica de promover la industria.

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